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En els últims tres anys, el ministre Wert i la consellera Rigau han impulsat una sèrie de mesures contra l'educació pública sense precedents. Des de la LOMCE, que pretén introduir en el sistema educatiu públic l'esperit més retrògrad del franquisme, fins a la pujada escandalosa de les taxes a la universitat, les retallades brutals en les beques o la pretensió d'ampliar l'obligatorietat dels màsters a dos anys per obtenir la llicenciatura, cosa que impedirà a la pràctica que les famílies amb menys recursos econòmics puguin accedir a la universitat. La política del PP i CiU busca destruir l'educació pública i transformar aquest dret en un negoci lucratiu per a una minoria de grans empresaris. És la mateixa estratègia que la dreta porta a terme amb la sanitat pública, l'ajuda a la dependència o el conjunt dels drets socials que estan sent atacats i privatitzats.

Per això, davant la convocatòria de vaga educativa dels dies 21, 22 i 23 d'octubre de 2014, organitzada pel Sindicat d'Estudiants en defensa ensenyament públic i contra les contrareformes franquistes i elitistes, Guanyem l’Educació manifesta el seu suport a la vaga i fa una crida a tots els joves i ciutadans a participar a les mobilitzacions que es desenvolupin en aquestes jornades.

Guanyem la nostra educació, guanyem el nostre futur!
Ara toca guanyar!

El contagio de ébola de una trabajadora del Hospital Carlos III ha puesto, una vez más, de manifiesto el enorme precio que tienen los recortes que el Gobierno del PP ha llevado a cabo en los últimos años. Como siempre, el PP gobierna sólo en beneficio de sus intereses, los de una minoría de privilegiados. Mientras salvan bancos con dinero público, recortan nuestra educación, nuestra sanidad y los servicios sociales más básicos. Ahora se ven las consecuencias: se pone en juego la vida de los trabajadores de los hospitales, de las limpiadoras, de la población en general, que somos los que pagamos la factura de sus crímenes.

A este respecto, reproducimos un artículo sobre el tema publicado en el periódico El Militante.

En los últimos dos años hemos podido ver como las políticas educativas del Partido Popular no han hecho otra cosa que degradar la calidad de la escuela pública con recortes y más recorte. Por si esto fuera poco el carácter retrógado de las medida impulsadas por la derecha tienen como horizonte devolvernos al sistema educativo que existía bajo la dictadura franquista: recuperación de las reválidas, financiación de las escuelas que segreguen por razón de sexo, o el convertir en evaluable nuevamente la asignatura de religión son buena prueba de este retroceso.

VÍDEO EN EL INTERIOR

Con motivo de la Semana Vallekana organizada por TeleK y el Ateneo Republicano de Vallecas, se celebró ayer en Vallecas un acto público con Ada Colau, antigua portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y actual portavoz de Guanyem Barcelona. La visita de Ada Colau en Vallecas no pasó desapercibida. Fueron cientos de personas las que sobrepasaron con creces el aforo del Ateneo hasta el punto que hubo mucha gente que tuvo que escuchar desde la calle, con una pantalla y un altavoz para poder seguir la entrevista. Tal y como ella resaltó al principio del acto, es sintomático del momento político que vivimos: no es ningún partido de fútbol lo que provoca gente agolpada en la calle mirando una pantalla, sino las ganas de participar en política y la voluntad de la gente por luchar y por cambiar las cosas.

21, 22 i 23 d'octubre, la lluita continua!

Impulsem la rebel•lió social pel dret a decidir i per acabar amb les retallades socials de PP i CiU!

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Des del Sindicat d’Estudiants manifestem el nostre rebuig frontal a la decisió del govern del PP d’impugnar la consulta del 9 de novembre i impulsarem totes les mobilitzacions socials que es convoquin per combatre la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d’impedir la consulta, com les concentracions davant dels ajuntaments del 30 de setembre i la vaga estudiantil dels dies 7 i 8 d’octubre llençada per la plataforma Estudiants9N.

¡Impulsar la rebelión social por el derecho a decidir y para acabar con los recortes sociales del PP y CiU!

