Indefensión y arbitrariedad: Así funciona la justicia burguesa

Durante la pasada huelga general del 14 de noviembre un destacamento de los Mossos d’Esquadra retuvo e identifico a un grupo de compañeros del Sindicat d’Estudiants que habían participado en un piquete informativo organizado por CCOO y UGT en Cornellà de Llobregat. Los Mossos acusaban a tres compañeros, Borja Latorre, secretario general del Sindicat d’Estudiants de Catalunya, Iban Sadaba y Raimón Martín, miembros del Sindicat d’Estudiants, de haber realizado una pintada en una fachada del centro comercial Splau. Los tres compañeros son inocentes. No realizaron esa pintada. El 30 de enero se produjo el juicio en los juzgados de El Prat.

 

Los compañeros han sufrido durante el juicio una situación de absoluta indefensión. Para empezar la jueza se negó a citar a los testigos de la defensa, cuatro trabajadores de CCOO y UGT que habían participado en el piquete con los compañeros y que a pesar de todo se personaron en el juicio dispuestos a testificar.

Ya durante el desarrollo de la vista, los denunciantes demostraron en sus testimonios la arbitrariedad de la acusación: La representante y el testigo del Splau no habían visto quién había hecho la pintada. El testigo del Splau se refiere a una grabación de video que supuestamente vieron él junto un vigilante de seguridad. No sólo no aportaron el video al juicio, sino que insinuaron casualmente que ya no existía. Este testigo, habiendo supuestamente visto el video, fue incapaz de describir si se veía a una persona o dos o tres haciendo una pintada -aunque se aprecia claramente que la letra es de una sola persona-. También reconocía que sólo había visto en el video a un cúmulo de gente y no reconocía a ninguno de los denunciados.

El Splau, pretenden que nuestros compañeros paguen por algo que no han hecho. Tratan de aprovecharse de la situación para llenarse los bolsillos alegando que la reparación de la fachada (una fachada blanca) les había costado 580 +iva (superando por tanto la barrera de 400€ que separa falta de delito), sin presentar ninguna factura, meses después, porque dicen que tapar la pintada “formaba parte de las reformas estructurales” que están haciendo.

No sólo el presupuesto estaba inflado, también el tamaño de la pintada: primero denunciaban que medía 25m para luego en el juicio decir que eran unos 15m y desdecirse de nuevo para terminar pidiendo 25 m. Como mucho su tamaño había sido de 5 metros, como reconocía el acta policial. Un presupuesto solicitado a un pintor independiente revela que tapar una pintada de 5 metros en una fachada blanca de esas características no supondría un coste superior a los 60€ con la pintura de mayor calidad y mano de obra incluida.

Las declaraciones de dos Mossos fueron también muy significativas. Los Mossos contradicen su declaración con respecto al atestado policial, este omitía la mayor parte de la base de la acusación además de otras falsedades reflejados en el mismo: ninguno de los Mossos vio nada, se remiten o bien a un policía secreta infiltrado –que nadie sabe quién es y que por supuesto no es testigo- que supuestamente señaló a los compañeros como responsables de la pintada, o bien a un vigilante de seguridad del Splau –que tampoco nadie sabe quién es y tampoco aparece en el juicio- que también supuestamente vio como se hacía la pintada, pero se identifican a los denunciados basándose en una descripción genérica de dos personas, según el acta policial.

La conclusión es que ninguno de los testigos de la acusación vio nada, sin embargo, se atreven a acusar a los compañeros siempre a través de referencias a terceros que desde luego no fueron al juicio ni lo refirieron en el acta policial y denuncia, y que se supone que vieron las mismas imágenes que el testigo de Splau y según él no se pudo identificar a nadie con dichas supuestas grabaciones, y por tanto él fue incapaz de identificar a ninguno de los denunciados.

