¡Los dirigentes de CCOO y UGT no pueden seguir escondiéndose, tienen que convocar urgentemente una nueva huelga general!
Los portavoces y representantes de la burguesía y sus medios de comunicación tratan de aprovechar las últimas acciones reivindicativas del movimiento 15-M para lanzar una campaña de calumnias y difamaciones que no tienen otro objeto que preparar a la “opinión pública” para reprimir la lucha.
Esta actuación no es nueva: Estos “falsos amigos” del 15-M como el diario El País, Catalunya Radio y otros medios de comunicación, desde el primer momento han tratado de descafeinar la lucha, manipularla, y ahora acuden en defensa de los “pobres políticos” acosados e increpados por los “indignados”. La escenificación ha sido descarada, hasta el punto de que Artur Mas junto a otros 23 diputados han llegado en helicóptero al Parlament como si de una fortaleza sitiada se tratara. El mensaje que tratan de lanzar está claro: “Éstos que exigen democracia real insultan los genuinos órganos de la democracia”
Hoy 15 de junio se aprobaban en el Parlament de Catalunya los presupuestos de los recortes sociales con el voto favorable de CiU, PP, que significaran el despido de 20.000 trabajadores del sector público, especialmente restrictivos en educación (despido de 3.000 profesores interinos) y sanidad (miles de despidos y un deterioro salvaje de la atención sanitaria pública). Cientos de miles de personas se han movilizado una y otra vez contra estos graves recortes durante meses (hay que recordar la manifestación multitudinaria convocada por los sindicatos el pasado 14 de mayo en Barcelona con más de 200.000 trabajadores). Sin embargo, este rechazo, al gobierno de CiU le tiene sin cuidado, su objetivo es continuar atacando a los trabajadores empleando la represión para frenar la lucha.
Para continuar la lucha contra los recortes, el movimiento de “indignados” anunció una acampada en el Parc de la Ciutadella (donde está situado el Parlament) la noche del 14 de junio y una concentración masiva y pacífica el día 15. La reacción del gobierno fue cerrar el Parc de la Ciutadella a primera hora de la tarde de ayer martes y desplegar un intimidante despliegue policial de Mossos y Guardia Urbana. Además se intensificó la presencia de infiltrados policiales, Mossos disfrazados de “antisistema” dispuestos a provocar enfrentamientos que justificaran la intervención policial y que permitiera a los medios de comunicación calumniar la movilización. Hace tiempo que el infame Felip Puig le tiene ganas a los indignados, como hoy mismo reconocía ante los periodistas: "Seguramente debo ser el único que entendió lo que pasó el día 27, ¿no?". Tratando así de justificar la brutal represión desplegada aquel día en Plaza Catalunya contra los manifestantes que allí se encontraban pacíficamente, que se saldó con más de 90 heridos.
A pesar de todo esto, miles de personas han custodiado las entradas al Parlament, colgando pancartas y cartelones contra los recortes. Hoy miércoles amaneció con una concentración masiva de más de 2.000 personas que se ha ido incrementando a lo largo de la mañana, para impedir el acceso de los diputados. Las cargas policiales contra los concentrados, con más de 36 heridos hasta el momento, no han conseguido dispersar a los manifestantes. El Departament d’Interior ha amenazado con penas de cárcel a los concentrados de hasta tres años (1).
Varios diputados (entre ellos el portavoz del PSC Nadal y el de ERC Puigcercós), consellers y el propio Artur Mas han acudido al Parlament en helicóptero desde la comissaria de los Mossos más cercana. Es una imagen bien gráfica del abrumador rechazo social a los recortes y del divorcio que existe entre la política oficial burguesa y las aspiraciones y el sentir de la mayoría de la población, los jóvenes y trabajadores.
Los promotores de la movilización habían, previamente, enviado cartas a los distintos grupos parlamentarios para que se sumaran a una iniciativa de boicot al debate de hoy ya que si no había quórum suficiente este quedaba automáticamente aplazado. Los diputados del PSC, ERC e ICV que dicen oponerse a los recortes, en lugar de estar en la calle, junto a los indignados, luchando contra el pacto CiU-PP, se decantan, una vez más, del lado de las instituciones burguesas que sólo representan los intereses de la banca y de las grandes empresas. El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha sido elocuente cuando ha instado a la policía a utilizar la fuerza.
Las declaraciones de los diputados sobre “el atentado a la democracia”, sobre que “la soberanía popular reside en el Parlament” no pueden provocar otra cosa que no sea más indignación. ¿Acaso los recortes sociales y las ayudas multimillonarias a la banca no atentan contra la democracia? Para aquellos que defienden el sistema capitalista, la democracia significa que cada cuatro años votamos y el resto del tiempo tenemos que permanecer callados. Tenemos derechos reconocidos, conquistas históricas de la lucha de los trabajadores, pero siempre que no los ejerzamos. Cuando reclamamos el derecho al trabajo, vivienda, organización y manifestación, a una vida digna,... la respuesta es la represión y criminalización, porque al final siempre decide la dictadura de los mercados, la banca y los capitalistas.
Desde el Sindicat d’Estudiants denunciamos la manipulación de los medios de comunicación y las maniobras y la represión lanzada por el gobierno. Hacemos un llamado a participar masivamente en la manifestación de este domingo 19 de junio (a las 17.00 horas en plaza Catalunya) para denunciar la represión, exigir la dimisión de Felip Puig y continuar la lucha contra los recortes sociales. Debemos denunciar la actitud negligente de los dirigentes sindicales de CCOO y UGT. Ante todos los ataques, en lugar de basarse en la fuerza del movimiento para frenar los ataques, continúan con una política sumisa ante patronal y gobiernos. Es necesario un giro de 180º en esa política, es necesaria una transformación radical de la política sindical. Toxo argumentaba que si los sindicatos no convocaban era porque la gente no se movilizaba contra los ataques. ¿Puede seguir manteniendo esas palabras? ¿A qué espera para romper con la burguesía y convocar urgentemente una nueva huelga general?
(1) Así describe las posibles condenas en El País: “la convocatoria puede tener consecuencias para los manifestantes, que se enfrentan a penas de prisión de seis meses a un año, o a multas de 12 a 24 meses si alteran el "normal funcionamiento" de la cámara. (…) En el caso de que los manifestantes impidan que los diputados entren al Parlamento, estarían infringiendo el artículo 498 y podrían ser castigados con penas de cárcel de tres a cinco años. Igual de grave sería que los indignados intentasen entrar en el Parlamento. El Artículo 495 anuncia penas de prisión de tres a cinco años para este delito, aunque especifica que deberían hacerlo "sin alzarse úblicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos". Los portavoces han anunciado que sus intenciones son, y lo han sido siempre, pacíficas. El Artículo 496 establece además penas de multa de 12 a 18 meses para aquellos que injurien "gravemente a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, hallándose en sesión, o a alguna de sus Comisiones en los actos públicos en que las representen". Así de protegidos están los Parlamentos contra las acciones de sus representados.