Tras dos años de retraso, el Ministerio de Ciencia e Innovación, presidido por Cristina Garmendia (votante declarada del PNV, con un máster MBA en la Universidad del Opus Dei de Navarra y que fue miembro de la ejecutiva de la CEOE) ha elaborado un borrador de ley de Ciencia a la altura del currículum vítae de su Ministra: hecha por y para los intereses de los empresarios.
Bajo el pretexto de fomentar la innovación y el cambio al "nuevo modelo
productivo", lo que se lleva a cabo es un batallón de medidas para
convertir las universidades públicas en los departamentos de I+D
(Investigación y desarrollo) de las grandes empresas. Ya en la
exposición de motivos se deja claro que el objetivo es facilitar la
participación del sector privado en la investigación y adaptarse a sus
necesidades.
¿Cómo se traslada esto al articulado de la propia ley? En primer lugar se crea un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde "estarán representados los agentes económicos y sociales más representativos", es decir, la patronal. Su función será, obviamente, asesorar sobre la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, o lo que es lo mismo, qué es lo que se investiga y de dónde sale el dinero. Dicho de otro modo, su función será asegurarse de que los recursos públicos llegan a buen puerto: a las arcas de los empresarios.
Aprovechando se crea también el Comité de Ética para la Investigación, compuesto a medias por miembros elegidos por la Administración General y por las Comunidades Autónomas. Este comité va a ser otro nuevo campo de batalla para que los miembros elegidos por las Comunidades donde gobierna el PP puedan exponer sus reaccionarios argumentos sobre la investigación con células madre, el aborto o el origen divino del ser humano.
Todo el título III de la ley está orientado a regalar recursos públicos a las empresas privadas. Art. 31 b:"el impulso de la participación de las empresas en los centros generadores del conocimiento" (Universidades y centros públicos de investigación), 31 c: "como el fomento de la cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector privado a través de los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico", artículo 32: Convenios de colaboración con entidades privadas, entre los que se incluye la cesión de las instalaciones públicas a las empresas (por ejemplo, los laboratorios de las universidades), artículo 33 d: Fomentar las relaciones entre centros de investigación, investigadores y empresas. Y así podríamos seguir hasta el infinito.
Una de las promesas de esta ley es la de consolidar una carrera investigadora digna. Una vez más, sin embargo, la realidad es muy distinta. Mientras por un lado se dan facilidades para trabajar en la empresa privada (art 16.5), con excedencias de hasta 5 años manteniendo el puesto de trabajo, por el otro siguen las desigualdades entre los diferentes tipos de contrato. Por ejemplo, los investigadores con contrato predoctoral cobrarán el 55% menos del salario del convenio colectivo el primer año de trabajo, llegando a cobrar el 75% tras cuatro años. Es bochornoso que la propia Administración plantee que los jóvenes formándose deben cobrar ¡la mitad! por realizar el mismo trabajo.
Tampoco va a acabar con la precariedad y el fraude con los becarios como sustitutos del trabajo estable y con derechos. La Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios ha denunciado 200 becas fraudulentas por un valor de más de dos millones de euros, y esto es sólo la punta del iceberg. "Teniendo en cuenta un estudio encargado en 2006 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que estimaba en 150.000 el número de becarios en España y que la gran mayoría encubría puestos de trabajo, se puede intuir que el fraude a la Seguridad Social vinculado al mal uso de de las becas podría ser multimillonario"(1)
Y en una línea totalmente opuesta a las promesas sobre el "nuevo modelo productivo" basado en la innovación tecnológica está la realidad de la inversión en I+D en el Estado español. Mientras que la media de la UE en gasto público en I+D es del 1,8% del PIB, aquí apenas llega al 1,35%. El presupuesto de este año es un 15% menos que el anterior en subvenciones, no llegando a lo que se gastaba en 2006. Por si eso fuera poco, el Ministerio de Ciencia dejó sin ejecutar el 22% de su presupuesto, más de 1.500 millones de euros.(2)
En todos los aspectos del gasto público y la política social (educación, reforma laboral, investigación..) el Gobierno está haciendo lo contrario de lo que dice. Mientras que nos prometían que la crisis no la pagarían los más desfavorecidos, se intenta aprobar contrarreformas laborales y de las pensiones. Mientras que se dice que la salida a la crisis es un "nuevo modelo productivo", que debe ser como el Santo Grial, porque nunca aparece por ningún lado, lo que se aprueban son leyes que sólo favorecen a los empresarios, que podrán aprovecharse de los recursos públicos para poder aumentar sus beneficios. El PSOE no puede engañarse. A la burguesía española le importa un pimiento la investigación, mientras puedan llenarse los bolsillos con la especulación (ya están intentado crear una nueva burbuja con la vivienda) o sobreexplotándonos como mano de obra barata. Darle más regalos a los empresarios no va a cambiar nada, por lo menos, nada a mejor.
