El pasado 27 de enero el gobierno del PSOE, a través de su ministro de Educación, presentó oficialmente el primer borrador sobre el “Pacto por la Educación”. Dos días más tarde, en el Consejo de Ministros, el ejecutivo del PSOE aprobaba un paquete de contrarreformas sociales con la intención de aumentar la edad de jubilación a los 67 años y endurecer el acceso a las pensiones. Al mismo tiempo, se ha anunciado un recorte drástico del gasto público en torno a los 50.000 millones de euros y una nueva reforma laboral.
Todas estas contrarreformas presentadas por el
gobierno representan un recorte generalizado de las condiciones de vida
de las familias trabajadoras. Los dirigentes del PSOE, lejos de aplicar
una política de izquierdas en beneficio de quienes han posibilitado su
llegada al gobierno, están cediendo vergonzosamente a las presiones de
la CEOE, el PP y la jerarquía de la Iglesia Católica. El Pacto
educativo, que no es otra cosa que un ataque frontal contra la escuela
pública que continúa el proceso iniciado con el famoso Plan Bolonia para
privatizar la Universidad, no puede ser analizado de forma aislada.
Esta contrarreforma en el terreno educativo es una parte más de un plan
integral cuyo objetivo es que la factura de la crisis la paguen los
trabajadores y sus familias.
Los dos borradores presentados por el Ministerio de Educación, el último
el día 22 de febrero, son precisamente esto, una capitulación punto por
punto ante los intereses de los elementos más reaccionarios de la
sociedad. De esta forma podemos ver cómo desde el inicio del documento
los dirigentes del PSOE adaptan su discurso y sus propuestas a las
reivindicaciones históricas de la derecha. Haciendo a su vez oídos
sordos ante las demandas de la izquierda que siempre han defendido la
escuela pública.
Desde el mismo preámbulo se deja sentir esta capitulación, planteando la necesidad de “la cultura del esfuerzo y el trabajo” como valores a inculcar en los jóvenes para que seamos conscientes “de su importancia, de su necesidad, de su indiscutible reflejo en los resultados finales ”. Estas palabras no son más que el eco de la machacona propaganda con la que la derecha insiste una y otra vez, tratando de apuntalar la idea de que uno de los problemas fundamentales de la educación es que somos unos vagos que ni nos esforzamos, ni trabajamos; a la vez que ocultan y menosprecian el problema principal: la falta de medios humanos y materiales.
De hecho, el documento se aproxima a la situación real de la educación asumiendo que hay “algunos” aspectos que debemos mejorar, pero que en general las cosas no están mal. Tan lejos se llega en esta consideración, que ya no se habla de la necesidad de garantizar la calidad de la enseñanza, sino de su excelencia; utilizando éste término hasta en 15 ocasiones a lo largo de las 28 páginas de la primera propuesta y otorgándole un apartado entero de la misma.
Ninguna solución para la Educación Infantil
El documento del pacto aborda la educación desde las edades más tempranas hasta la educación superior. En lo que se refiere a educación infantil, el Ministerio reconoce que “El comienzo de la atención educativa en edades anteriores a la escolaridad obligatoria contribuye a la mejora del éxito escolar futuro de los estudiantes y a la igualdad de oportunidades ”. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento sobre la importancia de la Educación Infantil, la realidad para su primer tramo es que únicamente en torno al 20% de los menores de 3 años está matriculado .
La explicación de esta realidad está determinada por la no obligatoriedad de esta etapa, que a su vez refleja la ausencia de plazas públicas suficientes. Si hubiera un interés real en aumentar drásticamente la matriculación en este tramo, para así favorecer “el éxito escolar futuro de los estudiantes y la igualdad de oportunidades”, lo que debería hacer el gobierno es un plan para crear en los próximos dos años el más de millón y medio de plazas públicas necesarias para absorber a toda la población entre cero y tres años.
Cobertura de plazas públicas de 0 a 3 años
Estimación del número de plazas públicas del Primer Ciclo de Infantil por comunidades autónomas.
Plazas existentes Población 0-3 años % Cobertura
Andalucía 62.738 280.942 22,30%
Aragón 10.369 36.564 28,30%
Asturias 3.400 85.589 3,90%
Baleares 5.762 36.511 16%
Canarias 6.796 65.767 10,30%
Cantabria 2.945 15.775 18,60%
Castilla y León 13.010 59.899 21,70%
Castilla-La Mancha 15.000 60.475 24,80%
Cataluña 43.158 245.960 17,50%
Comunidad Valenciana 20.500 160.983 12,70%
Extremadura 7.457 31.251 23,80%
Galicia 11.000 64.801 16,90%
Madrid 36.029 220.614 16,30%
Murcia 5.219 55.315 9,40%
Navarra 5.197 19.532 26,60%
País Vasco 29.799 59.392 50,10%
La Rioja 1.665 19.532 26,60%
FUENTE: Elaboración de la revista Magisnet a partir de los datos aportados por las consejerías de Educación, Familia o Bienestar Social, sindicatos de enseñanza autonómicos y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para el curso 2008-2009
Como consuelo a esta situación, el Ministerio explica que, a diferencia de lo que sucede en el primer ciclo de educación infantil, en el tramo de 3-6 años la práctica totalidad de la población infantil está escolarizada, pero olvida explicar que, también aquí, existe una clamorosa falta de plazas públicas, que hace que los niños estén repartidos prácticamente por igual entre la red privada y la pública. No porque los padres hayan “elegido libremente” llevarlos a la privada, sino porque, nuevamente, no existen plazas públicas suficientes para cubrir toda la demanda social existente.
Para afrontar la falta de escolarización en el primer ciclo de infantil lo que propone el documento para el pacto educativo es ampliar el Plan Educa3 , para de esta manera “incrementar la oferta de plazas en este primer ciclo de educación infantil ”. Como se puede comprobar, al igual que sucederá en el resto del documento, no aparece ninguna referencia al carácter público de estas nuevas plazas, por lo que es evidente que lo que en realidad se va a “incrementar” es la desviación de fondos públicos a manos privadas. Además, al dejar la educación infantil en manos de la privada-concertada ésta se convierte en la medida más efectiva para la privatización progresiva del resto de los tramos educativos, ya que es obvio que unos padres que lleven a su hijo a la concertada en la etapa infantil muy difícilmente optarán por cambiarlo a la educación pública al pasar a la primaria, ya que lo lógico es que el alumno se mantenga en el mismo centro de estudios con el que ya está familiarizado. En definitiva, con las propuestas recogidas en el Pacto, la Educación infantil sigue siendo un verdadero caladero de clientes para la educación concertada.
El gobierno PSOE recupera los itinerarios del Partido Popular
En las primeras páginas del documento de propuestas, e inmediatamente después de dejar claro que la educación infantil continuará siendo un lucrativo negocio con el que enriquecerse, a la vez que cantera de clientes para los empresarios de la educación privada, nos encontramos con lo que puede constituir el ataque más grave de todo el texto.
La propuesta es, ni más ni menos, que recuperar la rancia idea de imponer itinerarios en secundaria, para así, en la práctica, apartar y facilitar la expulsión del sistema educativo de los estudiantes con mayores dificultades. Esta se llevará a cabo a través de dos medidas. En primer lugar con la imposición de un 4º de ESO “con dos perfiles diferenciados”: uno que llevará al bachillerato, para posteriormente poder matricularse en la universidad o en una FP de grado superior, y, otro, para desviar a los estudiantes con mayores necesidades y dificultades a una FP de grado medio, que quedará seriamente devaluada.
La decisión sobre qué 4º de ESO “elegir” deberá tomarse en 3º de ESO, por tanto con 14 ó 15 años seremos encaminados o bien a una mejora de nuestra formación y más posibilidades de encontrar un trabajo digno en el futuro; o a tomar una salida prematura al mercado laboral con baja cualificación, convirtiéndonos así en carne de cañón para la explotación.
