Desde el Sindicato de Estudiantes y El Militante queremos mostrar toda nuestra solidaridad con el compañero Alfon y exigir la inmediata retirada de todos los cargos que pesan contra él. El “delito” de Alfon y de todos los jóvenes y trabajadores que están siendo sometidos a una brutal criminalización, incluida la persecución judicial y policial, es sólo uno: luchar por los derechos de la mayoría y en contra de la política capitalista y de recortes sociales del PP.

A las doce y media de la mañana del día hoy, 10 de septiembre, tras la interpelación que Izquierda Unida ha hecho en el Congreso de los Diputados exigiendo la convocatoria de un referéndum para decidir el modelo de Estado entre Monarquía o República, una delegación de representantes de organizaciones sociales y de la izquierda nos hemos concentrado frente al Parlamento junto a Cayo Lara y Alberto Garzón entre otros dirigentes de IU.

Tras la intervención de la representante de la Junta Estatal Republicana y de Fran Pérez –Secretario de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Izquierda Unida- que resaltaron que Felipe VI ha sido proclamado rey sin haber recibido el voto de ninguna persona, tomó la palabra Tohil Delgado en nombre del Sindicato de Estudiantes.

Una vez más la estrategia privatizadora del Partido Popular, y sus ataques velados a la escuela pública, vulneran el derecho a poder matricularse en un centro público a niños de 3 años, esta vez en la madrileña ciudad de Fuenlabrada.

Respecto a la fecha concreta, desde CCOO sólo se ha especificado que tendrá que realizarse durante el otoño. El Sindicato de Estudiantes ya había fijado antes de que terminara el pasado curso tres jornadas de huelga para los días 21, 22 y 23 de octubre. “Nosotros llevamos casi un año pidiendo otra nueva huelga general de la comunidad educativa. La que hubo el 24 de octubre del año pasado fue un punto álgido y pensamos que ese era el camino a seguir. Hemos estado insistiendo en ese camino porque se veía que la gente estaba dispuesta a luchar”, comenta a este periódico Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

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Desde el Sindicato queremos saludar el anuncio realizado ayer por el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de comenzar el curso con una huelga general desde infantil hasta la Universidad. Tal y como hemos venido haciendo en estos dos últimos años de lucha sin cuartel contra el Ministro Wert y sus recortes, entendemos que es la única forma de acabar con sus contrarreformas franquistas, con el despido de profesores, con el cierre de centros públicos y de todos los ataques que este gobierno tiene preparados para sus últimos meses de legislatura.

¡Fuera la policía de los centros de estudio!

Ayer, 3 de septiembre, en el Col-legi Públic Ciutat de Cremona, de Alaquàs (València), se produjo un hecho gravísimo. La Generalitat de Alberto Fabra, y el delegado del Gobierno de Rajoy, echaron mano del único argumento todavía a su disposición para intentar parar la movilización en su contra: la policía nacional.

Tras una asamblea masiva en la que participaron centenares de docentes el pasado 29 de agosto, los profesores de Mallorca, aprobaron por unanimidad la convocatoria de huelga el próximo 15 de septiembre, que esperan se haga extensible también al conjunto de las Islas (Menoría, Ibiza y Formentera), contra los recortes educativos del PP, la aplicación del decreto del trilingüismo en Baleares, la persecución del catalán y la criminalización y represión a la que se ven sometidos los profesores por defender una educación pública de calidad. Desde el Sindicato de Estudiantes queremos mostrar todo nuestro apoyo a esta nueva huelga que es un claro ejemplo de que la comunidad educativa sigue en pie de guerra en este comienzo de curso contra la infame política educativa del PP en Mallorca y en el resto del Estado.

El pasado sábado 30 de agosto, miles de jóvenes y trabajadores recorrimos las calles del barrio de Tetuán exigiendo la expulsión del grupo de fascistas que se ha apropiado de un viejo local de oficinas en el distrito. Bajo el nombre del fascista Ramiro Ledesma, pretenden ser un Hogar Social sólo para españoles, insertando un discurso de odio y racismo en un barrio trabajador con un porcentaje muy alto de personas migrantes viviendo en él. La manifestación transcurriócon perfecta normalidad, a pesar de las continuas provocaciones que sufrimos por parte de los fascistas que se parapetaban en el interior del edificio.

¡Basta ya de impunidad!

En la mañana del domingo 17 una trabajadora de la feria denunció  que había sido agredida sexualmente de manera salvaje, por cinco individuos que según la prensa tuvieron incluso la desfachatez de grabarlo en video y quedar después tranquilamente para desayunar. La joven de tan solo 20 años fue encontrada llorando por la policía local sobre las 8 de la mañana del domingo y trasladada al hospital donde, según informaron los medios, tuvo que recibir atención médica por desgarros.

Cuando toda la sociedad estaba conmocionada ante esta terrible noticia, asistimos  a las escandalosas declaraciones del alcalde de Málaga, del Partido Popular, tratando de quitarle hierro a lo sucedido al explicar que “hay más de mil violaciones al año en España”. Estas declaraciones reflejan perfectamente la concepción que tiene el Partido Popular sobre la violencia contra las mujeres, que tras 36 mujeres asesinadas en 2014 por la violencia machista se permite hablar con esa ligereza de un hecho tan grave. Con declaraciones como estas, que dejan ver cómo para la derecha la violencia contra las mujeres  es algo “normal” en la vida cotidiana, una anécdota sin importancia, se crea el clima que alimenta  precisamente que se sigan produciendo agresiones de este tipo.

Este curso 2014-15 los estudiantes de la Universidad de Oviedo sufrimos un nuevo ataque. Este año entra en vigor el nuevo reglamento de permanencia, aprobado en 2011, que endurece aun más las condiciones para poder permanecer estudiando en la Universidad. Sobre todo para quienes tienen que compaginar los estudios con un trabajo o con una situación familiar complicada. Es decir, un reglamento que afecta sobre todo a los estudiantes hijos de trabajadores.