El Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, ha decidido retirarse del proceso por el que la fiscalía pedía 8 años y nueve meses de cárcel a dos estudiantes, Ismael Benito y Daniel Ayyash, a los que se acusa de habe participado en actos vandálicos durante la jornada de huelga general del 2012 en Barcelona. En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona, entonces presidido por Xavier Trias, solicitaba para cada uno de estos estudiantes, cuatro años de cárcel, mientras que la Generalitat, a su vez, les pedía 3 años y medio.

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¡Encarcelado por luchar!

En la mañana de hoy, miércoles 17 de Junio, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que condena al joven vallecano – Alfon - a cumplir cuatro años de prisión. Desde el Sindicato de Estudiantes queremos manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad con Alfon, con su familia y sus compañeros. Alfon lleva más de dos años siendo víctima de un escandaloso caso de persecución política y un montaje policial digno de los peores años de la dictadura franquista.

El próximo 16 de Junio se resolverá el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia que decidirá si Alfon, el joven vallecano detenido en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 cuando se dirigía a un piquete informativo en su barrio, entra o no en prisión.

A tan sólo unos días de la famosa “remodelación de gobierno” del PP en la que previsiblemente José Ignacio Wert terminará sus días como ministro, Mariano Rajoy ha aprobado una nueva medida contra la Universidad Pública. Ya nos tienen acostumbrados a aprobar decretos enormemente lesivos para la educación pública a escondidas o a espaldas de la comunidad educativa. 

Ana Botella da su última muestra de autoritarismo desalojando el Patio Maravillas

Hoy, 11 de junio, la Policía Nacional ha desalojado definitivamente el Patio Maravillas en Madrid. Esta expulsión se produce después de que en el mes de febrero el Patio Maravillas recibiera la orden de desalojo por parte del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, tras la denuncia de Nivel 29, la nueva empresa inmobiliaria propietaria del edificio.

El martes 2 de junio se celebró en Valencia una concentración de los trabajadores técnicos de Movistar, en la que participaron trabajadores de la ciudad, Barcelona, Alicante y Madrid, así como miembros de organizaciones y colectivos que se solidarizaron, entre ellos el Sindicat d’Estudiants y Ganemos CCOO. La lucha continúa.

¡¡Los capitalistas no tienen límite!!
Quieren esclavizar a la juventud

Este lunes el Círculo de Empresarios ha propuesto al Gobierno que se pueda pagar menos del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) a los jóvenes “sin formación”. No les basta haber hundido las condiciones de vida de millones de familias. No les basta con haber saqueado millones y millones de euros de la sanidad y la educación para entregárselo a fondo perdido a los banqueros. No les es suficiente con la batería infinita de medidas que su gobierno ha aprobado para atacar la educación pública, establecer el despido libre, privatizar los servicios sociales….quieren mucho más.

La situación laboral insostenible que sufren las intérpretes de lengua de signos de los institutos de secundaria forma parte de la profundización de externalización de servicios públicos por parte de la Junta de Andalucía como medio para ocultar en la práctica su privatización.

Las intérpretes de lengua de signos de nuestros institutos denuncian que han sufrido un recorte en su salario de 403,55€ al mes en la nómina de cada trabajadora en los últimos dos años, llegando así a cobrar 3,88 € la hora (con un sueldo base de 698,49€) cuando la empresa que tiene adjudicado el servicio, SEPROTEC, recibe una la cantidad de 18,70€ (IVA incluido) por hora por intérprete, para pagar el sueldo de los trabajadores. Y luego nos dicen ¡que no hay dinero! No hay dinero porque en vez de gestionar de forma pública lo que es de todos, se gestiona para que un empresario sin escrúpulos se llene los bolsillos.

En vez de privatizar los servicios públicos, lo que supone que los trabajadores y trabajadoras estén contratados en condiciones deplorables, todo ese dinero debería ir a la contratación directa de más personal y la mejora de las condiciones del servicio para garantizar unos servicios públicos de calidad.