Tan importante decisión, que determinará nuestro futuro académico y laboral, se adoptará mediante una evaluación de diagnóstico que se realizará en dos momentos de la vida académica: una en 4º de Primaria y, otra, en 2º de la ESO, con el resultado de ésta última será con la que se comenzará a determinar el futuro que nos espera. Esta medida no es otra cosa que la aceptación por parte del gobierno PSOE de una demanda recurrente del Partido Popular.
Dicha prueba de diagnóstico -sobre la que no queda claro su carácter público o no, lo cual nos hace temer que, posiblemente acabe siendo pública- hará que los resultados de cada centro entren en clara competición con los del resto para ver quién obtiene mejor cualificación, introduciendo así el ansiado ranking de centros propugnado por la derecha, en el que claro está, la red privada-concertada -en la medida que no acepta a alumnos con necesidades académicas especiales- siempre tendrá más posibilidades de salir mejor parada en los resultados de esta prueba.
Pero volviendo sobre las medidas de carácter segregador, las propuestas sobre la desviación de alumnos de la rama general de ESO y Bachillerato a partir de 3º de ESO, no acaban aquí.
Como muchos recordamos uno de los aspectos más criticados de la pasada L.O.E. era que, de manera excepcional, algunos de los alumnos que no aprobasen 3º de la E.S.O. a la primera, podían “elegir” encaminarse hacia lo que se conoce como PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial). En la práctica esto significaba que podían ser segregados con tan sólo 15 años hacia un itinerario con el que obtener una cualificación totalmente devaluada y que no conducía a la obtención del título de secundaria obligatoria. En la propuesta de Pacto presentada por el Ministerio de Educación esta posibilidad, que hasta ahora mantenía un carácter excepcional, pasa a ser de carácter general, lo que significa que cualquier alumno de 15 años con dificultades para aprobar 3º de la E.S.O. será desviado a otros itinerarios de segunda. El Ministerio propone tres opciones diferentes:
• Cursar un programa de diversificación curricular.
• Cursar un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
• O repetir curso.
Lo que esto significará en la práctica es que los alumnos con más dificultades, en lugar de recibir una mayor atención y apoyo para superarlas, serán desviados desde el primer momento hacia un itinerario que les expulse del sistema educativo lo más rápido posible. Aunque formalmente continuarán en el instituto, en realidad la formación que recibirán no estará destinada a permitirles continuar progresando en su vida académica, sino simplemente a mantenerlos ocupados hasta su salida al mercado laboral.
Las medidas de fuerte segregación que se producirán con la finalización de 3º de la ESO, comenzarán a desarrollarse y aplicarse desde el primer día de curso, ya que el Ministerio propone “reforzaremos las medidas de orientación, académica y profesional, especialmente en el tercer curso de ESO” para de esta forma encaminar a cada alumno hacia una u otra vía, eso sí, atendiendo siempre a “las opciones más ajustadas a sus competencias e intereses” . En definitiva, nos encontramos ante la clara intención de comenzar a segregar a los estudiantes en 3º de la ESO, para conseguir así que la criba que haya que hacer en 4º sea algo más disimulada.
Devaluación y privatización de la Formación Profesional
Durante la última década, por no retroceder más atrás en el tiempo, hemos escuchado de forma permanente una cantinela destinada a extender la idea de que: “no todos los estudiantes tenemos que ir a la universidad, la Formación Profesional es una muy buena opción para cualquier alumno, y debemos animar al mayor número de jóvenes a que la escojan como primera opción”.
Mientras esta idea se propagaba una y otra vez, veíamos cómo cada curso decenas de miles de jóvenes se quedaban sin plaza para cursar la misma FP que tanto recomendaban, cómo los medios humanos y materiales de los que disponían para su formación eran manifiestamente obsoletos y cómo, por supuesto, sus prácticas en empresas pocas veces tenían que ver con la materia estudiada y la remuneración que recibían por su trabajo era inexistente.
A pesar de ello, la Administración, ha obviado esta realidad, no ha invertido para lograr la dignificación de la FP, ni ha rectificado su discurso al descubrir que no había plazas suficientes para los que ya han elegido el camino de la Formación Profesional.
Las nuevas propuestas hechas por el Ministro Gabilondo en el borrador de Pacto Educativo, no sólo no resuelven todas estas deficiencias, sino que además suman una serie de medidas que sólo provocarán un empeoramiento sobre la situación actual.
En los últimos meses el Gobierno está hablando mucho sobre “el nuevo modelo productivo”, que dice estar impulsando para que una crisis como en la que está inmerso el Estado español no vuelva a repetirse. Para ello la solución propuesta es desarrollar un nuevo modelo de producción basado en una mejora de la educación y la investigación, para, desde ahí, construir este “nuevo modelo productivo”.
Sin olvidar que, como ya hemos explicado en otros artículos este tipo de crisis son consustánciales al propio sistema capitalista, el objetivo de este discurso es sembrar la falsa ilusión de que es posible humanizar y racionalizar el capitalismo corrigiendo sus excesos. Sin embargo, la cruda realidad demuestra precisamente todo lo contrario. Durante el período de crecimiento económico que precedió a la crisis, en el que banqueros y empresarios han conseguido beneficios multimillonarios y el Estado ha contado con superávit, este sistema fue incapaz de resolver los graves problemas que aquejan a amplios sectores de la población, como el desempleo, la falta de vivienda o la precariedad laboral. Y, ahora, que la economía está en crisis, ¿qué nos ofrecen los defensores del sistema capitalista? Un aumento explosivo del paro, reducción de los salarios y recortes en los derechos laborales, así como ataques a la sanidad y la educación públicas. La única solución efectiva y duradera pasa por arrancar de las manos del pequeño puñado de banqueros y empresarios que controla la riqueza que existe en la sociedad, los medios de producción, acabando con la dictadura del capital financiero. Necesitamos otro sistema económico que mediante la nacionalización de la gran banca, los grandes monopolios y latifundios, ponga toda esta riqueza al servicio de la mayoría de la población bajo el control democrático de los trabajadores. Por ello, nuestra alternativa es transformar la sociedad en líneas auténticamente socialistas.
De hecho, la propia actuación del gobierno es una demostración de la falta de credibilidad de su alternativa. Las propuestas que hace Zapatero en el debate sobre el nuevo modelo económico entran en abierta contradicción con las políticas de sus ministros en todos los ámbitos. En este caso en concreto con su política educativa.
Así podemos ver cómo la propuesta número 39, entre otras, hace saltar por los aires todo este discurso de “fomentar la educación para generar nuevas líneas de producción que no hagan depender a la economía de la construcción y el turismo”. La citada propuesta rompe por completo con el discurso del propio Gobierno, puesto que plantea que se realizarán “estudios de tendencias para adaptar la oferta formativa de FP a las necesidades y demanda de las entidades y organizaciones públicas, privadas, empresariales, etc., incrementando la cooperación de éstas y de los agentes sociales en el diseño y planificación de las enseñanzas profesionales.”
Es decir, que los encargados de diseñar los planes académicos de la futura FP para el hipotético “nuevo modelo productivo” son aquellos que se benefician, y mucho, del actual modelo productivo. Hablemos claro, ¿cuáles son las necesidades y las demandas de las organizaciones privadas y empresariales? Traduciendo el lenguaje de moqueta y despacho del Ministerio a la vida real, responderemos que la obtención del máximo beneficio, sin reparar en sus posibles consecuencias negativas. Será imposible convencernos de que los mismos empresarios que convierten el hecho de ser joven en un motivo de discriminación laboral -que se concreta en salarios miserables, eventualidad y precariedad- van a dejar a un lado sus intereses privados para velar por las necesidades educativas de los hijos de los trabajadores.
