A tan sólo unos días de la famosa “remodelación de gobierno” del PP en la que previsiblemente José Ignacio Wert terminará sus días como ministro, Mariano Rajoy ha aprobado una nueva medida contra la Universidad Pública. Ya nos tienen acostumbrados a aprobar decretos enormemente lesivos para la educación pública a escondidas o a espaldas de la comunidad educativa.
Las históricas movilizaciones contra la LOMCE, contra los recortes en la educación pública y por la dimisión del Ministro han hecho tomar nota a Wert y compañía. Saben que no pueden aprobar nuevas leyes para destruir la educación pública sin levantar una oleada de contestación social. Por eso el nuevo método utilizado son los decretos ley, que no necesitan pasar por el debate parlamentario ni votaciones de ningún tipo. Así gobierna el PP. Así fue como en plenos exámenes universitarios de febrero aprobaron el 3+2: un decreto cuyo objeto es elitizar la Universidad a través de una barrera económica insalvable para la mayoría. Con la imposición de máster de dos años a precios prohibitivos pretenden expulsar de los estudios superiores a los que somos hijos de trabajadores. Para nosotros, los jóvenes de familias humildes, nos dejan un título de grado completamente devaluado que será papel mojado en el mercado laboral. A pesar del sigilo con el que aprobaron este decreto en el Consejo de Ministros, no les sirvió de nada. Una vez más, los estudiantes volvimos a la lucha paralizando facultades e institutos en todo el Estado con huelgas que volvieron a llenar las calles en defensa de la universidad pública.
La cruzada de Wert contra la escuela pública continúa: dos nuevos decretos para privatizar por completo la Universidad
Ahora el PP, después del batacazo electoral en las elecciones municipales y las comunidades autónomas y muy conscientes de que les queda un suspiro al frente del ejecutivo, ha vuelto a actuar. Aprovechando que nos encontramos esta vez en plenos exámenes finales, han aprobado otros dos decretos que pretenden completar su cruzada contra la educación pública y en favor de los que quieren hacer un negocio de nuestros derechos.
El primero de ellos es el decreto que modifica los requisitos para la acreditación de centros y titulaciones, que se traduce en la rebaja de los requisitos exigidos para crear universidades privadas. Está claro que hay un jugoso negocio en este decreto y que algunos se frotan las manos ya con esta nueva medida. Llama la atención que mientras nos hablan de “mejorar la educación”, de la “excelencia” y de la necesidad de mejorar la calidad de las Universidades españolas, lo que hacen es recortar brutalmente sus presupuestos (1.500 millones de euros menos desde la llegada del PP al gobierno), cerrar facultades, despedir a profesores y expulsar a alumnos de la universidad por no tener dinero. Según ellos sobran universidades, sobran licenciados y sobra de todo menos recursos públicos para invertir en educación pública, pero parece ser que a ojos de la derecha lo que no sobran son universidades privadas.
A nivel estatal no se ha abierto ni una nueva institución pública desde hace 18 años -la última, la sevillana Pablo de Olavide, se inauguró en 1997-. En cambio, en el mismo período se han abierto veinte centros privados. Pero está claro que el negocio privado sí que ve grandes posibilidades para el futuro y más aún si se destruye la Universidad Pública y se ponen tasas que la mayoría no podemos pagar.
Al PP sólo le preocupa facilitar el negocio a los empresarios de la educación
Por eso este nuevo decreto pretende liberalizar por completo la universidad, facilitando a los empresarios de la educación la creación de universidades privadas de baja calidad: los nuevos criterios imponen menos exigencias de espacio e instalaciones; algunos requisitos -como el número de laboratorios de práctica, las plazas de biblioteca o las instalaciones deportivas- dejan de ser obligatorios y pasan a ser recomendaciones; la norma también flexibiliza las titulaciones que debe ofrecer una universidad (mientras que hasta ahora, todas debían impartir al menos una carrera de cada una de las tres principales ramas de conocimiento -humanidades, científicas y técnicas-,) con este decreto ya no será necesario. Otro cambio fundamental es que, a partir de ahora, las universidades no tendrán que validar cada nuevo título que oferten ante el organismo certificador -la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación - Aneca-. Una vez obtenido el visto bueno para la mitad de su oferta educativa, el resto se aprobarán automáticamente durante los siguientes cinco años. Por otro lado, el decreto prevé que, en lugar de la ratio actual de un profesor investigador por cada 25 estudiantes en cómputo global, las universidades a distancia puedan disponer de ratios de un profesor por cada 50 o por cada 100 alumnos, algo que facilitará las cosas a las universidades on line – que son fundamentalmente privadas y que han crecido de forma notable en los últimos años - .
Cambios en los requisitos para poder ser profesor universitario: criterios subjetivos para poder contratar “a dedo”.
El segundo decreto aprobado por el PP regula qué méritos deben de reunir los profesores universitarios (el personal docente e investigador o PDI). En la balanza de méritos que deberá, a partir de ahora, acreditar un profesional para poder impartir clases en la enseñanza superior, perderá importancia el número de sus méritos y concederá más puntos la calidad de estos. Por otro lado se tendrá en cuenta su experiencia profesional en la empresa privada frente a los méritos académicos. Esto supone, abrir la puerta a criterios completamente subjetivos, que facilitarán la entrada “a dedo” en vez de en base a méritos objetivos que garantizar unos criterios justos para todos y en igualdad de condiciones.
Para detener la destrucción de la educación pública y derogar todas sus medidas ¡Hay que continuar la lucha para echar al PP del gobierno!
Está claro que el PP quiere llegar lo más lejos posible en sus planes por destruir la pública y favorecer el negocio de la educación privada antes de que les desalojemos del poder. Han tomado buena nota de las elecciones del 24 de mayo y saben que les queda muy poco al frente del gobierno. Si hemos logrado desalojarles de ayuntamientos como el de Barcelona, Madrid o Valencia ha sido gracias a la movilización constante. Tal y como gritan los trabajadores de Coca Cola en lucha y como se demuestra cada día ¡La lucha es el único camino! Por eso tenemos que continuar la movilización hasta que les desalojemos por completo del poder. ¡Sí se puede!