Los compañeros acusados jugaron un papel de primer orden en el piquete de Cornellà de la huelga general. El compañero Borja portaba megáfono, coreaba consignas e incluso, frente al Splau, dio un mitin en nombre del Sindicat d’Estudiants, tras los saludos de representantes de CCOO y UGT. El compañero Iban formó parte del grupo de piquetes, junto a sindicalistas de CCOO y UGT que, pactando con los Mossos, entró en el centro comercial para revisar que se respetaba el derecho a huelga. El compañero Raimón destacó coreando consignas, repartiendo octavillas. Es decir, curiosamente se ha acusado a tres compañeros que destacaron en el piquete, no por hacer pintadas, sino por su participación y actividad política. No es una casualidad, con esta denuncia se busca única y exclusivamente reprimir a la juventud que lucha.

Pero lo más bochornoso llegó tras la declaración de los Mossos. La jueza, que en teoría debe velar por la igualdad de condiciones entre las partes y no crear indefensión a nadie, en lugar de ceder la palabra al abogado de los compañeros para que entraran sus testigos dio inmediatamente paso a la fiscal para que informara y expusiera sus conclusiones de forma meteórica, sin dar oportunidad a practicar las pruebas de la defensa. La jueza, ante la protesta del abogado defensor, pudiendo solucionarlo, no lo permitió. Primero reaccionó permitiendo un solo testigo “pero rapidito, dos minutos” para inmediatamente exclamar: “¡No, me retracto!” A la jueza sólo le interesó ver rápidamente las pruebas de la acusación y acabar con prisas el último juicio del día, creando una indefensión absoluta a la defensa.

La fiscal ha pedido 6 días de localización permanente (el antiguo arresto domiciliario) para los tres compañeros, así como pagar la responsabilidad civil por una pintada que no han realizado.

Estamos ante un caso muy claro de cómo funciona la justicia burguesa. Los compañeros son acusados arbitrariamente, criminalizándoles por participar en un piquete. No se ha presentado ni una sola prueba contra ellos, ni siquiera a un testigo que pudiera afirmar que les había visto haciendo la pintada. Pero no sólo eso, pese a contar con hasta cuatro testigos presentes para poder testificar y desmentir la acusación arbitraria, la jueza impide injustamente que puedan declarar, ni permite ninguna otra prueba a la parte de la defensa. ¡Esto no es justicia!

Desde el primer momento, el Sindicat d’Estudiants ha insistido en que nos encontrábamos ante un caso más de represión policial: un montaje destinado a criminalizar a la juventud. Alguien tenía que pagar y no dudaron en buscar cabezas de turco vistosos. Los Mossos d’Esquadra –un cuerpo policial repleto de antecedentes violentos y represivos- sigue las directrices políticas del Departament d’Interior en manos de CiU, que busca ofrecer una imagen distorsionada de los jóvenes que luchamos en defensa de nuestros derechos. Por otro lado, el aparato judicial demuestra una y otra vez los tremendos vínculos que tiene con respecto al resto del aparato del Estado, la policía y los grandes empresarios: la separación de poderes es una falacia, detrás de jueces, fiscales y comandantes de la policía está la burguesía.

Desde el Sindicat d’Estudiants queremos agradecer las tremendas muestras de solidaridad que hemos recibido en estos días. Hemos conseguido 150 firmas de destacados sindicalistas de todos los sindicatos, muchos de los cuales participaron en la concentración de solidaridad que hicimos en las puertas del juzgado de El Prat. Entre los firmantes destacan las direcciones comarcales de CCOO y UGT del Baix Llobregat, las federaciones de educación de ambos sindicatos, los sindicatos USTEC, CGT, IAC, el MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa), las federaciones de Asociaciones de Padres FAPAC y FAPAES así como numerosos delegados sindicales del Baix Llobregat, Barcelona e incluso de todo el Estado. A todos ellos, muchas gracias por vuestro apoyo.

Sea cual sea la sentencia, los compañeros seguirán al pie del cañón luchando. Lejos de amedrentarnos, estas injusticias nos impulsan a continuar en la calle con más insistencia y decisión.