Ley de Economía Sostenible: más ataques a la FP y a la educación pública

Lejos de transformar a la Formación Profesional en una educación cualificada que abra la puerta a un futuro digno para una parte importante de la juventud y que sea decisiva para ayudar a resolver todo tipo de necesidades sociales, las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Educación hacen hincapié, justamente, en el camino contrario. Más allá de las palabras grandilocuentes del ministro Gabilondo sobre la importancia de invertir en la Formación Profesional como el motor para salir de la crisis y sellar el principio de un nuevo progreso, los cambios que se plantean para este año 2011 (incluso obviando la imposición de la selectividad) se traducen en nuevos ataques que, sin duda, degradaran mucho más las condiciones de los ciclos profesionales.

Las medidas del gobierno degradan la cualificación en la FP

La principal medida propagandística anunciada por el gobierno consiste en duplicar el número de alumnos que se matriculan en la FP a distancia[1]. Esta es la respuesta a la evidente falta de plazas en los ciclos de FP, una realidad que cada año se repite a un nivel superior.

Siendo conscientes de esto, el Gobierno se ve obligado a decir que esta iniciativa está encaminada a contrarrestar el alto porcentaje de estudiantes que se quedan sin plaza en los ciclos con el inicio de cada curso escolar (en este más de 50.000 estudiantes se han visto apeados de continuar con su formación).

Obviamente aumentar las plazas a distancia no soluciona el problema de fondo. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que el modelo de enseñanza a distancia, especialmente en la FP por su carácter práctico, no puede darnos a los estudiantes las herramientas necesarias para conseguir una verdadera formación cualificada, acorde con nuestros estudios. Una formación adecuada exige unos recursos materiales y humanos a los que no puede accederse a distancia. Sin centros educativos preparados para la formación técnica y teórica, sin la inversión necesaria para desarrollar una verdadera educación de calidad a distancia, estas medidas serán nuevas declaraciones de intenciones que no resolverán nada.

Nuevamente, siendo conscientes de las carencias que tendrá esta propuesta, debido al nulo interés por abordar la cuestión para garantizar la calidad y universalidad de la enseñanza, el Gobierno defiende esta iniciativa argumentando que esta modalidad no está pensada para la formación íntegra de los estudiantes, sino que tiene como objetivo principal facilitar un título a trabajadores en activo o con experiencia previa. Y en que existirá para los que se acojan a este modelo una formación práctica, que por supuesto, se realizará dentro de empresas privadas.

Teniendo en cuenta que se trata de un modelo devaluado, sin una formación real, este título de FP “a distancia”, tampo ayudará en nada a los trabajadores que se acojan a él para buscar un trabajo en condiciones. Y sí permitirá que la patronal aumente sus beneficios mediante la explotación de trabajadores sin cualificación en su profesión. Esto es en lo que se concreta la promesa del gobierno de ampliar la oferta de plazas en ciclos formativos[2] Según el discurso del Ministerio de Educación con medidas así se convierte a la FP en una plataforma para la igualdad de oportunidades. Sin duda, la de los capitalistas para explotar mejor a trabajadores y estudiantes que cursen estos ciclos.

La FP en el punto de mira de la patronal

En la medida en que la inversión dirigida a construir nuevos centros y a ampliar los recursos está muy por debajo de la demanda de estudiantes y trabajadores que buscan acceder a los ciclos, cada vez más, se utiliza esta situación como palanca para que la empresa privada se haga con el control de la Formación Profesional. Si la escuela pública está privada de los recursos que hacen falta, entonces las empresas privadas llenarán el hueco.

Precisamente la modalidad a distancia es el mejor ejemplo de cómo la desinversión en la FP pone el futuro de este tramo educativo bajo los intereses directos de la patronal. La sustitución de la formación práctica en los centros por el trabajo en empresas no es más que uno de los primeros pasos. Junto a la promoción de la FP a distancia, el Gobierno anuncia un “informe de las necesidades actuales y futuras de formación” y la finalización del “nuevo catalogo de títulos”[3]. Las necesidades y los títulos se escogen en función de lo que pide en cada momento el mercado de trabajo, es decir, la última palabra la tiene la patronal.

Esto reafirma la tendencia a poner en manos de las empresas el futuro de los ciclos. Las empresas privadas según sus intereses deciden qué profesiones tienen cabida y cuáles no. Ya en estos momentos, gran parte de las titulaciones y programas de estudio son elegidos por el sector privado[4]. Con esto se quiere que la patronal comience a tener el control total de los programas de estudio.

