Por unos servicios sociales públicos y de calidad
Por fin ha salido a la luz pública la realidad de muchos centros de protección de menores. Cómo es posible que las delegaciones de Bienestar Social, técnicos de menores, etc. no tuvieran conocimiento de la situación vivida por estos niños. Obviamente lo tenían y las Comunidades Autónomas son responsables de ello. El Defensor del Pueblo ha emitido un informe en el que hace constar de manera muy contundente la precariedad, los malos tratos, las vejaciones y las agresiones continuas que estas entidades privadas, disfrazadas como ONG’s (por ejemplo: Fundación O’Belén) provocan de manera continuada a estos niños.
Esta situación se produce debido a la precariedad laboral en el sector, a la mala gestión de las grandes cantidades de dinero que la administración pública da para tener a estos niños en lugares donde “no den problemas” (vendiéndolos como centros educativos) y desde luego a la nula supervisión o el consentimiento por parte de las correspondientes delegaciones de las actividades, muchas veces ilegales, que se llevan a cabo en este tipo de centros concertados por la administración.
Ante éstos hechos, queda clara la necesidad de realizar la expropiación inmediata de todos los centros privados en los que se maltrata a los menores, la ruptura de todos los convenios de la administración con las entidades responsables y su enjuiciamiento y castigo.