¡Necesitamos un plan de rescate para la universidad pública!

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha anunciado su intención de incrementar la inversión en el sistema de becas en un 22% hasta alcanzar los 1.900 millones de euros para así elevar el número de estudiantes beneficiarios para el próximo curso 2020-2021.

La presión que millones de estudiantes, profesores y familias llevamos ejerciendo desde hace años contra los recortes y en defensa de la enseñanza pública, ha sido determinante para que de este paso adelante positivo. Desde el Sindicato de Estudiantes así lo manifestamos públicamente, y también decimos que ante la situación de emergencia social que vive nuestro sistema educativo público, siguen siendo todavía insuficientes si queremos acabar con la exclusión de la universidad de los estudiantes hijos de familias trabajadoras.

El Gobierno del PSOE-UP tiene una tarea muy clara y urgente: revertir todas las medidas clasistas y los recortes de los gobiernos del PP que nos han llevado a una situación catastrófica. Tiene que poner todos los medios para terminar con un modelo de universidad pública que cada vez se parece más a la privada.

Acabar con la universidad para la élite y convertirla en un derecho para todas y todos

Desde que en 2012 en Partido Popular llegó a la Moncloa, millones de estudiantes de familias trabajadoras hemos sufrido sus políticas de recortes y privatización. Rajoy incrementó en un 66% las tasas universitarias –convirtiéndolas en una traba imposible de superar para la mayoría–, aplicaron el 3+2, despidieron a más de 30.000 profesores en todos los tramos educativos, recortaron en más de 9.500 millones de euros el presupuesto para la universidad pública, en más de 398 millones el destinado para becas y aprobaron un decreto que aumentaba la nota al 6,5 para poder obtener ayudas económicas.

Rajoy, Wert, Méndez de Vigo y sus amigos empresarios de la educación privada-concertada han sido los responsables directos de la expulsión de decenas de miles de jóvenes de los estudios superiores por motivos económicos. Estas políticas, para mayor beneficio de la patronal educativa, han elitizado la universidad pública: en 2020 sólo un 10’6% de estudiantes universitarios provienen de la clase trabajadora.

Necesitamos medidas que vayan al fondo del problema

Con el nuevo decreto del sistema de becas anunciado por el Gobierno de coalición, se eliminarán o modificarán algunas pautas y requisitos para obtener ayudas económicas, pero se no deroga en su totalidad la reforma de becas de Wert.

A pesar de que se recoge que los requisitos académicos para acceder a las becas se aliviarán y que se primará el nivel socioeconómico de cada estudiante, la parte variable de las ayudas –es decir, la parte que sobra una vez repartida la parte fija de éstas, que va desde los 60 hasta los casi 3.000 euros al año– seguirá dependiendo de nuestras notas –tal y como puso en marcha Wert– y no de nuestras rentas. Esta modificación del PP castigaba a los estudiantes más humildes y este Gobierno debería derogarlo en su totalidad.

El Ministerio de Universidades también ha anunciado la bajada al 5 de la nota para acceder a las ayudas –una medida muy positiva que desde el Sindicato de Estudiantes hemos exigido durante años – y la modificación de los criterios de renta para que más estudiantes puedan entrar en el umbral 1 –el que se refiere a los estudiantes más vulnerables económicamente– cuya beca cubre los gastos de la matrícula, más la parte fija (según renta) –que se incrementa 100€ (de 1.600 a 1.700) – y la variable (según notas y número de demandantes).

Esta medida, aunque es un primer paso, es insuficiente para combatir la exclusión social que existe en la universidad. En primer lugar, la gran mayoría de familias de 4 miembros, con ingresos mensuales de 1.550 euros – es decir, aquellos que se encuentran en el umbral 1– no pueden por lo general llevar a sus hijos a la universidad. Sólo basta pensar en todos los gastos de un estudiante que tenga que irse a otra ciudad, pagar alquiler, facturas, transporte, comida. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir con los 1.700 euros de la parte fija más los 1.600 de la beca de movilidad, que es lo que obtendría con esta reforma? Sobra la respuesta.

Al mismo tiempo, las familias de cuatro miembros que ingresan 3.000 euros al mes seguirán optando sólo a 300 euros de la parte fija de beca (porque los umbrales 2 y 3 no se modifican).

Teniendo en cuenta que sólo se puede contar a ciencia cierta con la parte fija de la beca, ya que la parte variable depende de muchos factores ajenos a los estudiantes, como el número de demandantes y la nota que obtengan todos ellos, es fácil ver que la presión económica para que los más humildes no pisen la facultad sigue siendo brutal.

En segundo lugar, el Ministerio de Universidades, a la hora de establecer los nuevos criterios, no tiene en cuenta el brutal golpe económico que está suponiendo la crisis del Coronavirus en nuestras familias.

Nuestras condiciones de vida -que ya eran muy precarias- se han hundido drásticamente en pocas semanas. Nuestros padres y madres han sido abocados a la cola del paro, son víctimas de ERTEs o han visto cómo sus sueldos se reducían a la mitad. Un incremento de 100 euros, con los que vamos a tener que seguir pagando los materiales académicos, el transporte, los pisos de estudiantes y residencias… no supone una mejora sustancial ni garantiza que no seamos expulsados de la universidad por esta crisis, que ya se calcula que serán decenas de miles de estudiantes quienes se vean expulsados de los estudios superiores el próximo curso. Además, el aumento del presupuesto en 386 millones no llega si quiera a recuperar los 398 millones recortados por el PP en los últimos años –cuando hoy la situación es mucho peor que entonces para las familias trabajadoras–.

Por un plan de rescate a la educación pública ¡Universidad pública y gratuita!

Todas las políticas que vayan en la dirección de garantizar que los hijos e hijas de la clase trabajadora podamos acceder a la universidad, serán celebradas por la comunidad educativa. Pero la única forma de romper con el modelo educativo de la derecha y sus consecuencias dramáticas pasa por adoptar medidas mucho más contundentes.

El Ministerio de Universidades ha dado un paso adelante, pero si no se pone en marcha de forma urgente un plan de rescate a la educación pública, la universidad seguirá siendo un coto privado para la elite.

En primer lugar, necesitamos que este final de curso no sea el final de la educación universitaria para miles de nosotros. Por eso deben garantizar que se ponga en marcha el apto general para que ningún estudiante se quede atrás, que se devuelvan las matrículas universitarias del segundo semestre y el pago de las residencias y pisos desde el mes de marzo. Pero también queremos que se garanticen las medidas para que el próximo curso y los venideros tengamos asegurado nuestro derecho a una educación y un futuro dignos.

La única forma de acabar con la brecha de clase que existe en el sistema educativo, es garantizar que la educación pública -desde infantil a la universidad- sea 100% gratuita, con becas dignas, que se eliminen las penalizaciones de segundas, terceras y cuartas matrículas, que se elimine de una vez por todas la EBAU y las notas de corte, que se garanticen plazas para todos en los estudios superiores y que se deje de regalar dinero público a la educación privada y concertada.

Desde el Sindicato de Estudiantes seguiremos luchando sin tregua para que este Gobierno cumpla con todas las demandas de la comunidad educativa.