¿Dónde queda entonces el impulso a la educación para convertirse en la base del “nuevo modelo productivo” con especial énfasis en la Formación Profesional? Lo que queda claro es que esta medida no servirá para impulsar ese invisible nuevo modelo. Sin embargo, para lo que sí que será útil, y mucho, es para poner más que nunca, la educación al servicio de la patronal y no al de las necesidades sociales existentes.
La nueva FP; un cauce para trasvasar fondos públicos a la patronal
A través de una visión de conjunto del borrador entregado hace unas semanas por el Ministerio salta a la vista que el modelo educativo por el que apuesta el Ministerio no es el público, sino el de una enseñanza privada con “participación” de la administración pública.
En lo que se refiere a la FP ya hemos visto cómo se confía en el sector privado para decidir cuáles deben ser los programas de estudio. Pero por si esto no fuera poco, la propuesta que hace el gobierno incluye varios cauces por los que desviar, aún más fondos públicos a los empresarios, no sólo de la patronal de la enseñanza, sino de cualquier sector.
Con los artículos propuestos, prácticamente cualquier empresario podrá pedir dinero a la administración por contratar a nuevos trabajadores. De esta forma, el documento afirma que adoptarán “programas de ayudas a empresas para ofertar contratos de trabajo, en particular, para menores de 24 años, que contemplen una parte del tiempo dedicado a la formación necesaria para obtener la titulación básica.” Más adelante otra propuesta es que se deben establecer “acuerdos entre las administraciones y las empresas para la contratación laboral a tiempo parcial compatible con la actividad escolar, junto con incentivos a las empresas que incrementen el número de sus trabajadores con titulación post-obligatoria. ”
Es decir, que cualquier empresario que contrate a: menores de 24 años que a la vez que trabajan estudian para obtener el título de ESO, a trabajadores que, sin límite de edad, estén contratados a tiempo parcial y a la vez matriculados en algún estudio, a trabajadores que, sin limite de edad, tengan al menos una FP de grado medio o el bachillerato, podrá solicitar una ayuda económica al gobierno por estar “favoreciendo el nuevo modelo productivo”.
Como todo el mundo se podrá imaginar, esto va a suponer que en muchos casos se impartan “cursos de formación” en las empresas para así poder justificar una subvención del Estado. En lugar de invertir todo este dinero en mejorar la FP, dotarla de los medios necesarios y crear las plazas públicas suficientes, se opta por confiar, por enésima vez, en los grandes capitalistas, responsables de la actual crisis económica, para que nos saquen de esta situación y mejoren la educación y el mercado de trabajo.
El borrador de Pacto acepta el incentivo al abandono de la FP reglada
El documento propuesto por el Ministro Gabilondo da por bueno el nuevo modelo de FP que fomenta la obtención del título a través de las cualificaciones profesionales por competencias. Esta medida se lanzó en el año 2008 como si de un derecho progresista se tratase. Su intención era convalidar la experiencia laboral con el reconocimiento académico de una titulación determinada.
Este reconocimiento se daría tras acreditar tres años de experiencia laboral y superar una prueba práctica evaluada por "un grupo de expertos.” En nuestra opinión este tipo de medidas no solventan ninguno de los problemas de la Formación Profesional y tampoco sirven para reconocer, de una manera real y efectiva, los conocimientos de un trabajador.
Lo que en realidad va a suponer esta medida es una clara devaluación de los títulos de FP, así como un deterioro en las condiciones de trabajo de miles de jóvenes. La aprobación de esta reforma desincentiva la matriculación de nuevos estudiantes en una Formación Profesional reglada. Por otra parte, aquellos jóvenes que deciden utilizar este medio para obtener el título, se exponen a tener que trabajar durante al menos tres años en condiciones precarias (ya que al comienzo de este camino no contarán con el título de FP) y, en caso de que lo obtuvieran, el empresario siempre podrá negarse a reconocerles una serie de mejoras, excusándose en que no cuentan con una formación teórica adecuada.
Desde el Sindicato de Estudiantes siempre hemos valorado la experiencia profesional como un medio para obtener un título oficial. Sin embargo, pensamos que la solución no pasa por medidas que reduzcan el presupuesto del Estado en la educación pública (a la vez que se abren nuevas vías de financiación para la patronal), sino por la creación de una FP para adultos financiada por el Estado, que a través de becas-salario reales, permitan a los trabajadores obtener un título oficial que acredite y desarrolle sus conocimientos, tanto prácticos como teóricos. Que se regulen los horarios laborales, para sin pérdida de salario y tomando parte de la jornada laboral, el trabajador pueda asistir a sus clases correspondientes y así obtener una formación de calidad. Medidas como las propuestas por el Ministerio, no sólo no acaban con los problemas de la educación pública, sino que fomentan el fracaso escolar y aumentan la precariedad en el trabajo.
Ninguna mención a las prácticas remuneradas
Aunque la propuesta de pacto dedica un espacio importante a las nuevas medidas orientadas a la FP, nuevamente, el Ministerio se olvida de responder a una demanda histórica de los estudiantes de Formación Profesional, y ahora también de los universitarios. Esta reivindicación consiste en que las prácticas que miles de jóvenes realizamos en las empresas durante nuestra formación, tengan una remuneración acorde con el trabajo desempeñado, evitando así que sigamos siendo mano de obra esclava durante unos meses para beneficio del empresario de turno.
Relacionado con las prácticas la propuesta de pacto trae consigo un punto sumamente sospechoso, que puede significar en sí mismo uno de los ataques más graves contra la FP. Dicho punto afirma lo siguiente: “Adoptaremos las medidas necesarias para facilitar la firma de convenios específicos con empresas españolas y europeas para la realización del módulo de formación en centros de trabajo […] ”
Si la ambigüedad de esta frase no varía, podríamos estar hablando de que las empresas tuvieran la capacidad de emitir títulos de formación oficial a su gusto y medida. Contribuyendo así a una mayor devaluación de los títulos académicos y dejando en una situación de absoluta indefensión a estudiantes y trabajadores.
Fomento de la privada-concertada
La existencia de una red de escuela privada-concertada como la del Estado español es una rareza en el entorno de la Unión Europea. Solamente dos países, Holanda y Bélgica, comparten una red similar en sus sistemas educativos. Estos dos países comparten también como la característica fundamental que define a la escuela privada-concertada su carácter casi exclusivamente religioso.
En el caso del Estado español la escuela privada-concertada nace directamente de las entrañas de la dictadura franquista. Durante cuatro décadas la escuela fue patrimonio de la Iglesia Católica, que utilizaba las aulas para adoctrinar y mantener un férreo control social desde las edades más tempranas. Como continúa siendo en la actualidad, tal y como lo reconoce Manuel de Castro, presidente de FERE , patronal de la privada-concertada católica: “Claro que tenemos entre nuestros objetivos la labor evangelizadora, pero eso está en nuestro ideario y los padres lo saben cuando nos eligen. Sé que hay gente que cree que para eso ya están las parroquias, pero eso claramente choca con lo que reclama la sociedad ”
En la década de los 60 se generalizaron los desvíos de fondos públicos por parte de la dictadura a la Iglesia Católica para que continuase con su labor de adoctrinamiento y control social en los colegios. El carácter científico, el régimen democrático o la igualdad entre hombres y mujeres, simplemente no tenía cabida ni dentro ni fuera de las escuelas.
Lamentablemente, en los años ochenta, el PSOE desperdició una oportunidad excelente, para acabar con aquel estado de las cosas. Con la Ley Orgánica de Derecho a la Educación (LODE), en lugar de apostar decididamente por una única red de escuela pública, de calidad, democrática y científica, optó por “regular” la forma en que la privada-concertada, la Iglesia Católica, podía seguir recibiendo estos suculentos fondos económicos extraídos directamente de los bolsillos de los trabajadores.
Casi treinta años después, el Ministro Gabilondo parece estar empeñado en cometer los mismos errores del pasado. Con este pacto educativo en lugar de hacer una clara apuesta en favor de la educación pública vemos como, punto tras punto, lo que se está planteando es una fuerte regresión del sistema educativo. En el caso de la privada concertada facilitando su extensión en detrimento de la pública.