Desde el Sindicat d’Estudiants manifestamos nuestro rechazo frontal a la decisión del gobierno del PP de impugnar la consulta del 9 de noviembre e impulsaremos todas las movilizaciones sociales que se convoquen para combatir la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impedir la consulta, como las concentraciones delante de los ayuntamientos el 30 de septiembre y la huelga estudiantil de los días 7 y 8 de octubre lanzada por la plataforma Estudiants9N.

La actitud del PP es un atropello hacia un derecho democrático elemental; un atropello por parte de los mismos que están impulsando una ley de seguridad ciudadana contra las manifestaciones y las organizaciones que las promueven (con multas salvajes y penas de cárcel), que pretenden cambiar la ley electoral para impedir que la mayoría social que rechaza los recortes eche al PP de los ayuntamientos en las elecciones municipales de mayo, y que continúan con su política devastadora de privatización y recortes en la sanidad y la enseñanza pública. Esa es la legalidad del PP, una legalidad hecha a su medida y destinada a garantizar los privilegios de los grandes poderes económicos, la banca, los especuladores y los corruptos. El Tribunal Constitucional (TC) es un organismo situado al margen de cualquier control democrático y completamente ligado a los sectores más reaccionarios del apartado del Estado.

En los últimos años se han producido en Catalunya masivas y reiteradas manifestaciones a favor del derecho a decidir. La pasada Diada volvió a ser multitudinaria e histórica, reflejando no sólo el rechazo masivo a la actitud antidemocrática y franquista del gobierno del PP respecto a los derechos democráticos del pueblo catalán sino el anhelo de la gran mayoría de la población de propiciar un cambio social y político profundo que ponga fin a la pesadilla de los recortes, del desempleo masivo y el desmantelamiento de las conquistas sociales de las últimas décadas; que ponga fin a la corrupción generalizada en la administración y la total impunidad de los banqueros y grandes empresarios responsables de la crisis y del sufrimiento de la mayoría, y que acabe con todo lo que representa el PP y la derecha, se esconda tras la bandera que se esconda.

Debemos hablar claro. La defensa de los derechos democráticos y el cambio social jamás vendrá de la mano de Convergència i Unió ya que esta formación representa, precisamente, los intereses de la oligarquía financiera y empresarial de Catalunya, de los corruptos. Tal como ha dicho Ada Colau, Artur Mas no nos representa. Su gobierno ha sido pionero en la aplicación de salvajes recortes del gasto social, en la privatización y el desmantelamiento de la sanidad y la educación pública; ha llevado la represión policial al movimiento social, estudiantil y sindical a cotas desconocidas desde la caída de la dictadura; la corrupción en CiU es general y afecta a sus fundadores y a muchos de sus altos representantes.

Desde el principio, Artur Mas supeditó la convocatoria de la consulta a dos factores: a la aprobación o el consentimiento por parte del gobierno del PP y al apoyo de ERC a su política de recortes sociales. Asi es como CiU trafica con los “principios fundamentales”. Por todo esto, es evidente que jamás CiU defenderá de forma consecuente y práctica ningún derecho democrático, ni desafiará seriamente el poder estatal. Buscarán cualquier excusa para no desafiar ni debilitar el poder estatal y político capitalista, del que son parte integrante.

Catalunya vive un momento histórico. Para facilitar que toda esa voluntad de cambio social y político expresado en la calle se fortalezca y pueda hacer frente a las decisiones antidemocráticas del PP y de los sectores más reaccionarios del aparato del Estado es necesario vincular el derecho a decidir a la lucha contra los recortes, contra las privatizaciones, contra los continuos retrocesos en los derechos sociales y democráticos. La fusión del derecho a decidir con un programa de transformación social que acabe con dictadura encubierta de los banqueros y de los grandes empresarios, que son los que realmente gobiernan sin haber sido elegidos por nadie, es el camino para que las grandes movilizaciones de los últimos años se convierta en una rebelión social.

