El 16 de noviembre se presentaba, en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados, el libro Propuestas para la reforma de la Universidad Española publicado por la Fundación Alternativas con el patrocinio del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

La moderadora fue la mismísima Mercedes Cabrera, ex ministra de Educación del PSOE, y en la introducción participó otra diputada socialista, Mariví Monteserín. No es de extrañar ya que en el Patronato de la Fundación Alternativas se encuentran, entre otros, varios pesos pesados del PSOE, tales como la propia Mercedes Cabrera, Felipe González, Gregorio Peces Barba o José Luis Rodríguez Zapatero.
Los autores del libro, en su mayoría profesores universitarios, esbozan las reformas que, en su opinión, necesita la universidad y que suponen enormes ataques a la universidad pública.

Aumento de tasas

En estos últimos meses, diferentes gobiernos en Europa elevaban las tasas universitarias a límites insospechados (Inglaterra, Irlanda o Italia). Uno de los artículos del libro propone lo mismo, aumentos del costo de la matrícula de manera generalizada y especialmente para los repetidores, respaldando de esta forma las últimas medidas ya aprobadas al respecto por el ministro Gabilondo (aumento del precio de las segundas matrículas del 50% y del 100% para las terceras). Según el articulista:
1.- Los estudiantes pagamos con la matrícula sólo el 10% de lo que cuesta nuestro curso escolar (aproximadamente 8.000 euros). Este desajuste debe corregirse de manera inmediata cargando este gasto sobre los hombros de los estudiantes. Para ello propone disparar la figura de la beca-préstamo frente a las becas, de tal manera que un joven comience su vida hipotecaria a los 18 años.
2.- Los estudiantes repetimos mucho y eso es un gasto para el estado que el contribuyente no tiene porqué realizar. Sin embargo, los datos del propio Ministerio de Educación (Datos y cifras del sistema universitario. Curso 2009/2010) contradicen completamente esta visión interesada: el 47% de los graduados tiene menos de 25 años, y hay que tener en cuenta que no todos los estudiantes empiezan la carrera con 18 años, además de que el 32,6% de los estudiantes compatibilizan trabajos y estudio.
3.- Por eso, además de las becas-préstamo, es necesario penalizar las segundas y terceras matrículas hasta alcanzar el 70% del coste real (5.600 euros).
En cualquier caso, el problema de la repetición de asignaturas no se debe a que los estudiantes no queramos aprobar, sino a la masificación, la falta de clases de refuerzo para alumnos con dificultades, la necesidad de muchos estudiantes de compatibilizar estudios con trabajo, etc. Aumentar el costo de la matrícula y de la repetición de asignaturas perjudicaría a los estudiantes hijos de trabajadores.

Bolonia no es suficiente

Si hay algo que comparten todos los autores del libro es su obsesión por considerar que el plan Bolonia es positivo, a la vez que insuficiente. El gobierno y sus intelectuales reconocen ahora lo que siempre negaron: que el plan Bolonia estaba concebido para una enseñanza en dos tramos: Una "general" de cuatro años (grado) y una especializada de dos (máster) y varios de ellos se lamentan de que el grado no se pueda realizar en tres años: Una formación básica y devaluada, para la mano de obra barata, y una especialización para la minoría. Así, de paso, el Estado se ahorraría un año de gastos en educación. Para los empresarios, igual que para los autores del libro, la educación debe, al fin y al cabo, responder a la ley de la oferta y la demanda, por eso es necesario el menor número de especializados posible. A su vez lanzan una nueva propuesta-ataque: abrir un proceso de fusión de las 50 universidades públicas que existen en la actualidad a un número mucho más reducido, ya que "Difícilmente un país como el nuestro (...) puede mantener un sistema universitario del tamaño, complejidad y la distribución que actualmente tiene". Dejando entrever, claramente, que el objetivo es buscar una situación cercana a la existente en 1975, cuando sólo existían 25 universidades públicas en las que estudiaban 200.000 estudiantes, frente a los cerca de millón y medio del curso 2008/2009.

Los derechos democráticos

Con la LOU, que preparaba la adaptación a Bolonia, se permitió la entrada de la empresa privada en los órganos de gobierno de la universidad. Pero esto no parece ser suficiente. Los autores del libro proponen la creación de un Consejo de Administración, semejante al de las empresas, que gobierne la universidad, siendo el rector y su equipo simples ejecutores de sus órdenes. Por supuesto, a esto le dan un barniz progresista argumentando que así se acabaría con las camarillas internas, los localismos, etc. Sin embargo, es precisamente la falta de democracia interna la que ha fomentado el surgimiento de localismos y camarillas. Con un gobierno en forma de Consejo de Administración la universidad estará directamente al servicio de la empresa privada y no de la comunidad educativa y las necesidades sociales generales.

Privatización

Pese a que la privatización de la universidad se ha ido profundizando en los últimos años (introducción del Consejo Social, bancos, préstamos-renta, centros concertados universitarios, etc.) el libro plantea  una vuelta de tuerca: que el I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) sea la puerta de atrás para la entrada del capital privado en la universidad, a través de lo llaman el mecenazgo. La realidad es que son grandes empresarios y corporaciones las que lo hacen, con el único objetivo de presionar a los grupos de investigación para que se dediquen a cuestiones de las que puedan obtener beneficios.
Otra de las ideas que se plantean es que las subvenciones públicas a proyectos de investigación estén ligadas a la productividad. Si unimos esta medida a la anterior, observaremos claramente la dirección de la investigación universitaria española. Los empresarios ignorarán directamente los proyectos de investigación ligados a las humanidades, la mayoría de los cuales no reportan beneficio económico.

Ni una referencia a los problemas fundamentales

Según esta visión de la universidad sus problemas son: localismo, endogamia, problemas de gobierno, investigación, etc. Es cierto que estos problemas existen pero desde luego no son los principales. Sí lo son la falta de financiación, la masificación, la privatización, la falta de derechos democráticos... Pero acabar con la repetición de asignaturas, el fracaso universitario, la endogamia, y demás problemas, no pasa por recortar y privatizar, si no por aumentar y mejorar las condiciones de trabajo y de estudio a través de una universidad pública de calidad, con la suficiente inversión para que cualquier hijo de trabajador pueda realizar estudios superiores. La educación es un derecho, no un negocio.
Si el PIB en educación universitaria aumentase hasta el 2% podría garantizarse una política de contratación de profesores con salarios dignos, que reduzca el número de alumnos por aula sin necesidad de poner más trabas académicas (endurecimiento de la selectividad, numerus clausus) o económicas (aumento de tasas en las segundas matrículas). Esto garantizaría evaluaciones correctas y una atención individualizada, la supresión del numerus clausus, una educación completamente gratuita, aumentar las becas de manera que fueran becas-salario de 1.100 euros al mes (y no 3.400 al año como hoy en día).
Los autoproclamados "realistas" argumentarán que estamos en crisis. Pero mientras a los trabajadores se les aplica recortes salariales, reformas laborales y de las pensiones y constantes aumentos de los impuestos indirectos, las empresas españolas aumentaron en el primer trimestre de 2010 su beneficio bruto en un 14% y su valor añadido bruto un 6,4% en el primer semestre de 2010. Si el Estado está endeudado, debería dejar de regalar dinero a los bancos y expropiar a las grandes empresas para ponerlas a producir bajo control de los trabajadores, dedicando los beneficios a cuestiones tan fundamentales como la sanidad y la educación públicas.