Para las estadísticas de la derecha los insultos, patadas, empujones o puñetazos no contarán como maltrato
La información publicada por el diario el mundo, este lunes 22 de julio en relación a la nueva estadística sobre mujeres maltratadas (contabilizando unicamente las muertes y las mujeres que precisen hospitalización de al menos 24 horas) ha hecho saltar de nuevo la indignación contra el gobierno de la derecha.
Sin embargo, las estadísticas y encuestas para determinar el porcentaje de mujeres víctimas de violencia machista son numerosas. Entre las más recientes se encuentra una realizada sobre la base de entrevistas presenciales a 8.000 mujeres, que concluye que actualmente serían más de 600.000 las mujeres que sufren malos tratos derivados de la violencia de género.
Pero con esta nueva “medida” sólo se contabilizarán para las estadísticas aquellas que requieran una hospitalización mínima de 24 horas. De esta manera, el PP no solamente hace desaparecer de un plumazo a la inmensa mayoría de las víctimas, sino que al mismo tiempo trivializa el maltrato hacia la mujer, relegando los insultos, humillaciones, amenazas, golpes, empujones, bofetones, patadas, puñetazos o cualquier otro castigo físico que no requiera hospitalización al ámbito de lo doméstico, a un asunto “privado” entre la pareja, o expareja.
Intentar reducir de nuevo la violencia contra las mujeres a un asunto familiar es un enorme paso atrás, precisamente cuando uno de los aspectos centrales en esta situación es conseguir que la mujer maltratada, debido a la enorme presión de la que está siendo víctima, identifique este maltrato, pues muchas tienden a justificarlo, incluso a sentirse responsables del mismo.
No nos extrañan estas medidas de una ministra profundamente reaccionaria que ya en su momento insistió en referirse a la violencia de género como violencia doméstica[1], y que hace reiterados esfuerzos por negar el machismo imperante en la sociedad, ni de un ministerio que recortó más de un 20% el presupuesto para la prevención de la violencia de género nada más llegar al gobierno o que ha cerrado decenas de pisos de acogida para mujeres maltratadas en estos años. A todo esto hay que sumar que el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local suprime las competencias municipales de igualdad: es decir la labor de los ayuntamientos a la hora de ayudar a las víctimas de violencia de género.
Más allá de la palabrería del gobierno sobre su compromiso para erradicar “esta lacra social” están los hechos concretos que demuestran que, en este tema como en muchos otros, el retroceso social es dramático. Para luchar contra la violencia machista se precisan medios humanos y técnicos, se precisa aumentar los presupuestos y no recortarlos, se precisan abrir nuevos pisos de acogida, fomentar la instrucción académica necesaria, facilitar la reinserción laboral y la independencia económica de las mujeres maltratadas… en definitiva, lo contrario de lo que hace este gobierno. Pero sobre todo, para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres y poner fin definitivamente a esta situación no podemos desligar esta lucha de la lucha general de todos los trabajadores, hombres y mujeres, para cambiar este sistema económico que nos esclaviza, nos enfrenta y nos degrada continuamente.
Por último, desconocemos si Ana Mato, miembro supernumerario del Opus Dei, conoce o comparte los principios del movimiento Disciplina Doméstica Cristiana -secta religiosa estadounidense que alienta y enseña a pegarle a las esposas a través de un documento de 54 páginas donde se establecen diferentes principios y prácticas básicas para poder golpear- En cualquier caso estos maltratadores sin duda celebrarían con satisfacción el nuevo baremo del ministerio para cuantificar la violencia de género.
[1] La violencia doméstica es la que sufre una persona en el entorno de su hogar, la vilencia de género es la que sufre la mujer por su condición femenina.