La reforma del gobierno en FP: una amenaza para la educación pública

Por supuesto esto también refleja lo lejos que ha llegado el Gobierno del PSOE en su claudicación ante la patronal, también en el terreno educativo. Estas medidas no caen del cielo, la aceptación de la lógica de los intereses del capitalisomo como el único modelo posible, ha hecho que en estos últimos años el Gobierno hiciera suyos los objetivos de aquellos mismos que sacan tajada de la degradación de los recursos en la enseñanza pública. De hecho, esta nueva agresión a la educación pública es resultado del desarrollo de leyes reaccionarias que condensan las exigencias de toda la vida de la patronal. Particularmente de la Ley de Economía Sostenible (LES).

Bajo una montaña de promesas de cambio del modelo productivo, encontramos un autentico cajón de sastre de ataques contra la juventud y la clase trabajadora en todos los frentes decisivos.

En lo que respecta a la FP sacar adelante todos los puntos centrales que plantea la LES significaría poner definitivamente a ésta al servicio exclusivo de los intereses de lucro de los empresarios. Y desde luego las primeras medidas tomadas en 2011 van por ese camino. Sólo hace falta echar un vistazo a los artículos principales que dedica la LES al respecto. Junto a las declaraciones abstractas sobre la defensa de una educación “al servicio de los intereses de la sociedad y la economía” encontramos que las iniciativas prácticas van todas encaminadas a asegurar el dominio férreo de la empresa privada y sus ganancias.

Así en el artículo 76.Colaboración con las empresas privadas, en cuanto a los objetivos se destacan cosas como estas: “la realización del módulo de formación en centros de trabajo (2.a)”, “la utilización por las empresas de las instalaciones y equipamiento de los centros (2.c)”, o “la actualización profesional de los trabajadores y del profesorado. Esta formación podrá incluir instancias temporales de los profesores en las empresas tanto para la formación de sus trabajadores como para la actualización del profesorado (2.d)”.

No sólo se degrada la calidad de la ciclos a través de la modalidad a distancia, consecuentemente también se rompe la cualificación por la vía de mermar las condiciones de trabajo y aprendizaje de los docentes. Al atar a los profesores a las empresas su papel educativo se disuelve para convertirse en empleados que hacen labores de gestión dentro de estas. Y también sus derechos como trabajadores quedan en entredicho ante la falta de medios para conseguir una cualificación adecuada.

Otro ataque de envergadura se presenta en el apartado f.4 de ese artículo. Bajo el bonito título de El desarrollo conjunto de proyectos de innovación, se aboga por que “los centros de formación profesional y empresas de los diferentes sectores productivos podrán promover proyectos estratégicos comunes”. Se asegura que estos estarán dirigidos a la mejora de la innovación para afirmar a renglón seguido que “las acciones derivadas de la puesta en marcha de estos proyectos podrán ser financiadas total o parcialmente por las empresas relacionadas con estos”. De esta manera se promoverá que los costes de las prácticas y “las innovaciones” en las empresas se paguen con dinero público. Lo mismo se dice con la financiación de las instalaciones y equipamientos docentes. Una y otra vez se blindan los beneficios de las empresas en detrimento de la enseñanza pública.

Junto a la devaluación de los títulos de los ciclos de formación y la destrucción de ingentes recursos para la inversión en las necesidades de estos, la LES pone en marcha nuevas restricciones para tapiar el acceso a miles de jóvenes y trabajadores a los ciclos medios y superiores. La misma Formación Profesional por la que el gobierno dice apostar como piedra angular para el futuro de la educación y la economía.

En cuanto a los ciclos de grado medio la disposición final trigésima de la nueva Ley modifica la Ley Orgánica de 2006, de modo que tener el título de ESO en muchos casos ya no será suficiente para entrar en FP. Se habla de superar cursos de formación específicos para llegar a los ciclos. Estos cursos no serán obligatoriamente impartidos por la red pública, los centros privados autorizados por la administración podrán cubrirlos. Como puede verse otra oportunidad para aumentar los beneficios privados. También se presenta como un posible requisito superar una prueba de acceso especial (no se especifica nada más).

Con respecto los ciclos formativos de grado superior, estos se devalúan como herramienta para continuar con la formación. Ahora el acceso a la universidad queda en un limbo. En lugar de ser una llave directa a los estudios universitarios, la LES modifica el artículo 44 de la Ley Orgánica de 2006 en los siguientes términos “El Título de Técnico Superior permitirá el acceso directo a los estudios universitarios de grado por el procedimiento que reglamentariamente se determine”.

Sin duda un anticipo de lo que iba ser la imposición el 17 de Diciembre de este año de la Selectividad para los estudiantes de FP de Grado Superior.

Por el contrario lo que sí que ve un impulso enérgico son los Programas de Cualificación Inicial (PCI). Una vía que cierra el paso a la formación a través de los estudios y sirve para expulsar lo antes posible a miles de estudiantes con dificultades y presiones para continuar estudiando. El artículo 41 de la Ley Orgánica citada se modifica de forma que “Podrán acceder a un programa de cualificación profesional los alumnos que hayan finalizado el tercer curso de educación secundaria obligatoria o que sean mayores de 15 años y hayan cursado el segundo curso de educación secundaria obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al tercer curso de educación secundaria obligatoria”.

