Basta ya de hacer negocio a costa de los más desfavorecidos

 

este es el principal motivo por el que los menores sufren las condiciones descritas por el Defensor del Pueblo. La mayoría de estos centros son propiedad de las múltiples empresas disfrazadas de ONG que se lucran a costa de la necesidad ajena, gracias a la privatización de los servicios sociales. Dicha privatización no sólo conlleva la generalización de la precariedad laboral entre los trabajadores del sector, sino que también ha facilitado (junto a la pasividad cómplice de las distintas Administraciones) la falta de control sobre cómo se prestan los servicios subcontratados. Como consecuencia, la calidad de los servicios sociales cada vez es peor, al priorizarse los beneficios económicos sobre las necesidades de las personas, en este caso niños y adolescentes. Una de las principales empresas responsables de la vulneración sistemática de los derechos de los menores es la Fundación O’Belen.

 

Por regla general, cuando queremos conocer los objetivos reales de cualquier institución, lo mejor que podemos hacer, sin duda, es ver qué personas la forman. De esta manera, podemos atisbar qué intereses pueden tener, a quién defienden y si su trayectoria personal es coherente con lo que dicen representar.
Pues bien, veamos qué es la Fundación O´Belen, según ellos mismos.

"El 22 de junio de 1999 nos convertimos en fundación en la Notaría de Doña María Teresa Iglesias, en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Nuestros fundadores son D. Manuel Ureña, D. Manuel Pizarro, D. Javier Herrero, D. Jose Morales, D. Emilio Pinto y D. Angel Rodriguez".

Ante los nobles y desinteresados objetivos que dice perseguir esta Fundación, es de suponer que sus fundadores sean personalidades ligadas tanto a las labores humanitarias como al mundo de las ciencias humanas (psicología, pedagogía, educación social, etc.). De lo contrario, ¿por qué se dedicarían a la educación de menores "problemáticos"? La realidad es bien distinta, Manuel Ureña es Teólogo y Arzobispo de Zaragoza, Manuel Pizarro fue el número dos en las listas del Partido Popular en las pasadas elecciones generales y fue presidente de Endesa, Javier Herrero es Consejero delegado de Iberdrola y Jose Carlos Moratilla fue presidente de la Diputación de Guadalajara por el PSOE (inició su carrera política en el CDS)

En resumen, en lugar de eminentes psicólogos, pedagogos y educadores, así como destacadas figuras comunitarias, nos encontramos con un curioso elenco de políticos e importantes empresarios, todos ellos bendecidos por un Arzobispo. Estas son algunas de las personalidades más relevantes que pululan por O´Belen.

Uno de los principales negocios de la Fundación O´Belen es la gestión de centros terapéuticos. Dichos centros no son sino cárceles para niños (incluso menores de 10 años) que no han sido condenados por ningún delito pero que son privados de libertad para tratarles supuestos trastornos del comportamiento. El funcionamiento de estos centros, muy similar al de los reformatorios, se basa en la aplicación de una dura normativa carcelaria. A través de técnicas conductistas seudocientíficas buscan el sometimiento total del menor, tratando de anularle como persona. Para ello se sirven de celdas de aislamiento, camisas de fuerza químicas (psicofármacos), tratos vejatorios (como la obligación de permanecer totalmente desnudo ante el personal del centro) e incluso agresiones físicas (generalmente camufladas como contenciones). En algunos de estos centros los menores llegan a ser engrilletados y atados a la cama. Todas estas aberraciones y el sufrimiento añadido que conllevan para el menor, lejos de facilitar su integración social suponen un gran obstáculo para la misma. Todo lo que aquí se denuncia aparece reflejado en el reciente informe del Defensor del Pueblo, llamado Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social.

Debido a lo anteriormente expuesto (la precariedad en el empleo y la falta de personal y en ocasiones de la cualificación necesaria, así como las inhumanas condiciones de vida que se les impone a los que tienen la desgracia de acabar allí dentro),  en el año 2007 apareció muerto en “extrañas circunstancias” un niño de 12 años en el centro Vaix Vinalopó que O´Belen gestiona en Elche. A su vez, en diciembre de 2008 un niño de origen marroquí de 13 años se quitó la vida en el centro El Picón que la misma fundación gestiona en Paracuellos del Jarama. Poco después otro joven de 17 años trató de suicidarse y tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario en estado grave. Varios internos más han tenido que ser hospitalizados tras las “intervenciones educativas” de dicho centro. A pesar de tan trágicos hechos, varias denuncias ante los juzgados (entre la que se encuentra la hecha por el Sindicato de Estudiantes), las quejas interpuestas por los propios menores ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) y lo expuesto por el Defensor del Pueblo, nadie actúa ni se buscan responsabilidades. De hecho, el IMMF sigue internando niños y niñas en este centro. Un ejemplo más de lo que realmente significan los menores y sus familias para el gobierno de la Comunidad de Madrid es que se han negado a repatriar el cadáver del niño marroquí alegando que “no hay dinero para ello”.  Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos la inmediata expropiación sin indemnización de los centros concertados, la creación de una red pública única de centros terapéuticos y el juicio y castigo a los responsables de esta situación.