Los PTIS (Personal Técnico de Integración Social) son un engranaje esencial para garantizar una educación pública inclusiva y de calidad, pues son los profesionales que asisten en el aula a las y los estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, dentro de la atención a la diversidad, los PTIS siguen sin ser trabajadores públicos, sino que su figura está externalizada. Es decir, trabajan en las aulas específicas o apoyando a los y las docentes, pero la Junta en lugar de contratarles directamente – con las condiciones laborales que ello supone -, contrata a empresas privadas a las que adjudica una serie de colegios divididos en lotes, lo que supone unas condiciones laborales pésimas y que la precariedad sea la norma. 

Partiendo de los bajos salarios, el colectivo (90% mujeres) acusa una tremenda inseguridad laboral. Las empresas que se hacen con estas licitaciones suelen hacer contratos temporales que son rescindidos en el verano o las vacaciones - ahorrándose así las nóminas de los periodos vacacionales - a lo que se suman retrasos continuados en las nóminas. El resultado es que los 2.000 PTIS que forman parte hoy de la comunidad educativa andaluza están sometidos a una asfixiante explotación que imposibilita la inclusión plena en la enseñanza pública y que además, igual que ocurre con los profesores y profesoras interinos, no permite un seguimiento y continuidad de calidad de los y las alumnas.

En los últimos meses, la Consejería de Educación de Ciudadanos junto al Partido Popular que gobierna en la Junta, ha empezado a introducir personal laboral procedente de una bolsa de personal SAE (Servicio Andaluz para el Empleo) para cubrir puestos en el sector, desplazando de forma irregular a los PTIS que han venido realizando su labor durante varios cursos. Estos desplazamientos pueden darse a cualquier punto de la provincia,  haciendo inviable la continuidad en el puesto para muchas trabajadoras, algo que por si fuera poco afecta muy negativamente a las y los jóvenes con necesidades especiales y sus familias, que se ven expuestos a la ruptura del vínculo creado con este personal, un aspecto clave en su integración educativa. Este mecanismo, además, expulsa en la práctica del mercado laboral a trabajadoras y trabajadores con experiencia, que no pueden demostrarla por la extremada irregularidad de los contratos previos que han ido encadenando. ¡Necesitamos que se aumenten las plantillas, no que siga profundizándose y ampliándose la precariedad y temporalidad de los PTIS!

Sin embargo, este nuevo movimiento de la Junta no es casual, sino que ha empezado justo cuando los y las PTIS que han denunciado ante los tribunales las condiciones laborales, la irregularidad de sus contratos y por la cesión ilegal de este servicio a las distintas empresas externas, estén ganando estas denuncias. El fraude de ley ha sido tan flagrante, que solo en la provincia de Málaga se acumulan ya 70 sentencias favorables aceptando que ha habido cesión ilegal.  Este colectivo lleva años en lucha en defensa de sus puestos de trabajo, protagonizando huelgas, manifestaciones y marchas a Sevilla, dando una batalla constante contra la política liberal de la Junta en sus diferentes gobiernos. Sin embargo, la Junta en lugar de cumplir las sentencias y reconocer los derechos laborales de los PTIS, cuenta con partida presupuestaria con amplios fondos para interponer recursos y prolongar la batalla jurídica. Es decir, prefieren invertir cientos de miles de euros en seguir pisoteando los derechos laborales de los PTIS con el claro objetivo de que no cunda el ejemplo y seguir externalizando servicios públicos, antes de incorporar a estas trabajadoras y trabajadores a la red pública y ampliar las plantillas.

¡No a la privatización! Por la incorporación inmediata de los PTIS a la red pública

Es necesario un plan de choque urgente que revierta la situación límite que vivimos en educación pública: mantener al personal que está trabajando e incorporarlo a la red pública de empleo; y generar más puestos de trabajo, que son un clamor, sobre esta misma base y así mantener los avances y vínculos ya establecidos con usuarios y familias, ofreciendo un servicio de calidad. La privatización, sea cual sea la modalidad en la que ésta se da, coloca en segundo plano las necesidades de las y los estudiantes de familias trabajadoras y del conjunto de la comunidad educativa, por debajo del beneficio de los empresarios. Es por esto que la única solución posible es la subrogación total e inmediata del servicio y que los PTIS formen parte de la plantilla docente de los centros de estudios.

El presidente andaluz Juan Manuel Moreno (PP) y el consejero de educación Javier Imbroda (Ciudadanos) ya han demostrado como, en los hechos, su política se basa en la destrucción de la pública y de la inclusión educativa, al mismo tiempo que se incrementa la financiación a la privada-concertada. ¡No lo podemos permitir! Cuando se trata de tocar lo intocable no podemos aceptar acuerdos con este gobierno para darle legitimidad mientras todo sigue igual o va a peor. Por eso, es necesario que CCOO, sindicato mayoritario entre los PTIS, deje de mirar para otro lado ante este atropello. El primer paso tiene que ser escuchar y unificar las demandas de diferentes colectivos de trabajadores de la enseñanza (profesores y profesoras, PTIS y ILSE, orientadores y orientadoras, personal no docente, etc.) y ampliar las demandas al conjunto de la comunidad educativa en torno a la lucha en las calles y los centros para exigir a la Junta un plan de choque en defensa de la educación pública y el final de la privatización.

Desde el Sindicato de Estudiantes nos solidarizamos con nuestros compañeros y compañeras PTIS en su lucha, y hacemos nuestras sus reivindicaciones. Indudablemente, una enseñanza pública, de calidad y plena para toda la juventud, requiere de la defensa firme de las mejores condiciones laborales para todas y todos los trabajadores. Esta es también la lucha por la defensa de un futuro digno. ¡Vuestra lucha es nuestra lucha!

¡Los que están se quedan!

¡Ampliación inmediata de las plantillas!

¡No a la privatización!

¡Por una enseñanza pública e inclusiva de calidad!