El PP y la impunidad de las bandas fascistas

Este mes se cumplen 10 años del asesinato del joven Carlos Palomino. Tenía 16 años y se dirigía a una manifestación cuando el militar fascista Josué Estébanez le apuñalo a sangre fría en un vagón de metro. Carlos murió a las pocas horas siendo atendido por los equipos de emergencias que no pudieron hacer nada para salvarle. Su asesino fue condenado a 26 años de prisión. Sin embargo, esta condena se produjo gracias a la oleada de indignación y movilizaciones que tuvieron lugar durante esos meses, como la huelga general estudiantil que convocamos desde el Sindicato de Estudiantes.

En los últimos años las agresiones fascistas han aumentado. Según el Informe Raxen realizado por el Movimiento contra la Intoleracia, cada año se producen en torno a 4.000 agresiones fascistas, racistas y homófobas. En los últimos años las víctimas mortales de estas agresiones han sido 74. Entre ellos: inmigrantes, personas sin techo, activistas antifascistas homosexuales o simplemente jóvenes que tuvieron la mala suerte de cruzarse con ellos por el camino.

No es casualidad este aumento de las agresiones fascistas. La crisis capitalista ha empujado a los jóvenes y trabajadores a protagonizar grandes movilizaciones en los últimos años contra las políticas de ataque del Partido Popular a las condiciones de vida de la mayoría. Este tipo de agresiones tienen por objetivo callar la voz de los que nos movilizamos contra los ataques del Partido Popular y contra las injusticias de este sistema, que cada vez somos más. Por este motivo quienes nos agreden han gozado y siguen gozando de total impunidad para perpetrar sus acciones contra los que luchamos.

La justicia: al servicio de los de siempre

Esta impunidad es completamente escandalosa. Mientras se detiene, se juzga y se persigue a activistas sociales que luchan por los derechos de la mayoría y por la justicia social, las bandas fascistas gozan de total libertad de acción. Se les permite realizar manifestaciones, ocupar edificios, hacer “campañas caritativas” que alientan el odio contra los inmigrantes en las que sólo se ayuda a “españoles” y, cuando perpetran sus agresiones, el aparato del Estado y el Partido Popular les protege de una forma descarada. Son muchos los ejemplos de esto: son absueltos la mayor parte de las veces que cometen sus crímenes y únicamente se les condena cuando la movilización y la presión en las calles es imparable, como en el caso de Carlos Palomino.

Es increíble la inacción del aparato del Estado contra estos elementos y aún más escandalosa es cuando se compara con la dureza con la que se somete a juicio y castigo a los que luchan. Casos como el de el joven Alfon, condenado a prisión por participar en una Huelga General y ser víctima de un montaje policial para tratar de criminalizar a los que luchamos, Andrés Bódalo encarcelado también por defender los derechos de los trabajadores, Cassandra sometida a juicio por hacer chistes en Twitter, los jóvenes de Altsasu que han sido víctimas de un auténtico montaje policial, encarcelados y criminalizados por ser jóvenes vascos, a los que se acusa de terrorismo y se piden penas de prisión de décadas por el único motivo de verse envueltos en una pelea de bar seguido por un largo etcétera de juicios políticos contra jóvenes y trabajadores de izquierdas, con la intención de que tengamos miedo y no se nos ocurra salir a la calle a luchar.

El Partido Popular y la impunidad de las bandas fascistas

No es casualidad esta connivencia de las bandas fascistas y el aparato del Estado. El propio Partido Popular, que fue fundado por ministros de Franco, se ha negado en multitud de ocasiones a condenar la dictadura franquista y ha combatido cualquier intento de restaurar la memoria de las víctimas del franquismo. Gracias a la ley de Amnistía que se aprobó hace ya 40 años y con la excusa de la “reconciliación nacional” se garantizó que no se juzgase a ningún responsable, torturador o asesino de la dictadura. Sin ir más lejos, el propio rey Juan Carlos I, fue nombrado directamente por Franco como su sucesor. De hecho, el Partido Popular se ha negado una y otra vez a reconocer y reparar la memoria de las víctimas del franquismo. Se calcula que el Estado español es el segundo país del mundo, por detrás de Camboya, con más fosas comunes. ¿Qué vamos a esperar de los sucesores del franquismo? ¡Pues absolutamente nada! ¡Están totalmente cómodos protegiendo y amparando a los que hoy juegan el papel de tratar de amedrentar a la clase trabajadora y la juventud, con el único objetivo de que no salga a la calle a luchar!

No es de extrañar, los vínculos de los que hoy dirigen el gobierno y el aparato del Estado con la dictadura, no solo a nivel ideológico sino incluso a nivel familiar. Hay muchos ejemplos sobre esto. Por ejemplo Alicia Sánchez Camacho, dirigente del Partido Popular, hija de un comandante de la Guardia Civil durante la dictadura franquista. Francisco Granados, cuya familia era fiel simpatizante de la dictadura. Lucía Figar, nieta de un alcalde franquista de Vitoria durante los años 50. O sin ir más lejos, José María Aznar, nieto de falangistas. Son los mismos vínculos que muchos grandes empresarios tienen con el aparato del régimen franquista. Son hijos y nietos de los grandes propietarios y empresarios que durante el franquismo se lucraron en base al régimen y la explotación de la mayoría. Como Mónica Oriol, presidenta del círculo de empresarios, nieta de franquistas que hicieron su fortuna en base a dar soporte al régimen franquista, miembros dirigentes de Falange y que además ocuparon cargos de gran importancia como la alcaldía de Bilbao entre el 39 y el 41.

