Al calor del debate que se ha originado como consecuencia de los procesos judiciales abiertos contra el juez Baltasar Garzón, es necesario entrar en detalle sobre qué es y a qué intereses responde el Poder Judicial. Estos procesos son, en sí mismos, una demostración palpable de la estrecha vinculación existente entre la derecha y la ultraderecha y el aparato judicial.
Una de las querellas presentadas contra el magistrado está vinculada directamente con la trama de corrupción del caso Gürtel, actuando como acusadores los propios imputados por corrupción. Sobra decir el interés que tiene el PP en que prospere este proceso y en tratar, a través de determinadas argucias de procedimiento, de anular el mismo. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado recientemente las escuchas que vinculan a los abogados de los corruptos con la trama Gürtel, habiendo planteado Esperanza Aguirre que el derecho de defensa sólo puede vulnerarse (autorizándose escuchas entre abogados y clientes) en casos de terrorismo. Mientras se garantiza con celo su derecho de defensa a imputados por corrupción, no se reconoce dicho derecho a cualquiera que sea acusado de terrorismo, término cada vez más amplio y flexible, como demuestra el proceso seguido contra el diario Egunkaria, criticado incluso por una ONG como Reporteros Sin Fronteras por no haberse podido probar en 7 años ninguna conexión entre el diario y ETA, manteniéndose a día de hoy cerrado.
Otro proceso al que se enfrenta Garzón está relacionado con la "memoria
histórica", por haberse declarado competente para investigar las
desapariciones ocurridas durante el régimen franquista. En este caso las
querellas han sido presentadas por organizaciones ultraderechistas como
Manos Limpias y Falange Española, habiendo sido admitidas a trámite por
el Tribunal Supremo.
El Poder Judicial, coto de la derecha y el franquismo
"En cualquier caso, los católicos, obedeciendo al Papa, nunca nos
equivocamos". Esta declaración, que podría atribuirse al cardenal
arzobispo de Madrid, Rouco Varela, es una de las joyas escritas por el
actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del
Tribunal Supremo (TS), Carlos Dívar, en las revista Hermandad del Valle
de los Caídos, con la que colabora asiduamente. Éste es sólo un ejemplo
de hasta qué punto el Poder Judicial está bajo el control de la derecha
más reaccionaria, y cómo se ha mantenido una continuidad en este
estamento desde la época del franquismo.
Otro ejemplo ilustrativo de esta realidad lo encontramos en José Luis Requero, antiguo miembro del CGPJ, ex portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, asociación mayoritaria de jueces con 1.200 miembros de los 4.500 en activo) y miembro del Opus Dei, que declaraba en el año 2006 en una entrevista que "entre el PP y la APM existe una conjunción de intereses" y que "el PP llama a la puerta de la APM para que le demos ideas". Este magistrado se ha opuesto a la ley de Matrimonios Homosexuales porque podría abrir la puerta a "la unión de un hombre y un animal" y militando activamente en contra del aborto. También ha atacado a las nacionalidades históricas demostrando el predominio del españolismo franquista más rancio en el seno de la "justicia independiente", llegando a declarar que "los vascos se caracterizan por partir troncos y piedras", recordando dichas declaraciones a las que en el año 2003 pronunció el entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), Jiménez de Parga, sobre vascos y catalanes que hace mil años "ni siquiera sabían lo que era asearse los fines de semana" mientras que en Andalucía disfrutaban de "varias docenas de surtidores de agua de sabores distintos y olores diversos".
Son numerosos los ejemplos de la relación entre la derecha, el
franquismo y el poder judicial, pero entre los más escandalosos
podríamos citar los siguientes:
Adolfo Prego, fue vocal del CGPJ y magistrado del TS, y es miembro del
Patronato de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española
(DENAES), vinculada con organizaciones ultraderechistas como Manos
Limpias. Ha defendido el golpe de Estado de Franco en diversas
ocasiones, además de colaborar con la revista Hermandad del Valle de los
Caídos.
Roberto García Calvo fue miembro del Tribunal Constitucional y
Gobernador Civil de Almería en el año 1976, cuando se produjo el
asesinato por la policía del activista Javier Verdejo por realizar una
pintada. Ordenó la represión contra la huelga de pescadores de ese mismo
año cercando una de las asambleas que celebraban los trabajadores, que
acabó con numerosos heridos así como con la detención de los principales
dirigentes sindicales de la lucha.
Antonio Hernández-Gil fue presidente del CGPJ y del TS desde 1985 a
1990, y anteriormente el último presidente de las Cortes franquistas y
del Consejo del Reino.
Fernando de la Rosa, actual vicepresidente del CGPJ, y hasta el año 2008 Consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana y amigo personal de Camps. Ha manifestado la necesidad de suspender inmediatamente a Garzón, algo comprensible si tenemos en cuenta que una de las querellas afecta al caso Gürtel.
Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, ha iniciado un proceso
acusando a Venezuela de colaborar con el terrorismo internacional, y
concretamente con ETA y las FARC. Fue director general de Justicia de la
Generalitat Valenciana durante el mandato de Zaplana, y paradójicamente
recibió a una de las mayores delegaciones de las FARC que ha recibido
gobierno alguno, encontrándose entre los mismos Raúl Reyes.