¿Cómo se traslada esto al articulado de la propia ley? En primer lugar se crea un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde "estarán representados los agentes económicos y sociales más representativos", es decir, la patronal. Su función será, obviamente, asesorar sobre la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, o lo que es lo mismo, qué es lo que se investiga y de dónde sale el dinero. Dicho de otro modo, su función será asegurarse de que los recursos públicos llegan a buen puerto: a las arcas de los empresarios.
Aprovechando se crea también el Comité de Ética para la Investigación, compuesto a medias por miembros elegidos por la Administración General y por las Comunidades Autónomas. Este comité va a ser otro nuevo campo de batalla para que los miembros elegidos por las Comunidades donde gobierna el PP puedan exponer sus reaccionarios argumentos sobre la investigación con células madre, el aborto o el origen divino del ser humano.
Todo el título III de la ley está orientado a regalar recursos públicos a las empresas privadas. Art. 31 b:"el impulso de la participación de las empresas en los centros generadores del conocimiento" (Universidades y centros públicos de investigación), 31 c: "como el fomento de la cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector privado a través de los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico", artículo 32: Convenios de colaboración con entidades privadas, entre los que se incluye la cesión de las instalaciones públicas a las empresas (por ejemplo, los laboratorios de las universidades), artículo 33 d: Fomentar las relaciones entre centros de investigación, investigadores y empresas. Y así podríamos seguir hasta el infinito.
Una de las promesas de esta ley es la de consolidar una carrera investigadora digna. Una vez más, sin embargo, la realidad es muy distinta. Mientras por un lado se dan facilidades para trabajar en la empresa privada (art 16.5), con excedencias de hasta 5 años manteniendo el puesto de trabajo, por el otro siguen las desigualdades entre los diferentes tipos de contrato. Por ejemplo, los investigadores con contrato predoctoral cobrarán el 55% menos del salario del convenio colectivo el primer año de trabajo, llegando a cobrar el 75% tras cuatro años. Es bochornoso que la propia Administración plantee que los jóvenes formándose deben cobrar ¡la mitad! por realizar el mismo trabajo.
Tampoco va a acabar con la precariedad y el fraude con los becarios como sustitutos del trabajo estable y con derechos. La Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios ha denunciado 200 becas fraudulentas por un valor de más de dos millones de euros, y esto es sólo la punta del iceberg. "Teniendo en cuenta un estudio encargado en 2006 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que estimaba en 150.000 el número de becarios en España y que la gran mayoría encubría puestos de trabajo, se puede intuir que el fraude a la Seguridad Social vinculado al mal uso de de las becas podría ser multimillonario"(1)
Y en una línea totalmente opuesta a las promesas sobre el "nuevo modelo productivo" basado en la innovación tecnológica está la realidad de la inversión en I+D en el Estado español. Mientras que la media de la UE en gasto público en I+D es del 1,8% del PIB, aquí apenas llega al 1,35%. El presupuesto de este año es un 15% menos que el anterior en subvenciones, no llegando a lo que se gastaba en 2006. Por si eso fuera poco, el Ministerio de Ciencia dejó sin ejecutar el 22% de su presupuesto, más de 1.500 millones de euros.(2)
En todos los aspectos del gasto público y la política social (educación, reforma laboral, investigación..) el Gobierno está haciendo lo contrario de lo que dice. Mientras que nos prometían que la crisis no la pagarían los más desfavorecidos, se intenta aprobar contrarreformas laborales y de las pensiones. Mientras que se dice que la salida a la crisis es un "nuevo modelo productivo", que debe ser como el Santo Grial, porque nunca aparece por ningún lado, lo que se aprueban son leyes que sólo favorecen a los empresarios, que podrán aprovecharse de los recursos públicos para poder aumentar sus beneficios. El PSOE no puede engañarse. A la burguesía española le importa un pimiento la investigación, mientras puedan llenarse los bolsillos con la especulación (ya están intentado crear una nueva burbuja con la vivienda) o sobreexplotándonos como mano de obra barata. Darle más regalos a los empresarios no va a cambiar nada, por lo menos, nada a mejor.
(1) http://www.precarios.org/tiki-read_article.php?articleId=206
(2) El País, 12/04/2010
(2) El País, 12/04/2010