En los dos borradores presentados por el Ministerio quedan recogidas, de manera inequívoca, las demagógicas reivindicaciones del Partido Popular sobre “el derecho de las familias a la libertad de elección de centros”, una consigna recurrente de la derecha en el último cuarto de siglo.
Sobre la supuesta marginación y ataques a la privada-concertada, que dice padecer la patronal, basta contraponer los datos reales de la situación del sistema educativo para darse cuenta de cómo esos argumentos son totalmente falsos. Si alguien está siendo marginada sistemáticamente, es precisamente la escuela pública allí donde gobierna la derecha.
Así podemos ver cómo en el conjunto del Estado el 33% del alumnado se encuentra matriculado en la escuela privada o privada-concertada. Alcanzando en ciudades como Madrid el 65,5% o el 51,4% en el conjunto del País Vasco.
El lucrativo negocio de la privada-concertada
Podemos afirmar sin temor a exagerar, que la escuela privada-concertada, por encima de cualquier otra consideración, es un negocio redondo. Aunque supuestamente ésta debe aceptar toda una serie de reglas para poder optar año tras año a millones de euros, en la práctica elude todas sus responsabilidades y exigen más y más recursos al Estado.
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2005, cada colegio privado-concertado de carácter religioso obtiene unos beneficios anuales de 76.000 euros, mientras que los de carácter laico logran 68.000 euros . Después de conocer estos datos los representantes de la derecha y la patronal educativa tienen el descaro de continuar diciendo que no reciben fondos suficientes y que se sienten marginados.
Para lograr estos amplios márgenes de beneficios la patronal educativa reduce al máximo su inversión en mantenimiento de infraestructuras y derechos laborales de sus docentes. Según Comisiones Obreras, los profesores de la privada concertada suelen recibir un salario hasta un 50% menor que el del profesorado de la escuela pública.
De esta forma, quienes padecen en primer término la existencia del negocio educativo de la Iglesia Católica, son los profesores que se ven obligados a trabajar en ellos, y los miles de estudiantes que acaban en estos centros, debido, en ambos casos, a la ausencia de plazas públicas de calidad suficientes.
Como hemos dicho antes, la privada-concertada se salta una por una todas las obligaciones que tiene para continuar recibiendo dinero público. Sin embargo, en lugar de sancionar a los propietarios de estos centros de estudio y retirarles las subvenciones que reciben, se mira para otro lado y se permite que el lucrativo negocio de la educación continúe su curso.
A cambio de la financiación que reciben por parte del Estado, se supone que deberían respetar la libertad de cátedra de los profesores, no cobrar cuotas a las familias que matriculan a sus hijos en este tipo de escuelas, admitir a los alumnos bajo los mismos criterios que se aplican en la escuela pública, respetar los derechos democráticos de los estudiantes, etcétera.
Sin embargo, es de sobra conocido por la comunidad educativa cómo ninguno de estos principios se respeta en lo más mínimo. En cuanto a la libertad de cátedra, son famosos los casos de represión contra profesores que, en la privada-concertada, no aceptan impartir a raja tabla el ideario del centro en el que se encuentran.
Respecto al cobro de cuotas ilegales, que suponen entre un 27 y un 32% de sus ingresos , estos centros las camuflan como aportaciones para la realización de actividades extraescolares, comedor, clases de refuerzo, uniformes que sólo se pueden comprar al centro, etcétera. Todas estas aportaciones muchas veces son de carácter obligatorio, por lo que, aunque formalmente no exista una cuota anual de matriculación, se cobra a través de los más diversos conceptos.
Otra de las grandes irregularidades es la relacionada con la admisión de alumnos respetando los criterios de la pública, que la privada-concertada se niega a aceptar en la vía de los hechos. De esta forma, se han llegado a crear situaciones en las que colegios concertados han decidido vetar la entrada a niñas, o niños, al aplicar la segregación sexual como mejor opción educativa. Aunque estos casos, por ahora, son minoritarios, donde se deja sentir más ampliamente el carácter discriminatorio e interesado en la admisión del alumnado, es con los estudiantes de origen inmigrante.
Así podemos ver cómo el 82,1% de este alumnado se encuentra matriculado en la escuela pública, frente a la escuela privada-concertada, que escolariza únicamente al 17,9%. Esta segregación tiene fuertes implicaciones a la hora de garantizar la mejor integración en nuestros barrios y ciudades, y la calidad del sistema educativo público en general.
En la medida que existe un presupuesto insuficiente para la educación, del que además se destinan miles de millones de euros a la privada-concertada (en 2006 fueron 4.726,4 millones de euros, un 292% más de lo entregado en 1992) , todos los apoyos humanos y materiales necesarios para ayudar a los estudiantes con otro idioma, los programas de refuerzo para equiparar el nivel académico de estudiantes que proceden de países con diferentes proyectos educativos, y las medidas necesarias para solventar las desigualdades sociales de las que suelen ser presa, recaen, en su práctica totalidad, sobre la escuela pública.
Como resultado de todo lo anterior se va produciendo un desgaste cada vez mayor de la escuela pública en favor de la privada y la privada-concertada. El horizonte de ésta política educativa es una educación de calidad para aquellos que se la puedan pagar, y una de carácter subsidiario y asistencial para los hijos de los trabajadores y los sectores más desprotegidos de la sociedad.
“La evaluación como factor para mejorar la calidad de la educación”
Con argumentos muy similares a estos, el gobierno de Aznar pretendía, con su mal llamada “Ley de Calidad”, instaurar dos “pruebas de diagnóstico”: una en primaria y otra en secundaria, para que la sociedad dispusiese “de datos objetivos sobre la evolución y resultados de nuestro sistema educativo. ”
En este mismo párrafo el PP planteaba abiertamente como los resultados de esta prueba se harían públicos. Abriendo así el camino a la elaboración de un ranking de centros, donde, en la práctica, se obligaría a institutos y colegios a competir unos contra otros, creándose, en función de las necesidades de cada uno, centros de primera y de segunda. Esta situación, como ya hemos explicado, tendría como gran perjudicada a la escuela pública, puesto que, como también hemos dicho antes, los centros privado-concertados eligen minuciosamente a cada uno de sus alumnos. Dejando fuera a los estudiantes que requieren más apoyos y recursos y profundizando así fuertemente la segregación que ya existe como resultado de estas prácticas habituales de la patronal educativa.
Lamentablemente con el proyecto de Pacto propuesto por el gobierno del PSOE, no sólo no se olvidan de esta pretensión interesada de los empresarios de la educación, sino que además la desarrollan. Ya hemos podido ver cómo plantean aceptar dos pruebas de diagnóstico, pero, apoyándose en palabras y argumentos idénticos a los utilizados por el Partido Popular, proponen no dos “pruebas”, sino cuatro.
Las dos primeras son las que hemos planteado que se realizarían en 4º de Primaria y 2º de ESO para orientar a “los centros, el profesorado, las familias y el alumnado ” sobre las opciones educativas y los refuerzos necesarios. Y, las otras dos pruebas, se realizarán en 6º de primaria y en 4º de ESO, para “adoptar las medidas oportunas para mejorar la incorporación del alumnado a la educación secundaria obligatoria y a la postobligatoria y el rendimiento de las siguientes promociones de alumnado de cada etapa ”
Estas medidas no servirán para lograr ni uno solo de los propósitos que dicen perseguir, sino que se convertirán, en concreto las primeras, en medidas para comenzar a determinar la segregación del alumnado, basándose en las “capacidades y destrezas” de cada estudiante. De esta forma, no debería extrañarnos que con la clamorosa falta de recursos en la escuela pública, todos aquellos alumnos que saquen malos resultados en la prueba de 2º de ESO, comiencen a ser encaminados (o preparados) para dar el paso de optar por la vía de los PCPIs si suspendieran 3º de la ESO. Comprobamos así, cómo la orientación segregadora comienza en la práctica, no en 4º, ni 3º de la ESO, sino mucho antes.
