En este curso académico se ha completado la aplicación de los Planes de Bolonia en la enseñanza universitaria. Por primera vez, todas las carreras que comienzan lo hacen ya dentro del programa de los famosos planes. Las consecuencias no se han hecho esperar: aumento del precio de las matrículas, imposibilidad de compaginar estudios y trabajo, cientos de personas que no pueden cursar el antiguo CAP, etc.
Como era de esperar, los efectos que los Planes de Bolonia iban a tener comienzan a vislumbrarse más pronto que tarde. Este curso, como viene siendo habitual, las tasas universitarias aumentaron nuevamente. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en la Conferencia General de Política Universitaria, decretó la posibilidad de un aumento del precio de las tasas universitarias de entre un 1,5 y un 5,5%, lo que dio como resultado la disparidad de subidas de los precios entre las distintas Comunidades: desde el aumento del 1,5% en Galiza o Canarias, pasando por el 2,5% de aumento en Catalunya, hasta el 4% de aumento en el País Valencià; pero el denominador común fue precisamente ese: el aumento generalizado de tasas, en unas más y en otras menos, pero aumento al fin y al cabo, lo que dificulta el acceso a la Universidad a miles de jóvenes de clase trabajadora en un contexto de grave crisis económica.
Por otra parte está el CAP, actualmente Máster del Profesorado, que es una muestra más de que con los Planes de Bolonia se pretende expulsar a los hijos de los trabajadores de la Universidad. Por un lado aumenta el tiempo de duración con respecto al antiguo CAP (de 6 meses a 2 años); se incrementa el precio (de 600 euros a casi 1800 en algunas universidades); y, para colmo, se ponen más trabas para acceder: realizar una prueba específica diseñada por la Universidad en cuestión; poseer un certificado que acredite el dominio de una lengua extranjera o efectuar una prueba que acredite el dominio en tal lengua (lo que perjudica a los que tiene menos medios para ir a clases particulares o viajar al extranjero para aprender idiomas); asistir de forma obligatoria al menos al 65% de las clases (imposible compatibilizar con un trabajo); etc.
Ciclos Formativos, Educación Secundaria,…
En lo que respecta a la Formación Profesional, la situación es, si cabe, mucho más grave e insultante. Justo en un momento en el que un sinfín de jóvenes está quedándose en paro por causa de la crisis capitalista y, por tanto, que ante la perspectiva de permanecer en la inactividad durante un largo periodo de tiempo desean incorporarse de nuevo al sistema educativo para mejorar su formación y aumentar las posibilidades futuras de acceder a un puesto más cualificado (230.000 alumnos más matriculados para hacer la Selectividad y un 37% de aumento de alumnado en la UNED), las posibilidades de estudiar son más escasas. Este curso 2010-2011, hay ya más de 45.000 no admitidos en los Ciclos Formativos en todo el Estado, a lo que se une la falta de profesorado para muchos de los ciclos (sólo en el País Valencià, 5.000 estaban pendientes del recorte de profesorado en FP, que podía afectar a 1.000 docentes de 2.100 ciclos y a más de 60.000 estudiantes). A esto hay que unir que el aumento de alumnado en los Ciclo este año, unos 34.000 con respecto al curso pasado según el Ministerio de Educación, va a provocar un aumento de la ratio de alumno por aula, lo que ocasionará masificaciones. Y la masificación y la calidad de la educación son realidades incompatibles.
En la educación Secundaria el panorama no es mucho más alentador y sigue la tónica de la Universidad y los Ciclos Formativos: degradación de la educación pública en el contexto de crisis capitalista a cambio de potenciar la educación privada-concertada. Por aportar algunos datos, en relación a los barracones, esas casetas deficientes y deplorables donde reciben clase miles de estudiantes, hay que señalar que sólo en el País Valencià , este curso 2010-2011 habrá más de 17.000 estudiantes en 848 barracones. En Catalunya, más de 20.000 en 1057 barracones. Y así podríamos seguir con una larga lista. Además, y también en el País Valencià, se suprimen este curso 1.222 plazas de profesorado.
Por otra parte, en Galiza, se inicia el curso marcado por dos temas principalmente. El primero es la falta de 600 docentes este curso con respecto al pasado, habiendo 4.500 estudiantes más. El segundo es el Decreto del gallego lanzado por la Xunta de la derecha españolista de Feijóo. La CIG ya anunció que cualquier sanción al profesorado por impartir clases en gallego será considerado una “declaración de guerra” y que no dudarán en “recurrir a la huelga si es necesario”, cuestión que desde el Sindicato de Estudiantes apoyamos plenamente. Además, se cierran este curso 19 centros, 79 unidades en infantil y primaria, 14 ciclos formativos superiores y 6 medios, y 50 centros de educación para adultos (en Vigo, por ejemplo se reducen a la mitad). Por el contrario, se crean 19 nuevas unidades concertadas. En el conjunto del Estado, desaparecen 6.400 profesores de refuerzo sólo entre Madrid, País Valencià, Canarias, Catalunya y Galiza. Un auténtico escándalo pese a las bonitas palabras que Gabilondo dirigía a las Comunidades, planteando "que no paguen con Educación la crisis económica".