Tras un comienzo de curso con un brutal ataque a la educación pública, la Comunidad de Madrid ha dado una nueva vuelta de tuerca aprobando junto a los Presupuestos de 2012 la llamada Ley de Acompañamiento, conocida popularmente como “ley escoba”, que supondrá un nuevo recorte en las condiciones laborales los trabajadores públicos y contra los intereses generales de jóvenes y trabajadores,

asfaltando una vez más el camino para que las emprésas privadas puedan campar a sus anchas, tal y como han venido haciendo en los últimos años en sectores como la sanidad o la educación.

Esta ley supone un nuevo y duro ataque al conjunto de los jóvenes y trabajadores madrileños, destacando especialmente por la degradación de las condiciones laborales de de los trabajadores del sector público, que tendrán que trabajar dos horas y media más a la semana. Este aumento de la jornada laboral  afectará a 120.000 funcionarios y trabajadores públicos, significándo, tal y como ha ocurrido con el profesorado, el despido de entre 7.000 y 8.000 trabajadores de los diferentes servicios públicos (se calcula que 4.000 en sanidad), con la consiguiente degradación en la calidad de estos servicios, y abriendo nuevas oportunidades de negocio al sector privado en ambitos como la sanidad.

La ley establece además penalizaciones para las bajas por enfermedad, cobrando a partir de ahora los trabajadores públicos sólo el 60% de su salario a partir del cuarto día de baja (500 euros menos de salario en el caso de una baja de 15 días), lo que deja en una auténtica situación de desamparo a los trabajadores que tengan mayores problemas de salud, penalizándoles por estar enfermos.

Por otro lado, el Canal de Isabel II, empresa pública que gestiona el agua de la Comunidad de Madrid, queda abierta a la participación de empresas privadas, lo que representa un primer paso para su privatización, y para una futura subida de la factura del agua, tal y como ya ocurrió con el gas y la electricidad. También se dejará de subvencionar el transporte público a los residentes en provincias limítrofes, lo que afectará a miles de trabajadores residentes en Guadalajara, Toledo etc., que diariamente acuden a Madrid a trabajar y que verán mermar considerablemente su poder adquisitivo. A la vez que se aplican nuevos y más duros ataques a la clase obrera, se aprueban nuevas medidas en beneficio de los capitalistas, como la modificación de la Ley de Suelo, que reduce las cargas urbanísticas a los promotores.

Como ocurrió con el profesorado, la Comunidad de Madrid buscará atacar las protestas de los trabajadores públicos, criminalizándoles y tachándoles de vagos, tratando así de ocultar el proceso de privatización impulsado con estas medidas, y que tantos beneficios reporta a unos pocos. A pesar de que se justifican los recortes como una forma de racionalizar el gasto, día sí y día también nos encontramos con escandalosas noticias sobre qué significa esta racionalización, como el reciente anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy garantizándo nuevos avales para la banca por 100.000 millones de euros. La propia Comunidad de Madrid, que tanto insiste en evitar gastos superfluos, ha demostrado que no tiene ningún problema en gastar el dinero público en vergonzosas campañas publicitarias como la de Metro, un auténtico insulto para el conjunto de los madrileños tras haberse incrementado el coste del billete sencillo un 50%. Evidentemente el problema no es que no existan recursos suficientes, ya que en el caso de banqueros y multinacionales los distintos Gobiernos hacen todos los esfuerzos necesarios para seguir garantizando sus obscenos beneficios.

La lucha del profesorado, el ejemplo a seguir. Los dirigentes de CCOO y UGT deben extender el conflicto. ¡¡Por una Huelga General de todo el sector público!!

Durante los últimos meses hemos presenciado un auténtico ejemplo del camino a seguir contra los ataques que sufrimos jóvenes y trabajadores, la lucha de los profesores y estudiantes madrileños en defensa de la educación pública. Unas movilizaciones que comenzaron con una jornada de huelga de 72 horas, y que hasta la fecha han supuesto 8 jornadas de huelga entre el profesorado y 10 entre los estudiantes, obligándo a la Comunidad de Madrid a reincorporar a uno 1.500 profesores de los 3.200 interinos despedidos.

Desde que comenzó esta lucha, desde el Sindicato de Estudiantes hemos venido planteando a los dirigentes de CCOO y UGT la necesidad de extender y radicalizar las movilizaciones, con un plan ascendente de lucha, alertando de que los ataques contra el profesorado eran el punto de partida de nuevos y más duros planes de ajuste. Ahora, con los nuevos ajustes del Gobierno de Mariano Rajoy, sumados a los de Esperanza Aguirre, esta realidad ya se ha materializado siendo, tal y como ha dicho ya el PP, “el principio del principio”.

En esta coyuntura, los responsables de Educación de CCOO y UGT se han reunido con la Consejería de Educación, acordando retormar las negociaciones, y quedando por el momento en suspenso las movilizaciones a la espera de lo que ocurra en la negociación. En nuestra opinión, frenar las movilizaciones en este momento es un error, ya que si se quiere sacar el máximo rendimiento a las negociaciones es necesario que la presión en la calle se redoble, sino nos podremos encontrar con negociaciones eternas que debiliten el movimiento y sirvan para dejar las cosas tal y como están, especialmente ahora que el ataque contra el sector educativo se ha generalizado al conjunto del sector público en la Comunidad de Madrid. El hecho de que se inicien negociaciones hace más necesario aún establecer un calendario de movilizaciones y huelgas contundente, aumentando la presión sobre la Comunidad, y evitando salir debilitado de las mismas en el caso de que finalicen sin ningun acuerdo satisfactorio para el profesorado.

El hecho de que la Consejería haya llamado a los sindicatos a negociar, cuando se le habrían nuevos escenario de conflicto, con los nuevos recortes aprobados, demuestra la preocupación de la Comunidad de Madrid por impedir una generalización del conflicto educativo en el conjunto del sector público, tratando de dividir así a los distintos sectores, que sufren los mismos ataques, de cara a debilitar la capacidad de lucha de los trabajadores.

Los nuevos recortes anunciados por Esperanza Aguirre exigen la convocatoria inmediata por parte de CCOO y UGT de una huelga general de la función pública en toda la Comunidad de Madrid, planteando un plan contundente y continuado en el tiempo hasta echar atrás todas las medidas aprobadas.

Para fortalecer esta lucha, es necesario adoptar los métodos que ha utilizado el profesorado, realizándo asambleas en los centros de trabajo y constituyéndo Comités de Lucha que cuenten con la participación del conjunto de los trabajadores, y que sean escuchados y atendidos por los dirigentes sindicales. Es más necesario que nunca volver a los métodos que siempre ha utilizado la clase obrera para luchar, editando miles de panfletos y carteles en apoyo de las movilizaciones, constituyendo cajas de resistencia y ganando al conjunto de la opinión pública mediante la explicación de qué suponen estas medidas desde el punto de vista de la degradación y desmantelamiento de los servicios públicos.

La clave para hacer frente a los ataques coordinados que estamos sufriendo los jóvenes y los trabajadores, pasa porque el movimiento obrero despliege toda su fuerza en la calle, tal y como hemos visto con las movilizaciones del 15-M o la “marea verde” durante el pasado año. Pero en esta coyuntura esto pasa porque los dirigentes sindicales de CCOO y UGT rompan con la política de pactos y consenso que han seguido desde que estalló la crisis, y que únicamente ha cosechado fracasos y retrocesos, comenzando por levantarse inmediatamente de la mesa de negociación con la patronal, donde nada se va obtener sin la contundente movilización del conjunto de los trabajadores a nivel estatal.