Las pruebas de 4º y 6º de Primaria y 4º de la ESO, serán las que determinen en que puesto del ranking se encontrará cada centro. Los argumentos esgrimidos para justificar la aplicación de estas nuevas pruebas, dan por supuesto que en los centros de estudio no existen exámenes, pruebas, departamentos de orientación, ni juntas de evaluación.
Se presentan ante la opinión pública todas las pruebas anteriores como una medida novedosa que resolverá todos los problemas del sistema educativo. La argumentación desarrollada por el Ministerio desprecia y rechaza la labor que debe desempeñar cada centro de estudios para conocer el desarrollo y dificultades de cada estudiante para poder ayudarle a continuar avanzando y superar sus dificultades. Esa es la única conclusión a la que se puede llegar para comprender la “necesidad” de todas estas pruebas. Si en la actualidad el profesorado no tiene un mejor conocimiento de los avances y situaciones de los estudiantes, no es por la falta de interés de los profesores, sino por la falta de medios, aulas más reducidas y recursos humanos necesarios.
No hace falta instaurar una “cultura de la evaluación como factor para mejorar la calidad de la enseñanza”, lo que necesitamos son más recursos humanos y materiales para la educación pública.
Una imagen interesada de la juventud
Sin lugar a dudas, otro de los puntos con que la derecha ha hecho más ruido históricamente para justificar toda serie de contrarreformas educativas y recortes de derechos democráticos de la juventud, ha sido la supuesta ausencia de valores como el esfuerzo, la perseverancia y la continuidad entre los estudiantes.
De forma machacona, han intentado propagar la idea de que los jóvenes somos unos vagos acostumbrados recibir mucho a cambio de no hacer nada.
Junto a esta idea, y de manera casi indivisible, se suele plantear un perfil aún más negativo de la juventud. Creando una falsa imagen en la que la mayoría de nosotros somos “niños” malcriados, holgazanes y violentos, unos pendencieros que aprovechamos la más mínima ocasión para generar conflictos donde no los hay y para dar rienda suelta a una violencia gratuita e inexplicable.
Este es el argumentario de la derecha, pero… ¿Cuál es la realidad?
Según el defensor del Pueblo los episodios de violencia en el entorno escolar han ido reduciéndose de manera continuada y sistemática desde 1999, pasando de un 4,8% en ese año, hasta situarse en un 3,9% en 2006 . Estos datos son clarificadores a la hora de trazar una perspectiva mucho más realista sobre la situación de la conflictividad existente en el entorno escolar.
Por otra parte, para responder a nuestra supuesta falta de esfuerzo, vasta contraponer los datos de licenciados en la universidad cada año, donde podemos observar cómo el 50,4% de los alumnos que terminan los estudios universitarios lo hacen con 24 años o menos. Un resultado muy elevado teniendo en cuenta que sólo el 63,5% de los estudiantes que se matriculan por primera vez en la universidad, provienen del bachillerato. Los demás estudiantes acceden a la universidad tras cursar un ciclo formativo de grado superior o tras haber superado las pruebas para mayores de 25 años, entre otras vías . Si fueran ciertas las acusaciones sobre nuestra falta de esfuerzo y demás calificativos, todos estos datos simplemente no existirían.
Haciéndose eco de todas las calumnias de la derecha, que son contestadas contundentemente por las cifras de los propios organismos estatales, el Ministerio de Educación plasma en su propuesta de Pacto toda una serie de medidas que contribuyen a continuar alimentando una imagen falsificada de la juventud.
De hecho, en la propuesta de Pacto podemos leer cosas como que hay que “mejorar la convivencia en todos los centros educativos”, que hay que “fomentar que el alumnado […] practique la solidaridad y el respecto a los demás”, que es necesario potenciar “el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos educativos encaminados a promover la cultura de la paz y no violencia en los centros docentes”que se promoverá “la cultura del esfuerzo, la exigencia y la responsabilidad personal y social ”, etcétera, etcétera.
Todas estas recomendaciones, propuestas y diagnósticos dan una imagen sobre los centros de estudio que nada tienen que ver con la realidad de nuestros institutos. Se basan, en situaciones aisladas y absolutamente minoritarias, que son magnificadas y convertidas en grandes titulares de prensa, para justificar medidas de represión y recorte de derechos democráticos contra el conjunto de los estudiantes.
Represión contra el movimiento estudiantil
De esta forma, a renglón seguido de todos estos comentarios y medidas, podemos leer cómo el Ministerio plantea apoyar “al profesorado y a los equipos directivos de los centros, reforzando su autoridad y su asistencia legal”. Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que esta medida es una nueva cesión por parte del Gobierno del PSOE ante el ideario y las presiones de la derecha. No hay que olvidar que este mismo curso la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, aprobó la polémica “Ley de Autoridad del profesorado”, que supone considerar a los estudiantes como delincuentes que sólo responderán ante jueces y policías. Aunque existen diferencias entre la norma aprobada por la derecha y la redactada por el Ministerio, queda claro cómo la propuesta del Gobierno se basa en las demandas del PP a la hora de redactar la medida descrita.
Pero, para que no quede ningún viso de doble interpretación sobre la motivación de esta frase, la propuesta continúa diciendo que se trata de “reforzar el papel de los equipos directivos para que puedan adoptar de forma inmediata las medidas necesarias ante los casos de violencia o indisciplina que se produzcan. Estas medidas serán prioritariamente de carácter socioeducativo, además de las medidas punitivas que sean necesarias.”
Esta última parte de la propuesta número 111 del Ministerio se comenta por sí misma, aunque sí que merece la pena resaltar el hecho de que las “medidas punitivas que sean necesarias” no se establecen para ser utilizadas de forma masiva ni habitual para sofocar “de forma inmediata […] los casos de violencia” que se generen en las aulas, puesto que, como deja claro en su informe el Defensor del Pueblo, estos casos representan en realidad una ínfima minoría en aquellos centros de estudio donde se producen.
Sin embargo, en lo que respecta a los “casos de indisciplina”, encontramos una abstracción que será muy útil para las direcciones reaccionarias que existen en algunos centros de estudio. Los mismos que cierran las puertas de los centros, ponen exámenes y nos amenazan cada vez que el Sindicato de Estudiantes convoca una movilización en defensa de la educación pública, por un futuro digno para la juventud, en defensa del empleo, contra la precariedad de nuestros institutos, etc., ahora podrán decir que participar en estas convocatorias es un acto de indisciplina, por lo que tendrán campo libre para adoptar “las medidas punitivas que sean necesarias.”
Defendamos la educación pública. Por una movilización de toda la comunidad educativa que obligue al gobierno del PSOE a romper con el Partido Popular y a dar un profundo giro a la izquierda en su política social.
Como hemos podido comprobar a lo largo de este análisis del Pacto educativo, estamos ante una capitulación absoluta a las presiones de la derecha. Esta realidad, hace más necesaria que nunca una respuesta firme y contundente a esta peligrosa contrarreforma educativa. El Pacto Educativo implica un fuerte retroceso histórico para la educación secundaria.
Desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a los sindicatos de profesores, a las organizaciones estudiantiles de izquierdas y, especialmente, a Izquierda Unida, para desarrollar una campaña de movilizaciones en defensa de la educación pública, que debe comenzar con una amplia explicación en los centros de estudio de lo que realmente supone este mal llamado “Pacto por la Educación”. Una campaña que debe ser vinculada a la lucha contra el resto de las contrarreformas que el gobierno del PSOE ha aprobado y que son un ataque directo a las condiciones de vida de la clase obrera y la juventud. Sólo así obligaremos al gobierno del PSOE a retirar este pacto regresivo y reaccionario.
