La situación laboral insostenible que sufren las intérpretes de lengua de signos de los institutos de secundaria forma parte de la profundización de externalización de servicios públicos por parte de la Junta de Andalucía como medio para ocultar en la práctica su privatización.
Las intérpretes de lengua de signos de nuestros institutos denuncian que han sufrido un recorte en su salario de 403,55€ al mes en la nómina de cada trabajadora en los últimos dos años, llegando así a cobrar 3,88 € la hora (con un sueldo base de 698,49€) cuando la empresa que tiene adjudicado el servicio, SEPROTEC, recibe una la cantidad de 18,70€ (IVA incluido) por hora por intérprete, para pagar el sueldo de los trabajadores. Y luego nos dicen ¡que no hay dinero! No hay dinero porque en vez de gestionar de forma pública lo que es de todos, se gestiona para que un empresario sin escrúpulos se llene los bolsillos.
En vez de privatizar los servicios públicos, lo que supone que los trabajadores y trabajadoras estén contratados en condiciones deplorables, todo ese dinero debería ir a la contratación directa de más personal y la mejora de las condiciones del servicio para garantizar unos servicios públicos de calidad.