Han pasado ya tres años desde que Rocío, Cristina, Katia, Belén y María Teresa falleciesen en una fiesta, a consecuencia de la desaprensión, la falta de escrúpulos y la búsqueda del lucro fácil y rápido de unos empresarios que están acostumbrados a tratar a los jóvenes como carne de cañón, con la absoluta complicidad del equipo de gobierno del Partido Popular que gobernaba el ayuntamiento de Madrid en aquella época.
No fue mala suerte, sino la búsqueda del lucro a cualquier precio
La noche de Hallowen de 2012, se celebró una fiesta en el recinto Madrid Arena, propiedad del Ayuntamiento, que posteriormente se convirtió en una auténtica pesadilla y trampa mortal para los miles de jóvenes que buscaban pasar unas horas de diversión. Incumpliendo y engañando en las estimaciones que los propios organizadores habían trasladado al ayuntamiento (plantearon que asistirían 7.000), más de 20.000 jóvenes, pagaron por una entrada entre 22 y 25 euros y se les agolpó como si de animales se tratase en un espacio en el que no cabían más de 10.000.
Tiempo después de esta tragedia, supimos que la empresa organizadora del concierto, Diviertt S.L., y su dueño Miguel Ángel Flores, tenían estrechos lazos con el entonces Vicealcalde de la ciudad de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, y con varios cargos políticos del ayuntamiento. Esto explica que, a pesar de que el recinto no tenía licencia para funcionar, se organizasen eventos de los que obtenían jugosos beneficios para un reducido grupo de empresarios amigos del PP, los cuales después organizaban todo tipo de fiestas privadas para los mismos concejales del Partido Popular que les permitían estos atropellos.
Ningún cargo político del PP imputado en el caso Madrid Arena
Pero esta tragedia no se debió a la mala suerte, como nos quieren hacer ver. Lo que ocurrió en el Madrid Arena se podía haber evitado si no fuese porque para el empresario Miguel Ángel Flores y sus amigos del PP, el lucro económico está por encima de cualquier otra cosa. No podemos olvidar que esto ha sido amparado por el conjunto del ayuntamiento del PP y de la comunidad, y muy especialmente por la ex alcaldesa Ana Botella que, además, en el momento de la tragedia, decidió evadirse de la misma en un hotel de lujo en Lisboa, demostrando la calaña moral de la que están compuestos tanto ella como su equipo de gobierno en el ayuntamiento. Ella fue la responsable de haber firmado un contrato con una empresa conocida por constantes fraudes e irregularidades, que ya por aquel entonces contaba con numerosos expedientes por infracciones y que para mayor escándalo, tiene deudas con la seguridad social, lo que imposibilita a las administraciones públicas firmar contratos con ella.
Ni siquiera después de esta tragedia se tomaron las mínimas medidas ya que siguieron permitiendo celebrar eventos del mismo tipo a Miguel Ángel Flores en otras localidades con total impunidad, como si nada hubiese sucedido.
En estos días se celebra el juicio por estos acontecimientos, pero no veremos sentarse en el banquillo de los acusados ni a un solo cargo político de los que en ese momento gobernaban el Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado la máxima pena que pide el ministerio fiscal para Miguel Ángel Flores es ridícula, 4 años de cárcel por esta tragedia, es decir que por jugar con la salud de los miles de jóvenes allí reunidos, lo que llevo a la muerte a 5 jóvenes, cifra que podría haber sido dramáticamente superior, por engañar además a los allí presentes, por saltarse todas las medidas de seguridad y por duplicar el aforo, esa es la condena.
Una justicia para los empresarios y otra para las familias trabajadoras
Mientras tanto a los activistas que día a día luchan en defensa de los derechos de los trabajadores como por ejemplo a los compañeros de Airbus, se les pide 8 años de cárcel solo por participar en una huelga general. Al compañero Alfon se le encarcela durante 4 años en el régimen más duro posible sin ni una sola prueba en su contra. A algunos compañeros trabajadores de Coca Cola se les pide también cifras desorbitadas de dinero por defender su puesto de trabajo. Es evidente como la justicia no actúa igual cuando se trata de jóvenes y trabajadores que defendemos nuestros derechos o cuando se trata de grandes empresarios.
Esta tragedia además demuestra la gran hipocresía del Partido Popular cuando se refiere a la juventud. El Partido Popular nos ha tachado muchas veces de vagos y delincuentes, de ninis que no hacemos más que botellón. Pero parece que su única preocupación es que no estemos dentro de los locales de sus amigos los empresarios de la noche pagando un dinero que vaya a sus bolsillos. Así lo demuestran. Para otras cosas no tienen problema, no ponen ningún obstáculo a que miles y miles de jóvenes podamos ser tratados de forma inhumana, estafados por empresarios del “ocio nocturno” y que, a consecuencia de esta actitud, pongamos en riesgo nuestra vida. Tres años después de la tragedia del Madrid Arena, el ocio al que nos condenan ellos y su sistema sigue siendo igual de embrutecedor y nocivo: nuestros barrios, siguen careciendo de equipamientos culturales dignos, de cines y salas de conciertos accesibles para todos, de bibliotecas, de polideportivos públicos y gratuitos. Todo eso nos lo seguirán negando, porque la diversión, el ocio y la cultura se han convertido en un fabuloso negocio en el que enriquecerse a nuestra costa.
¡Juicio y castigo para los empresarios y cargos políticos culpables de estas muertes!
¡En defensa de los derechos de la juventud. Por un ocio y una cultura accesible, democrática y gratuita!