Desde el mismo preámbulo se deja sentir esta capitulación, planteando la necesidad de “la cultura del esfuerzo y el trabajo” como valores a inculcar en los jóvenes para que seamos conscientes “de su importancia, de su necesidad, de su indiscutible reflejo en los resultados finales ”. Estas palabras no son más que el eco de la machacona propaganda con la que la derecha insiste una y otra vez, tratando de apuntalar la idea de que uno de los problemas fundamentales de la educación es que somos unos vagos que ni nos esforzamos, ni trabajamos; a la vez que ocultan y menosprecian el problema principal: la falta de medios humanos y materiales.
De hecho, el documento se aproxima a la situación real de la educación asumiendo que hay “algunos” aspectos que debemos mejorar, pero que en general las cosas no están mal. Tan lejos se llega en esta consideración, que ya no se habla de la necesidad de garantizar la calidad de la enseñanza, sino de su excelencia; utilizando éste término hasta en 15 ocasiones a lo largo de las 28 páginas de la primera propuesta y otorgándole un apartado entero de la misma.
Ninguna solución para la Educación Infantil
El documento del pacto aborda la educación desde las edades más tempranas hasta la educación superior. En lo que se refiere a educación infantil, el Ministerio reconoce que “El comienzo de la atención educativa en edades anteriores a la escolaridad obligatoria contribuye a la mejora del éxito escolar futuro de los estudiantes y a la igualdad de oportunidades ”. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento sobre la importancia de la Educación Infantil, la realidad para su primer tramo es que únicamente en torno al 20% de los menores de 3 años está matriculado .
La explicación de esta realidad está determinada por la no obligatoriedad de esta etapa, que a su vez refleja la ausencia de plazas públicas suficientes. Si hubiera un interés real en aumentar drásticamente la matriculación en este tramo, para así favorecer “el éxito escolar futuro de los estudiantes y la igualdad de oportunidades”, lo que debería hacer el gobierno es un plan para crear en los próximos dos años el más de millón y medio de plazas públicas necesarias para absorber a toda la población entre cero y tres años.
Cobertura de plazas públicas de 0 a 3 años
Estimación del número de plazas públicas del Primer Ciclo de Infantil por comunidades autónomas.
Plazas existentes Población 0-3 años % Cobertura
Andalucía 62.738 280.942 22,30%
Aragón 10.369 36.564 28,30%
Asturias 3.400 85.589 3,90%
Baleares 5.762 36.511 16%
Canarias 6.796 65.767 10,30%
Cantabria 2.945 15.775 18,60%
Castilla y León 13.010 59.899 21,70%
Castilla-La Mancha 15.000 60.475 24,80%
Cataluña 43.158 245.960 17,50%
Comunidad Valenciana 20.500 160.983 12,70%
Extremadura 7.457 31.251 23,80%
Galicia 11.000 64.801 16,90%
Madrid 36.029 220.614 16,30%
Murcia 5.219 55.315 9,40%
Navarra 5.197 19.532 26,60%
País Vasco 29.799 59.392 50,10%
La Rioja 1.665 19.532 26,60%
FUENTE: Elaboración de la revista Magisnet a partir de los datos aportados por las consejerías de Educación, Familia o Bienestar Social, sindicatos de enseñanza autonómicos y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para el curso 2008-2009
Como consuelo a esta situación, el Ministerio explica que, a diferencia de lo que sucede en el primer ciclo de educación infantil, en el tramo de 3-6 años la práctica totalidad de la población infantil está escolarizada, pero olvida explicar que, también aquí, existe una clamorosa falta de plazas públicas, que hace que los niños estén repartidos prácticamente por igual entre la red privada y la pública. No porque los padres hayan “elegido libremente” llevarlos a la privada, sino porque, nuevamente, no existen plazas públicas suficientes para cubrir toda la demanda social existente.
Para afrontar la falta de escolarización en el primer ciclo de infantil lo que propone el documento para el pacto educativo es ampliar el Plan Educa3 , para de esta manera “incrementar la oferta de plazas en este primer ciclo de educación infantil ”. Como se puede comprobar, al igual que sucederá en el resto del documento, no aparece ninguna referencia al carácter público de estas nuevas plazas, por lo que es evidente que lo que en realidad se va a “incrementar” es la desviación de fondos públicos a manos privadas. Además, al dejar la educación infantil en manos de la privada-concertada ésta se convierte en la medida más efectiva para la privatización progresiva del resto de los tramos educativos, ya que es obvio que unos padres que lleven a su hijo a la concertada en la etapa infantil muy difícilmente optarán por cambiarlo a la educación pública al pasar a la primaria, ya que lo lógico es que el alumno se mantenga en el mismo centro de estudios con el que ya está familiarizado. En definitiva, con las propuestas recogidas en el Pacto, la Educación infantil sigue siendo un verdadero caladero de clientes para la educación concertada.
El gobierno PSOE recupera los itinerarios del Partido Popular
En las primeras páginas del documento de propuestas, e inmediatamente después de dejar claro que la educación infantil continuará siendo un lucrativo negocio con el que enriquecerse, a la vez que cantera de clientes para los empresarios de la educación privada, nos encontramos con lo que puede constituir el ataque más grave de todo el texto.
La propuesta es, ni más ni menos, que recuperar la rancia idea de imponer itinerarios en secundaria, para así, en la práctica, apartar y facilitar la expulsión del sistema educativo de los estudiantes con mayores dificultades. Esta se llevará a cabo a través de dos medidas. En primer lugar con la imposición de un 4º de ESO “con dos perfiles diferenciados”: uno que llevará al bachillerato, para posteriormente poder matricularse en la universidad o en una FP de grado superior, y, otro, para desviar a los estudiantes con mayores necesidades y dificultades a una FP de grado medio, que quedará seriamente devaluada.
La decisión sobre qué 4º de ESO “elegir” deberá tomarse en 3º de ESO, por tanto con 14 ó 15 años seremos encaminados o bien a una mejora de nuestra formación y más posibilidades de encontrar un trabajo digno en el futuro; o a tomar una salida prematura al mercado laboral con baja cualificación, convirtiéndonos así en carne de cañón para la explotación.
Tan importante decisión, que determinará nuestro futuro académico y laboral, se adoptará mediante una evaluación de diagnóstico que se realizará en dos momentos de la vida académica: una en 4º de Primaria y, otra, en 2º de la ESO, con el resultado de ésta última será con la que se comenzará a determinar el futuro que nos espera. Esta medida no es otra cosa que la aceptación por parte del gobierno PSOE de una demanda recurrente del Partido Popular.
Dicha prueba de diagnóstico -sobre la que no queda claro su carácter público o no, lo cual nos hace temer que, posiblemente acabe siendo pública- hará que los resultados de cada centro entren en clara competición con los del resto para ver quién obtiene mejor cualificación, introduciendo así el ansiado ranking de centros propugnado por la derecha, en el que claro está, la red privada-concertada -en la medida que no acepta a alumnos con necesidades académicas especiales- siempre tendrá más posibilidades de salir mejor parada en los resultados de esta prueba.
Pero volviendo sobre las medidas de carácter segregador, las propuestas sobre la desviación de alumnos de la rama general de ESO y Bachillerato a partir de 3º de ESO, no acaban aquí.
Como muchos recordamos uno de los aspectos más criticados de la pasada L.O.E. era que, de manera excepcional, algunos de los alumnos que no aprobasen 3º de la E.S.O. a la primera, podían “elegir” encaminarse hacia lo que se conoce como PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial). En la práctica esto significaba que podían ser segregados con tan sólo 15 años hacia un itinerario con el que obtener una cualificación totalmente devaluada y que no conducía a la obtención del título de secundaria obligatoria. En la propuesta de Pacto presentada por el Ministerio de Educación esta posibilidad, que hasta ahora mantenía un carácter excepcional, pasa a ser de carácter general, lo que significa que cualquier alumno de 15 años con dificultades para aprobar 3º de la E.S.O. será desviado a otros itinerarios de segunda. El Ministerio propone tres opciones diferentes:
• Cursar un programa de diversificación curricular.