Contra la destrucción de la enseñanza pública: 21, 22 y 23 de octubre huelga general de estudiantes en todo el Estado

Esto se tiene que concretar en intensificar al máximo la movilización contra todos y cada uno de los ataques que contra la educación pública se lance desde el gobierno del PP o de CiU. En este sentido, el Sindicato de Estudiantes llama a la huelga general los días 21, 22 y 23 de octubre a todos los estudiantes de Catalunya y de todo el Estado, para que luchemos hombro a hombro contra la brutal ofensiva que la derecha quiere lanzar este curso contra la educación pública (reforma universitaria, supresión de becas, implantación de nuevas tasas, más recortes, aplicación de la LOMCE, decret de plantilles, etc…). La dimisión del Ministro Gallardón y la retirada del infame anteproyecto de ley del aborto, es un éxito de la movilización social; igual que la retirada del TIL en Baleares. La situación de Wert y su reforma, en la picota desde hace años, es semejante. Continuar la movilización, endurecerla y extenderla es fundamental para conseguir un triunfo vital para la comunidad educativa que defiende la enseñanza pública.

La segunda medida es la formación de un Frente de Izquierdas de lucha, que una a todas las fuerzas políticas y colectivos sociales catalanes que verdaderamente están dispuestas a movilizarse por el derecho a decidir y hacer frente a los recortes, que tenga como objetivo impulsar la rebelión en la calle y sacar a la derecha (tanto al PP como a CiU) de todas las instituciones y ponder en marcha un programa anticapitalista a favor de la mayoría de la población.

Manifiesto del Sindicat d’Estudiants

Desde el Sindicat d’Estudiants manifestamos nuestro rechazo frontal a la decisión del gobierno del PP de impugnar la consulta del 9 de noviembre e impulsaremos todas las movilizaciones sociales que se convoquen para combatir la previsible decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impedir la consulta.

La actitud del PP es un atropello hacia un derecho democrático elemental; un atropello por parte de los mismos que están impulsado una ley de seguridad ciudadana contra las manifestaciones y las organizaciones que las promueven (con multas salvajes y penas de cárcel), que pretenden cambiar la ley electoral para impedir que la mayoría social que rechaza los recortes eche al PP de los ayuntamientos en las elecciones municipales de mayo, y que continúan con su política devastadora de privatización y recortes en la sanidad y la enseñanza pública. Esa es la legalidad del PP, una legalidad hecha a su medida y destinada a garantizar los privilegios de los grandes poderes económicos, la banca, los especuladores y los corruptos. El Tribunal Constitucional (TC), que va a decidir contra las aspiraciones mayoritarias del pueblo de Catalunya, es un organismo situado al margen de cualquier control democrático y completamente ligado a los sectores más reaccionarios del apartado del Estado.

La histérica reacción del PP frente a la consulta y sus continuas provocaciones, que van desde la amenaza de suspensión de la autonomía catalana —como ha vuelto a recordar el ministro Margallo recientemente— a la intervención del ejército y la instauración del estado de excepción, prueban que sus tradiciones franquistas siguen intactas, a pesar de las cuatro décadas transcurridas desde la caída de la dictadura, una dictadura por cierto, que jamás condenaron. El gobierno del PP no sólo es una amenaza para los derechos democráticos del pueblo catalán sino también para la juventud y para la clase trabajadora de todo el Estado.

En los últimos años se han producido en Catalunya masivas y reiteradas manifestaciones a favor del derecho a decidir. La pasada Diada volvió a ser multitudinaria e histórica, reflejando no sólo el rechazo masivo a la actitud antidemocrática y franquista del gobierno del PP respecto a los derechos democráticos del pueblo catalán sino el anhelo de la gran mayoría de la población de propiciar un cambio social y político profundo que ponga fin a la pesadilla de los recortes, del desempleo masivo y el desmantelamiento de las conquistas sociales de las últimas décadas; que ponga fin a la corrupción generalizada en la administración y la total impunidad de los banqueros y grandes empresarios responsables de la crisis y del sufrimiento de la mayoría, y que acabe con todo lo que representa el PP y la derecha, se esconda tras la bandera que se esconda.

Debemos hablar claro. La defensa de los derechos democráticos y el cambio social jamás vendrá de la mano de Convergència i Unió ya que esta formación representa, precisamente, los intereses de la oligarquía financiera y empresarial de Catalunya, de los corruptos, que está llevando a la sociedad a una catástrofe. El gobierno de Artur Mas ha sido pionero en la aplicación de salvajes recortes del gasto social, en la privatización y el desmantelamiento de la sanidad y la educación pública; ha llevado la represión policial al movimiento social, estudiantil y sindical a cotas desconocidas desde la caída de la dictadura; la corrupción en CiU es general y afecta a sus fundadores y a muchos de sus altos representantes.