Esta opción se está convirtiendo en un sumidero por el que arrojar fuera del sistema educativo a aquellos que tengan más dificultades. De esta forma miles de estudiantes son empujados a sumarse al ejército de trabajadores y parados cuyas condiciones de vida cada vez están más degradadas.

En lugar de sacar adelante un plan de choque para dar a la educación en todos sus tramos los recursos que requiere, se pone en práctica una serie de ataques que en su conjunto rompen la orientación del sistema educativo hacía una formación cualificada.

La defensa de la FP, una batalla por el futuro de la juventud y los trabajadores

Estas medidas mencionadas, todas ellas preparadas para impedir el desarrollo de una FP de calidad que asegure un trabajo digno a la juventud obrera, son parte de un ataque general lanzado por la patronal y el conjunto de los capitalistas para acabar con todas las conquistas sociales que fueron el resultado de décadas de lucha.

Como hemos visto, los planes del Gobierno con la FP no tienen como fin ayudar a cambiar el modelo productivo con una nueva educación que apueste por la innovación y la cualificación en los estudios, es un recetario para impedir precisamente una educación cualificada a los hijos de los trabajadores y al conjunto de la clase obrera. Esta es la única solución que puede esperarse desde la lógica del sistema capitalista. Si en los años anteriores a la crisis, años de boom y suculentos beneficios económicos para los capitalistas, los empresarios no estaban interesados en cambiar la educación para mejorarla, en una situación de crisis donde el consumo se deprime y los beneficios conseguidos mediante la inversión productiva no paran de caer, el grueso de los beneficios de las grandes empresas no se destinan al trabajo cualificado y las grandes inversiones en industria y tecnología. Todo lo contrario, la patronal centra su atención en aumentar la sobreexplotación de la clase trabajadora y la juventud para garantizar sus ganancias por encima de todas las cosas.

En una situación en la que los ERES están convirtiendo en auténticos desiertos industriales a regiones enteras del Estado, la inversión masiva y la innovación se convierte en una broma macabra en boca de las instituciones y las grandes empresas. Por eso la política educativa sólo se concreta en recortes salvajes y supresión de las anteriores condiciones que permitían conseguir una cualificación. Basta con observar que este año el recorte en los presupuestos Generales llega al 8%[5].

Todo esto explica que en la práctica se esté destruyendo la educación pública, tal y como la conocemos, en todos sus tramos. Para terminar de hundir los salarios y las condiciones de trabajo necesitan acabar con la cualificación. Y en estos momentos la FP se está convirtiendo en una importante plataforma de educación cualificada. Además, los lazos de los módulos profesionales con el mercado de trabajo son mucho más estrechos que en el resto de modalidades educativas. Dentro de la enseñanza son los ciclos de formación la antesala más directa a un puesto de trabajo. Este es el motivo de que ataquen tanto a la FP.

Degradarla es uno de los medios más seguros para bajar los salarios de los trabajadores de forma rápida. Así pues, la patronal necesita hacerse con el control de la FP para acelerar sus ataques en las empresas. Ataques como la Reforma Laboral, encaminados a hacernos retroceder décadas, necesitan el fin de la cualificación, y que los centros de estudio de FP se conviertan en bolsas de empleo precario al servicio de la patronal.

De hecho uno de los objetivos declarados del Gobierno es extender los Centros Integrados de Formación Profesional[6]. Se trata de centros de estudio donde se fusionan las aulas de los ciclos con los cursillos del INEM. En el fondo se trata de convertir a los centros de formación en ETTs dentro del sistema educativo.

En ese sentido las reivindicaciones por una educación de calidad y en defensa de los derechos laborales van más unidas que nunca. Se hace urgente un plan de lucha general del movimiento obrero que incluya el rechazo frontal a las contrarreformas educativas y sociales. UGT y CCOO deben desmarcarse de cualquier apoyo, y mucho más de la firma de ningún ataque como lamentablemente han hecho recientemente con la Reforma de las pensiones.

Es necesario que los dirigentes sindicales rompan con esta política de pactos y consensos, que ya estamos viendo lo lejos que les hacen llegar, dando su consentimiento a los mayores ataques en las últimas décadas contra la clase trabajadora. Algo que también se traslada al mundo educativo, como pudimos ver con las declaraciones que desde FETE-UTG hizo Antonio Redero, secretario de Enseñanza Pública y FP, que considera que “realmente todo el proyecto [la LES] es muy positivo, pero la administración educativa es compleja”.

De la misma forma que en el frente laboral, de los derechos sociales o educativos, cualquier acuerdo en esta línea es una amenaza al futuro de la juventud y los trabajadores.