¡Impulsar la rebelión social por el derecho a decidir y para acabar con los recortes sociales del PP y CiU!
Desde el Sindicat d’Estudiants manifestamos nuestro rechazo frontal a la decisión del gobierno del PP de impugnar la consulta del 9 de noviembre e impulsaremos todas las movilizaciones sociales que se convoquen para combatir la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impedir la consulta, como las concentraciones delante de los ayuntamientos el 30 de septiembre y la huelga estudiantil de los días 7 y 8 de octubre lanzada por la plataforma Estudiants9N.
La actitud del PP es un atropello hacia un derecho democrático elemental; un atropello por parte de los mismos que están impulsando una ley de seguridad ciudadana contra las manifestaciones y las organizaciones que las promueven (con multas salvajes y penas de cárcel), que pretenden cambiar la ley electoral para impedir que la mayoría social que rechaza los recortes eche al PP de los ayuntamientos en las elecciones municipales de mayo, y que continúan con su política devastadora de privatización y recortes en la sanidad y la enseñanza pública. Esa es la legalidad del PP, una legalidad hecha a su medida y destinada a garantizar los privilegios de los grandes poderes económicos, la banca, los especuladores y los corruptos. El Tribunal Constitucional (TC) es un organismo situado al margen de cualquier control democrático y completamente ligado a los sectores más reaccionarios del apartado del Estado.
En los últimos años se han producido en Catalunya masivas y reiteradas manifestaciones a favor del derecho a decidir. La pasada Diada volvió a ser multitudinaria e histórica, reflejando no sólo el rechazo masivo a la actitud antidemocrática y franquista del gobierno del PP respecto a los derechos democráticos del pueblo catalán sino el anhelo de la gran mayoría de la población de propiciar un cambio social y político profundo que ponga fin a la pesadilla de los recortes, del desempleo masivo y el desmantelamiento de las conquistas sociales de las últimas décadas; que ponga fin a la corrupción generalizada en la administración y la total impunidad de los banqueros y grandes empresarios responsables de la crisis y del sufrimiento de la mayoría, y que acabe con todo lo que representa el PP y la derecha, se esconda tras la bandera que se esconda.
Debemos hablar claro. La defensa de los derechos democráticos y el cambio social jamás vendrá de la mano de Convergència i Unió ya que esta formación representa, precisamente, los intereses de la oligarquía financiera y empresarial de Catalunya, de los corruptos. Tal como ha dicho Ada Colau, Artur Mas no nos representa. Su gobierno ha sido pionero en la aplicación de salvajes recortes del gasto social, en la privatización y el desmantelamiento de la sanidad y la educación pública; ha llevado la represión policial al movimiento social, estudiantil y sindical a cotas desconocidas desde la caída de la dictadura; la corrupción en CiU es general y afecta a sus fundadores y a muchos de sus altos representantes.
Desde el principio, Artur Mas supeditó la convocatoria de la consulta a dos factores: a la aprobación o el consentimiento por parte del gobierno del PP y al apoyo de ERC a su política de recortes sociales. Asi es como CiU trafica con los “principios fundamentales”. Por todo esto, es evidente que jamás CiU defenderá de forma consecuente y práctica ningún derecho democrático, ni desafiará seriamente el poder estatal. Buscarán cualquier excusa para no desafiar ni debilitar el poder estatal y político capitalista, del que son parte integrante.
Catalunya vive un momento histórico. Para facilitar que toda esa voluntad de cambio social y político expresado en la calle se fortalezca y pueda hacer frente a las decisiones antidemocráticas del PP y de los sectores más reaccionarios del aparato del Estado es necesario vincular el derecho a decidir a la lucha contra los recortes, contra las privatizaciones, contra los continuos retrocesos en los derechos sociales y democráticos. La fusión del derecho a decidir con un programa de transformación social que acabe con dictadura encubierta de los banqueros y de los grandes empresarios, que son los que realmente gobiernan sin haber sido elegidos por nadie, es el camino para que las grandes movilizaciones de los últimos años se convierta en una rebelión social.
Contra la destrucción de la enseñanza pública: 21, 22 y 23 de octubre huelga general de estudiantes en todo el Estado
Esto se tiene que concretar en intensificar al máximo la movilización contra todos y cada uno de los ataques que contra la educación pública se lance desde el gobierno del PP o de CiU. En este sentido, el Sindicato de Estudiantes llama a la huelga general los días 21, 22 y 23 de octubre a todos los estudiantes de Catalunya y de todo el Estado, para que luchemos hombro a hombro contra la brutal ofensiva que la derecha quiere lanzar este curso contra la educación pública (reforma universitaria, supresión de becas, implantación de nuevas tasas, más recortes, aplicación de la LOMCE, decret de plantilles, etc…). La dimisión del Ministro Gallardón y la retirada del infame anteproyecto de ley del aborto, es un éxito de la movilización social; igual que la retirada del TIL en Baleares. La situación de Wert y su reforma, en la picota desde hace años, es semejante. Continuar la movilización, endurecerla y extenderla es fundamental para conseguir un triunfo vital para la comunidad educativa que defiende la enseñanza pública.
La segunda medida es la formación de un Frente de Izquierdas de lucha, que una a todas las fuerzas políticas y colectivos sociales catalanes que verdaderamente están dispuestas a movilizarse por el derecho a decidir y hacer frente a los recortes, que tenga como objetivo impulsar la rebelión en la calle y sacar a la derecha (tanto al PP como a CiU) de todas las instituciones y ponder en marcha un programa anticapitalista a favor de la mayoría de la población.