Desde el principio, Artur Mas supeditó la convocatoria de la consulta a dos factores: a la aprobación o el consentimiento por parte del gobierno del PP y al apoyo de ERC a su política de recortes sociales. Asi es como CiU trafica con los “principios fundamentales”. Por todo esto, es evidente que jamás CiU defenderá de forma consecuente y práctica ningún derecho democrático, ni desafiará seriamente el poder estatal. Mientras trata, de cara al público, aparentar ser un consecuente defensor de la democracia, en la práctica, y entre bambalinas, está buscando la excusa para volver por la senda del acuerdo con el PP y el PSOE, con quienes siempre se ha entendido muy bien durante 40 años, sosteniendo la monarquía y al sistema capitalista. La naturaleza de CiU no ha cambiado. Buscarán cualquier excusa para no desafiar ni debilitar el poder estatal y político capitalista, del que son parte integrante.

Desde el Sindicat d’Estudiants no vamos a contribuir, ni directa ni indirectamente, ni activa ni pasivamente, al encubrimiento de las maniobras de CiU, a darle un carácter democrático y progresista que no tiene en absoluto.

Catalunya vive un momento histórico. Para facilitar que toda esa voluntad de cambio social y político expresado en la calle se fortalezca y pueda hacer frente a las decisiones antidemocráticas del PP y de los sectores más reaccionarios del aparato del Estado es necesario vincular el derecho a decidir a la lucha contra los recortes, contra las privatizaciones, contra los continuos retrocesos en los derechos sociales y democráticos. La fusión del derecho a decidir con un programa de transformación social que acabe con dictadura encubierta de los banqueros y de los grandes empresarios, que son los que realmente gobiernan sin haber sido elegidos por nadie, es el camino para que las grandes movilizaciones de los últimos años se convierta en una rebelión social. Este vínculo entre la defensa de los derechos democrático nacionales del pueblo catalán y la lucha por la transformación social se tiene que concretar una la formación de un Frente de Izquierdas que una a todas las fuerzas políticas y colectivos sociales catalanes que verdaderamente están dispuestas a movilizarse por el derecho a decidir, contra los recortes vengan de donde vengan, planteando como objetivo inmediato sacar a CiU de la Generalitat y poner un marcha una política a favor de la mayoría de la población.

Desde el Sindicato de Estudiantes y El Militante queremos mostrar toda nuestra solidaridad con el compañero Alfon y exigir la inmediata retirada de todos los cargos que pesan contra él. El “delito” de Alfon y de todos los jóvenes y trabajadores que están siendo sometidos a una brutal criminalización, incluida la persecución judicial y policial, es sólo uno: luchar por los derechos de la mayoría y en contra de la política capitalista y de recortes sociales del PP.

El pasado sábado 30 de agosto, miles de jóvenes y trabajadores recorrimos las calles del barrio de Tetuán exigiendo la expulsión del grupo de fascistas que se ha apropiado de un viejo local de oficinas en el distrito. Bajo el nombre del fascista Ramiro Ledesma, pretenden ser un Hogar Social sólo para españoles, insertando un discurso de odio y racismo en un barrio trabajador con un porcentaje muy alto de personas migrantes viviendo en él. La manifestación transcurriócon perfecta normalidad, a pesar de las continuas provocaciones que sufrimos por parte de los fascistas que se parapetaban en el interior del edificio.

¡Basta ya de impunidad!

En la tarde del pasado viernes 1 de agosto un grupo de diez fascistas se ha presentado en el local del Sindicato de Estudiantes en Málaga, pegando carteles amenazantes en su fachada y profiriendo insultos y amenazas una vez detectaron la presencia de miembros del Sindicato de Estudiantes en las proximidades del local. Este nuevo ataque sucede a poco menos de un mes de que 25 fascistas acudieran a la misma sede e intentasen entrar al interior, rompiendo los carteles luminosos del exterior de la sede y llenando la puerta de pegatinas de grupos fascistas.