La socialdemocracia y la supuesta independencia de la Justicia
Teóricamente, un gobierno que se dice de izquierdas, como el del PSOE,
en vez de combatir esta estrecha y abierta relación entre la reacción y
el aparato judicial, la ha apuntalado, y lo ha hecho en aras de
fortalecer la "independencia" y "neutralidad" de la Justicia. Una de las
decisiones más criticadas por parte de los sectores progresistas de la
judicatura fue la renovación del CGPJ llevada a cabo por el PSOE con el
acuerdo del PP. Que se nombrara a Dívar, ultraconservador, como
presidente del Poder Judicial ya resultaba escandaloso, pero que se
nombrara como vicepresidente al consejero de Justicia de la Generalitat
Valenciana, Fernando de la Rosa, era, directamente, ceder la cúpula del
poder judicial al PP.
Frente a estas críticas, el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo, destacó que Dívar había sido un ejemplo de "neutralidad permanente" y que su elección sería un "factor compensatorio" frente a la percepción generalizada de que el CGPJ está politizado. Desde el gobierno se manifestó que Dívar "no está vinculado a los principios ideológicos del Gobierno [aunque sí a los del PP] y puede favorecer los consensos necesarios en el organismo". La resultante final del "equilibrio" y "equidistancia" del PSOE es que hoy el aparato judicial se ha reforzado como un instrumento de la estrategia política de la derecha, con el agravante de que este proceso ha sido avalado desde una posición supuestamente progresista. A cada cesión por parte del gobierno para "calmar" a la derecha ésta lo ha tomado como un signo de debilidad y está siendo profusamente utilizado en su contra.
Más allá de un error táctico en cómo hacer frente a la derecha el
problema de los dirigentes del PSOE es que, al asumir el capitalismo en
el terreno económico y político, han renunciado a dar la batalla por
depurar el aparato estatal heredado del franquismo y se han hecho
partícipes de la política de la burguesía de cercenar los derechos
democráticos. Un ejemplo clarificador al respecto es el de la juez
Margarita Robles, Secretaria de Estado de Interior en el último gobierno
de Felipe González y actualmente vocal del CGPJ por Jueces para la
Democracia. Durante su estancia en el ministerio del Interior, habiendo
salido a la luz los escándalos de la guerra sucia de los GAL, se
ascendió a Galindo, uno de los principales implicados, a general de la
Guardia Civil. Galindo siguió participando en actos oficiales a pesar de
estar ya imputado por actos de terrorismo de Estado.
El caso de Garzón
Desde determinados sectores de la izquierda se presenta la figura de
Garzón como el ejemplo de un juez progresista, que defiende los derechos
humanos y capaz de enfrentarse a dictadores y poderosos. La realidad,
sin embargo, no es exactamente así. Garzón ha sido uno de los jueces que
con más tesón ha perseguido y criminalizado a la izquierda aberzale,
aplicando hasta sus últimas consecuencias la Ley de Partidos,
prohibiendo manifestaciones y deteniendo a periodistas y activistas al
considerar que toda la izquierda aberzale es igual a ETA, siguiendo los
mejores razonamientos de la AVT y del PP.
Por otro lado sus iniciativas judiciales contra Pinochet han terminado
quedando en nada, muriendo finalmente el dictador en su casa sin haber
respondido por uno solo de sus crímenes. En cuanto a la memoria
histórica, la iniciación de procesos contra los responsables de
torturas, asesinatos y desapariciones durante el franquismo, afectaría,
como ya se ha podido deducir, a una parte considerable de los miembros
del Poder Judicial, así como a otras figuras de la política y del
empresariado español, como Fraga o Martín Villa (responsables de la
matanza y represión en Vitoria el 3 de marzo de 1976). Ahora Garzón es
acusado de prevaricación por investigar crímenes contra la humanidad
cometidos por el franquismo, y esto es posible ya que, entre otras
cosas, la Ley de Amnistía de 1979 impide investigar dichos crímenes.
El hecho de que estos procesos hayan acabado en vía muerta demuestra los
límites de la iniciativa individual de un juez dentro de un engranaje
judicial (y legal) como el que hemos descrito. Además, no podemos
olvidar que Garzón, al abordar temas tan sentidos por la izquierda,
pretende utilizar esta autoridad moral para justificar medidas
complemente reaccionarias en el terreno de los derechos democráticos
hoy, como es el caso mencionado de la Ley de Partidos, una espada de
Damocles que pende sobre cualquier organización de la izquierda que
cuestione el sistema capitalista.
El aparato judicial no puede ser independiente ya que es uno de los principales engranajes para defender a la clase dominante y nunca actuará de manera que pueda dinamitar al propio Estado burgués y al propio sistema capitalista. Pensar esto es como pensar que un buen día los capitalistas, que tienen el poder económico, cedan dicho poder voluntariamente a la clase trabajadora. Eso no quiere decir que no apreciemos la enorme importancia política que tienen los enfrentamientos que se producen en su seno. De hecho, los enfrentamientos de los últimos años en todos los ámbitos del aparato estatal reflejan la polarización política y las tensiones que se producen en la misma sociedad. Tampoco significa que no defendamos con toda rotundidad reivindicaciones transicionales como la depuración de elementos fascistas en el aparato estatal o la más amplia libertad de organización sindical y política en su seno, allanando así el camino para la destrucción del Estado burgués. No hacerlo, aras de la "neutralidad" y la "independencia" del Estado sólo significa, en la práctica, dejar el monopolio de la organización a la derecha y que este se siga perfeccionando para ser usado contra los trabajadores.