• Cursar un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
• O repetir curso.
Lo que esto significará en la práctica es que los alumnos con más dificultades, en lugar de recibir una mayor atención y apoyo para superarlas, serán desviados desde el primer momento hacia un itinerario que les expulse del sistema educativo lo más rápido posible. Aunque formalmente continuarán en el instituto, en realidad la formación que recibirán no estará destinada a permitirles continuar progresando en su vida académica, sino simplemente a mantenerlos ocupados hasta su salida al mercado laboral.
Las medidas de fuerte segregación que se producirán con la finalización de 3º de la ESO, comenzarán a desarrollarse y aplicarse desde el primer día de curso, ya que el Ministerio propone “reforzaremos las medidas de orientación, académica y profesional, especialmente en el tercer curso de ESO” para de esta forma encaminar a cada alumno hacia una u otra vía, eso sí, atendiendo siempre a “las opciones más ajustadas a sus competencias e intereses” . En definitiva, nos encontramos ante la clara intención de comenzar a segregar a los estudiantes en 3º de la ESO, para conseguir así que la criba que haya que hacer en 4º sea algo más disimulada.
Devaluación y privatización de la Formación Profesional
Durante la última década, por no retroceder más atrás en el tiempo, hemos escuchado de forma permanente una cantinela destinada a extender la idea de que: “no todos los estudiantes tenemos que ir a la universidad, la Formación Profesional es una muy buena opción para cualquier alumno, y debemos animar al mayor número de jóvenes a que la escojan como primera opción”.
Mientras esta idea se propagaba una y otra vez, veíamos cómo cada curso decenas de miles de jóvenes se quedaban sin plaza para cursar la misma FP que tanto recomendaban, cómo los medios humanos y materiales de los que disponían para su formación eran manifiestamente obsoletos y cómo, por supuesto, sus prácticas en empresas pocas veces tenían que ver con la materia estudiada y la remuneración que recibían por su trabajo era inexistente.
A pesar de ello, la Administración, ha obviado esta realidad, no ha invertido para lograr la dignificación de la FP, ni ha rectificado su discurso al descubrir que no había plazas suficientes para los que ya han elegido el camino de la Formación Profesional.
Las nuevas propuestas hechas por el Ministro Gabilondo en el borrador de Pacto Educativo, no sólo no resuelven todas estas deficiencias, sino que además suman una serie de medidas que sólo provocarán un empeoramiento sobre la situación actual.
En los últimos meses el Gobierno está hablando mucho sobre “el nuevo modelo productivo”, que dice estar impulsando para que una crisis como en la que está inmerso el Estado español no vuelva a repetirse. Para ello la solución propuesta es desarrollar un nuevo modelo de producción basado en una mejora de la educación y la investigación, para, desde ahí, construir este “nuevo modelo productivo”.
Sin olvidar que, como ya hemos explicado en otros artículos este tipo de crisis son consustánciales al propio sistema capitalista, el objetivo de este discurso es sembrar la falsa ilusión de que es posible humanizar y racionalizar el capitalismo corrigiendo sus excesos. Sin embargo, la cruda realidad demuestra precisamente todo lo contrario. Durante el período de crecimiento económico que precedió a la crisis, en el que banqueros y empresarios han conseguido beneficios multimillonarios y el Estado ha contado con superávit, este sistema fue incapaz de resolver los graves problemas que aquejan a amplios sectores de la población, como el desempleo, la falta de vivienda o la precariedad laboral. Y, ahora, que la economía está en crisis, ¿qué nos ofrecen los defensores del sistema capitalista? Un aumento explosivo del paro, reducción de los salarios y recortes en los derechos laborales, así como ataques a la sanidad y la educación públicas. La única solución efectiva y duradera pasa por arrancar de las manos del pequeño puñado de banqueros y empresarios que controla la riqueza que existe en la sociedad, los medios de producción, acabando con la dictadura del capital financiero. Necesitamos otro sistema económico que mediante la nacionalización de la gran banca, los grandes monopolios y latifundios, ponga toda esta riqueza al servicio de la mayoría de la población bajo el control democrático de los trabajadores. Por ello, nuestra alternativa es transformar la sociedad en líneas auténticamente socialistas.
De hecho, la propia actuación del gobierno es una demostración de la falta de credibilidad de su alternativa. Las propuestas que hace Zapatero en el debate sobre el nuevo modelo económico entran en abierta contradicción con las políticas de sus ministros en todos los ámbitos. En este caso en concreto con su política educativa.
Así podemos ver cómo la propuesta número 39, entre otras, hace saltar por los aires todo este discurso de “fomentar la educación para generar nuevas líneas de producción que no hagan depender a la economía de la construcción y el turismo”. La citada propuesta rompe por completo con el discurso del propio Gobierno, puesto que plantea que se realizarán “estudios de tendencias para adaptar la oferta formativa de FP a las necesidades y demanda de las entidades y organizaciones públicas, privadas, empresariales, etc., incrementando la cooperación de éstas y de los agentes sociales en el diseño y planificación de las enseñanzas profesionales.”
Es decir, que los encargados de diseñar los planes académicos de la futura FP para el hipotético “nuevo modelo productivo” son aquellos que se benefician, y mucho, del actual modelo productivo. Hablemos claro, ¿cuáles son las necesidades y las demandas de las organizaciones privadas y empresariales? Traduciendo el lenguaje de moqueta y despacho del Ministerio a la vida real, responderemos que la obtención del máximo beneficio, sin reparar en sus posibles consecuencias negativas. Será imposible convencernos de que los mismos empresarios que convierten el hecho de ser joven en un motivo de discriminación laboral -que se concreta en salarios miserables, eventualidad y precariedad- van a dejar a un lado sus intereses privados para velar por las necesidades educativas de los hijos de los trabajadores.
¿Dónde queda entonces el impulso a la educación para convertirse en la base del “nuevo modelo productivo” con especial énfasis en la Formación Profesional? Lo que queda claro es que esta medida no servirá para impulsar ese invisible nuevo modelo. Sin embargo, para lo que sí que será útil, y mucho, es para poner más que nunca, la educación al servicio de la patronal y no al de las necesidades sociales existentes.
La nueva FP; un cauce para trasvasar fondos públicos a la patronal
A través de una visión de conjunto del borrador entregado hace unas semanas por el Ministerio salta a la vista que el modelo educativo por el que apuesta el Ministerio no es el público, sino el de una enseñanza privada con “participación” de la administración pública.
En lo que se refiere a la FP ya hemos visto cómo se confía en el sector privado para decidir cuáles deben ser los programas de estudio. Pero por si esto no fuera poco, la propuesta que hace el gobierno incluye varios cauces por los que desviar, aún más fondos públicos a los empresarios, no sólo de la patronal de la enseñanza, sino de cualquier sector.
Con los artículos propuestos, prácticamente cualquier empresario podrá pedir dinero a la administración por contratar a nuevos trabajadores. De esta forma, el documento afirma que adoptarán “programas de ayudas a empresas para ofertar contratos de trabajo, en particular, para menores de 24 años, que contemplen una parte del tiempo dedicado a la formación necesaria para obtener la titulación básica.” Más adelante otra propuesta es que se deben establecer “acuerdos entre las administraciones y las empresas para la contratación laboral a tiempo parcial compatible con la actividad escolar, junto con incentivos a las empresas que incrementen el número de sus trabajadores con titulación post-obligatoria. ”
Es decir, que cualquier empresario que contrate a: menores de 24 años que a la vez que trabajan estudian para obtener el título de ESO, a trabajadores que, sin límite de edad, estén contratados a tiempo parcial y a la vez matriculados en algún estudio, a trabajadores que, sin limite de edad, tengan al menos una FP de grado medio o el bachillerato, podrá solicitar una ayuda económica al gobierno por estar “favoreciendo el nuevo modelo productivo”.
