Hace unos días, el Ayuntamiento de Vic, gobernado por CiU, PSC y ERC, acordó modificar la normativa municipal para negar el empadronamiento a los trabajadores inmigrantes que no tengan el permiso de residencia o lo estén tramitando.
De 1994 a 2007 se crearon 800.000 puestos de trabajo en el Estado español. Ha sido durante estos últimos diez años que se ha producido la llegada del 70% de los trabajadores extranjeros, atraídos por una gran demanda de fuerza de trabajo. Ahora, con la crisis económica, esto ha cambiado radicalmente. En octubre, con 3,8 millones de parados en el Estado español, el 14% de éstos eran extranjeros (529.000 en cifras absolutas), por encima del 10% que representan la población inmigrante en el conjunto de la población.
Está claro que los trabajadores, tanto los nativos como los inmigrantes, estamos pagando los platos rotos de la crisis. Somos nosotros los que padecemos los despidos, los EREs temporales, las reducciones de salario... Es a nosotros a quienes se nos imponen todo tipo de sacrificios para "salir del bache", "aguantar hasta la recuperación", etc.
Los trabajadores inmigrantes se llevan, si cabe, la peor parte. Han sido los primeros en verse en la calle. Si hay entre 700.000 y 800.000 "irregulares", estos se ven abocados a subsistir en la economía sumergida, sin ningún tipo de derecho ni protección, completamente a expensas de lo que el patrón les quiera pagar. Además, con el incremento del paro, los que tenían permiso de residencia y de trabajo, se verán imposibilitados de renovar sus papeles al carecer de contrato de trabajo, con lo que pasarán a engrosar las filas de los "sin papeles".
Si esta es la situación de los trabajadores inmigrantes, las declaraciones del alcalde de Vic, Josep Ma. Vila d'Abadal, de CiU, no se pueden más que considerar de un cinismo mayúsculo. Defiende su deplorable actuación con argumentos del tipo "hay que poner orden en el padrón municipal", "las leyes hay que cumplirlas", etc. El Ayuntamiento dice que sólo un 2% de las peticiones de empadronamiento incumple los requisitos. Pero como hemos explicado, esto es una realidad que puede variar, y mucho, en poco tiempo. Además, como han denunciado los regidores de la oposición, tanto ICV, como CUP, los inmigrantes que no aporten la documentación requerida serán denunciados a la policía nacional para que procedan a abrir un expediente de expulsión. ¡Vaya, una auténtica caza del inmigrante, al más puro estilo fascista!
La medida acordada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic ha sido criticada por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que ha avisado de que negar el empadronamiento a los "sin papeles" es ilegal. Pero, por otro lado, Corbacho es responsable de una reforma que endurece los términos del reagrupamiento familiar de los trabajadores inmigrantes, que alarga el período de reclusión de los "irregulares" de 40 a 60 días en Centros de Internamiento (sólo por no tener los permisos en regla, no por haber cometido algún delito o falta), que deja sin resolver la situación de los que ya están aquí, con trabajo hasta ayer mismo y, mañana, sin posibilidad de renovar sus permisos de residencia y trabajo. El ministro de Trabajo critica al Ayuntamiento de Vic, pero él mismo ha sido partícipe de un discurso que ha presentado a los inmigrantes como problema. Ante el incremento del paro, "los españoles primero", ha venido a decir. Y medidas como el plan para favorecer el retorno de los trabajadores inmigrantes, han subrayado claramente este aspecto (como si los inmigrantes fueran responsables del desempleo), cuando esta medida a penas ha tenido efectos prácticos (sólo se han acogido unos 8.700 trabajadores, un 10% de las previsiones del gobierno).
La irrupción de la ultraderecha
¿La deriva xenófoba del Ayuntamiento de Vic tiene algo que ver con la presencia de Plataforma per Catalunya (PxC) entre las fuerzas políticas con representación a nivel local? Como no creemos en las casualidades, habrá que suponer que sí tiene que ver, aunque sea por simple cálculo electoral (lo que mostraría la bancarrota política e ideológica del alcalde y los portavoces del PSC y ERC en el consistorio). PxC es una plataforma de la ultraderecha. Su dirigente principal, Josep Anglada, fue dirigente de Fuerza Nueva durante años. De igual modo que otros grupos de ultraderecha europeos, su eje político es identificar a la inmigración con la delincuencia. Sus mensajes son simples. Utiliza los elementos más retrógrados de los fundamentalistas islámicos, como el trato denigrante a la mujer que algunos de éstos predican (como si entre la conferencia episcopal no hubiera también energúmenos del mismo tipo), para sembrar todo tipo de prejuicios islamófobos, a la vez que defiende con ardor guerrero "el derecho a la vida" del feto en gestación y que la mujer que aborte acabe en la cárcel.
Sin embargo, no es algo limitado a PxC: La derecha "respetable" en Europa, y también en el Estado español, cada vez más utilizan un discurso racista para tratar de sembrar la discordia y la división entre los trabajadores en líneas nacionales. ¿No es eso acaso lo que hace también el PP, Ciudadans y CiU? En Suiza hemos visto como han prohibido la construcción de minaretes. En Francia Sarkozy está en plena cruzada contra el Islam. A medida que la crisis se profundice, los representantes de la burguesía tratarán de cubrir sus responsabilidades en los despidos y cierres de empresa echado la culpa de todos los problemas a los inmigrantes. En las últimas campañas electorales, CiU ya hizo una pequeña demostración del tipo de discurso, xenófobo, que defenderá.
De hecho, el voto que obtuvo PxC en las elecciones municipales de 2007 es un voto fundamentalmente prestado de la propia CiU y del PP. Curiosamente, en las elecciones generales de 2008 la mayoría de la población de Vic voto por candidatos de la izquierda (51,22% entre PSC-ERC-ICV, frente a 43,83% CiU-PP, con una participación más alta que en las municipales) lo cual demuestra que en Vic puede gobernar la izquierda, si hace una verdadera política de izquierdas. Un bloque de izquierdas formado por PSC-ERC-CUP-ICV podría derrotar a la derecha a condición de defender una política en defensa de los trabajadores (nativos e inmigrantes), combatiendo los prejuicios e ideas xenófobas. Lo realmente vergonzoso es que organizaciones como el PSC, que lleva el término "socialista" en sus siglas, colabore con CiU, dando cobertura a PxC y, por extensión, a todos los racistas y fascistas.
Desde las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos, los partidos políticos de izquierdas, las Asociaciones de Vecinos, las organizaciones juveniles, tenemos que denunciar a todos estos grupos ultraderechistas y fascistas que se ocultan tras estas plataformas. Y a la vez, tenemos que defender los derechos de los trabajadores ante la escalada de ataques que estamos padeciendo. UGT de Catalunya, en sus comunicados, ha mostrado que tiene entre sus afilados a 12.000 inmigrantes. De entre sus delegados sindicales, cuenta con 900. Ése también es el camino. Organizar a la clase trabajadora por encima de su procedencia, del color de su piel o de sus creencias religiosas. ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!
Una manifestación en Vic, encabezada por los sindicatos, las Asociaciones de Vecinos, los partidos de izquierdas, contra la medida acordada por el Ayuntamiento y de rechazo tajante a los planteamientos xenófobos y racistas de la ultraderecha, es la respuesta necesaria ante la agudización de los ataques a nuestros hermanos de clase.