Tras la dictadura nunca se depuró el aparato del Estado. Cuando la dictadura franquista daba sus últimos coletazos, debido al aumento de la movilización de la juventud y de la clase trabajadora, el régimen incrementó aún más su represión. Continuaron las torturas y las ejecuciones. Ministros franquistas y comisarios de la policía, responsables de la ejecución de decenas de militantes antifascistas, ocuparon posteriormente cargos políticos durante la democracia: Martín Villa que fue consejero de Endesa o Fraga que ocupó altos cargos en el Partido Popular hasta su fallecimiento, fueron responsables de la matanza de Vitoria en la que se asesinó a 5 trabajadores y posteriormente, de la noche a la mañana, se convirtieron en “demócratas”; Utrera Molina (suegro de Alberto Ruíz Gallardón, ex ministro de Justicia del Partido Popular), Antonio Carro (vicepresidente del Congreso de los Diputados del 82 al 89, ya en democracia) y Antonio Barrera de Irimo (vicepresidente primero del Gobierno franquista y en democracia consejero de Telefónica , Banco Hispano Hipotecario e Hispamer) fueron responsables de la ejecución de Salvador Puig Antich, el último militante antifranquista ejecutado por garrote vil. Los tres han sido reclamados por la justicia argentina por delitos de genocidio y/o lesa humanidad y protegidos por el aparato del Estado que se ha negado a extraditarlos o a juzgarlos, igual que ha ocurrido con torturadores como Billy el niño o Jesús Muñecas, conocidos por ser especialmente sanguinarios.

Pero hay muchos otros casos como el de Emilio Hellín Moro, un militante fascista que asesinó a sangre fría a Yolanda González, una joven de 19 años militante del Partido Socialista de los Trabajadores, y que ahora asesora y participa en investigaciones de la Guardia Civil e imparte cursos de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cobrando del Ministerio del Interior. O el caso de Demetrio Carceller, falangista y ministro de Franco que fundó el imperio Estrella Damm. O por ejemplo, la familia Urquijo (Banco Urquijo) en la que uno de los hermanos era ministro franquista y el otro presidente de Iberdrola. Sin ir más lejos, 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público franquista se pasaron en democracia al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Es el caso también de muchas empresas que actualmente cotizan en el IBEX 35 y que se beneficiaron del trabajo esclavo de más de 400.000 reclusos durante el régimen franquista. Empresas como Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán, Dradagos, Renfe, Entrecanales y un largo etcétera de empresas que construyeron un auténtico imperio económico durante la dictadura franquista en base al trabajo esclavo y que actualmente se niegan a reconocer estos abusos. Además, por supuesto, también se lucraron de los trabajos forzados la Fundación Generalísimo Franco o la Iglesia Católica para obras en iglesias y conventos.

La represión del PP contra el pueblo de Catalunya desenmascara la esencia franquista del régimen del 78

Los últimos acontecimientos en Catalunya han sido muy clarificadores en este sentido. Fruto de la enorme movilización de sectores muy amplios de la sociedad en defensa de los derechos democráticos y contra la represión franquista del Partido Popular, los fascistas han salido en bloque al llamamiento de la derecha en defensa de “la unidad de España”. Llenando las manifestaciones, convocadas por el bloque monárquico, de banderas franquistas y llevando a cabo varias agresiones. Como la agresión a la asamblea de alcaldes de Podemos celebrada en Zaragoza, en los que varios centenares de fascistas, amenazaron, acosaron e incluso agredieron físicamente a aquellos que se encontraban en la asamblea. También los acontecimientos en Valencia en la manifestación del 9 de octubre en la que 200 fascistas agredieron a decenas de personas que acudían a la manifestación en defensa de los derechos democráticos, sin ser detenido ni uno solo de ellos. ¡Qué escándalo!

Mientras en Catalunya se cierran imprentas, se prohíbe votar, se mandan 15 mil efectivos policiales a impedir por la fuerza los derechos democráticos y se encarcela al Govern, los fascistas que amenazan y agreden campan a sus anchas sin ningún tipo de consecuencia. ¡Esta es la justicia del régimen heredado del franquismo!

¡Hay que continuar la batalla contra las bandas fascistas con la movilización de los trabajadores y la juventud!

Todos los que nos movilizamos y luchamos contra este sistema injusto conocemos muy bien a estos elementos. Desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria también hemos sufrido este tipo de agresiones a nuestros locales y nuestros militantes. Tratan de utilizar la violencia para que tengamos miedo y no salgamos a luchar y a defender nuestros derechos. Pero a nosotros sus acciones solo nos refuerzan en nuestro compromiso por seguir luchando por un mundo en el que estos elementos no tengan cabida. Sabemos perfectamente que su reacción violenta hacia los trabajadores y la juventud solo es un intento desesperado de frenar el movimiento imparable de la mayoría cuando nos ponemos en marcha. Es un reflejo de su frustración y su incapacidad para convencer con su discurso machista, homófobo, clasista y profundamente racista a la gran mayoría. Sus acciones son completamente ineficaces e inútiles ante un gran movimiento en defensa de los derechos de la mayoría.

Solo con la lucha y la movilización conjunta de los trabajadores y los jóvenes, de los inmigrantes, del colectivo LGTBIQ+, de todos los oprimidos que sufrimos las actuaciones de estos elementos podremos hacer frente a ellos. Las movilizaciones que han tenido lugar en estos últimos años, el cuestionamiento absoluto del régimen del 78, de sus instituciones, de los partidos políticos que han sostenido y siguen sosteniendo este sistema injusto y cruel, demuestran la fuerza poderosa que tenemos la mayoría para construir una sociedad libre de todo tipo de opresión y acabar con el fascismo sea cual sea su expresión.

¡Basta ya de impunidad!
¡Fuera fascistas de nuestros barrios!