El pasado viernes 27 de Febrero 11 activistas sociales fueron detenidos por intentar frenar el desahucio y derribo ilegal de la vivienda que acogía a tres familias en la madrileña calle de Ofelia Nieto 29. Entre los detenidos, aparte de a un reconocido fotógrafo, también se encontraba un destacado compañero del Sindicato de Estudiantes. Los 11 detenidos fueron retenidos durante horas en los calabozos de Moratalaz por el único “delito” de defender el derecho a la vivienda para todo el mundo.
A penas una semana después, el 9 de marzo, hemos asistido a una continuación de esta campaña de acoso y persecución contra los que defienden el derecho a una vivienda digna. En esta ocasión, en plena noche, la delegación de gobierno dió inicio a una campaña de detenciones sin precedentes en la que 19 jóvenes fueron sacados de sus casas a punta de pistola para ser trasladados a los calabozos, acusados de “atentado contra altas instituciones del Estado”.
La realidad de los hechos es bien distinta a la pomposa acusación que reciben. Estos jóvenes lo único que hicieron fue asistir a un pleno de la Junta del Distrito de Moratalaz (Madrid) y desplegar una pancarta en la que se podía leer “Ni casas sin gente, ni gente sin casas. Stop desahucios”, a la vez que repetían este lema y otros como “No toleramos ni un desahucio más”. Tras poco menos de tres minutos en la sala del pleno, los mismos jóvenes deciden irse a la calle para, frente al edificio, leer un comunicado explicando la dramática situación que los desahucios provocan en nuestros barrios.
Ante estos hechos la reacción de la Delegación de Gobierno ha sido la descrita: sembrar el terror en 19 familias, e intentar lanzar un mensaje del miedo contra todos aquellos que luchamos día a día en defensa de los servicios públicos y por los derechos fundamentales de toda la sociedad. Es vergonzoso que mientras diariamente se conocen casos de corrupción de millones de euros, estafas llevadas a cabo por grandes banqueros, miembros del gobierno implicados en la financiación ilegal del PP, así como el desmantelamiento de servicios públicos esenciales para la mayoría de la sociedad, esta misma Delegación de Gobierno mire para otro lado, mientras que, ante la protesta social legítima, actúa como si nos encontrásemos en plena dictadura. El Sindicato de Estudiantes exige la libertad inmediata y la retirada de los cargos a los 19 detenidos.
A continuación reproducimos el comunicado de la PAH, y lo hacemos nuestro.