Como todo el mundo se podrá imaginar, esto va a suponer que en muchos casos se impartan “cursos de formación” en las empresas para así poder justificar una subvención del Estado. En lugar de invertir todo este dinero en mejorar la FP, dotarla de los medios necesarios y crear las plazas públicas suficientes, se opta por confiar, por enésima vez, en los grandes capitalistas, responsables de la actual crisis económica, para que nos saquen de esta situación y mejoren la educación y el mercado de trabajo.
El borrador de Pacto acepta el incentivo al abandono de la FP reglada
El documento propuesto por el Ministro Gabilondo da por bueno el nuevo modelo de FP que fomenta la obtención del título a través de las cualificaciones profesionales por competencias. Esta medida se lanzó en el año 2008 como si de un derecho progresista se tratase. Su intención era convalidar la experiencia laboral con el reconocimiento académico de una titulación determinada.
Este reconocimiento se daría tras acreditar tres años de experiencia laboral y superar una prueba práctica evaluada por "un grupo de expertos.” En nuestra opinión este tipo de medidas no solventan ninguno de los problemas de la Formación Profesional y tampoco sirven para reconocer, de una manera real y efectiva, los conocimientos de un trabajador.
Lo que en realidad va a suponer esta medida es una clara devaluación de los títulos de FP, así como un deterioro en las condiciones de trabajo de miles de jóvenes. La aprobación de esta reforma desincentiva la matriculación de nuevos estudiantes en una Formación Profesional reglada. Por otra parte, aquellos jóvenes que deciden utilizar este medio para obtener el título, se exponen a tener que trabajar durante al menos tres años en condiciones precarias (ya que al comienzo de este camino no contarán con el título de FP) y, en caso de que lo obtuvieran, el empresario siempre podrá negarse a reconocerles una serie de mejoras, excusándose en que no cuentan con una formación teórica adecuada.
Desde el Sindicato de Estudiantes siempre hemos valorado la experiencia profesional como un medio para obtener un título oficial. Sin embargo, pensamos que la solución no pasa por medidas que reduzcan el presupuesto del Estado en la educación pública (a la vez que se abren nuevas vías de financiación para la patronal), sino por la creación de una FP para adultos financiada por el Estado, que a través de becas-salario reales, permitan a los trabajadores obtener un título oficial que acredite y desarrolle sus conocimientos, tanto prácticos como teóricos. Que se regulen los horarios laborales, para sin pérdida de salario y tomando parte de la jornada laboral, el trabajador pueda asistir a sus clases correspondientes y así obtener una formación de calidad. Medidas como las propuestas por el Ministerio, no sólo no acaban con los problemas de la educación pública, sino que fomentan el fracaso escolar y aumentan la precariedad en el trabajo.
Ninguna mención a las prácticas remuneradas
Aunque la propuesta de pacto dedica un espacio importante a las nuevas medidas orientadas a la FP, nuevamente, el Ministerio se olvida de responder a una demanda histórica de los estudiantes de Formación Profesional, y ahora también de los universitarios. Esta reivindicación consiste en que las prácticas que miles de jóvenes realizamos en las empresas durante nuestra formación, tengan una remuneración acorde con el trabajo desempeñado, evitando así que sigamos siendo mano de obra esclava durante unos meses para beneficio del empresario de turno.
Relacionado con las prácticas la propuesta de pacto trae consigo un punto sumamente sospechoso, que puede significar en sí mismo uno de los ataques más graves contra la FP. Dicho punto afirma lo siguiente: “Adoptaremos las medidas necesarias para facilitar la firma de convenios específicos con empresas españolas y europeas para la realización del módulo de formación en centros de trabajo […] ”
Si la ambigüedad de esta frase no varía, podríamos estar hablando de que las empresas tuvieran la capacidad de emitir títulos de formación oficial a su gusto y medida. Contribuyendo así a una mayor devaluación de los títulos académicos y dejando en una situación de absoluta indefensión a estudiantes y trabajadores.
Fomento de la privada-concertada
La existencia de una red de escuela privada-concertada como la del Estado español es una rareza en el entorno de la Unión Europea. Solamente dos países, Holanda y Bélgica, comparten una red similar en sus sistemas educativos. Estos dos países comparten también como la característica fundamental que define a la escuela privada-concertada su carácter casi exclusivamente religioso.
En el caso del Estado español la escuela privada-concertada nace directamente de las entrañas de la dictadura franquista. Durante cuatro décadas la escuela fue patrimonio de la Iglesia Católica, que utilizaba las aulas para adoctrinar y mantener un férreo control social desde las edades más tempranas. Como continúa siendo en la actualidad, tal y como lo reconoce Manuel de Castro, presidente de FERE , patronal de la privada-concertada católica: “Claro que tenemos entre nuestros objetivos la labor evangelizadora, pero eso está en nuestro ideario y los padres lo saben cuando nos eligen. Sé que hay gente que cree que para eso ya están las parroquias, pero eso claramente choca con lo que reclama la sociedad ”
En la década de los 60 se generalizaron los desvíos de fondos públicos por parte de la dictadura a la Iglesia Católica para que continuase con su labor de adoctrinamiento y control social en los colegios. El carácter científico, el régimen democrático o la igualdad entre hombres y mujeres, simplemente no tenía cabida ni dentro ni fuera de las escuelas.
Lamentablemente, en los años ochenta, el PSOE desperdició una oportunidad excelente, para acabar con aquel estado de las cosas. Con la Ley Orgánica de Derecho a la Educación (LODE), en lugar de apostar decididamente por una única red de escuela pública, de calidad, democrática y científica, optó por “regular” la forma en que la privada-concertada, la Iglesia Católica, podía seguir recibiendo estos suculentos fondos económicos extraídos directamente de los bolsillos de los trabajadores.
Casi treinta años después, el Ministro Gabilondo parece estar empeñado en cometer los mismos errores del pasado. Con este pacto educativo en lugar de hacer una clara apuesta en favor de la educación pública vemos como, punto tras punto, lo que se está planteando es una fuerte regresión del sistema educativo. En el caso de la privada concertada facilitando su extensión en detrimento de la pública.
En los dos borradores presentados por el Ministerio quedan recogidas, de manera inequívoca, las demagógicas reivindicaciones del Partido Popular sobre “el derecho de las familias a la libertad de elección de centros”, una consigna recurrente de la derecha en el último cuarto de siglo.
Sobre la supuesta marginación y ataques a la privada-concertada, que dice padecer la patronal, basta contraponer los datos reales de la situación del sistema educativo para darse cuenta de cómo esos argumentos son totalmente falsos. Si alguien está siendo marginada sistemáticamente, es precisamente la escuela pública allí donde gobierna la derecha.
Así podemos ver cómo en el conjunto del Estado el 33% del alumnado se encuentra matriculado en la escuela privada o privada-concertada. Alcanzando en ciudades como Madrid el 65,5% o el 51,4% en el conjunto del País Vasco.
El lucrativo negocio de la privada-concertada
Podemos afirmar sin temor a exagerar, que la escuela privada-concertada, por encima de cualquier otra consideración, es un negocio redondo. Aunque supuestamente ésta debe aceptar toda una serie de reglas para poder optar año tras año a millones de euros, en la práctica elude todas sus responsabilidades y exigen más y más recursos al Estado.
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2005, cada colegio privado-concertado de carácter religioso obtiene unos beneficios anuales de 76.000 euros, mientras que los de carácter laico logran 68.000 euros . Después de conocer estos datos los representantes de la derecha y la patronal educativa tienen el descaro de continuar diciendo que no reciben fondos suficientes y que se sienten marginados.
Para lograr estos amplios márgenes de beneficios la patronal educativa reduce al máximo su inversión en mantenimiento de infraestructuras y derechos laborales de sus docentes. Según Comisiones Obreras, los profesores de la privada concertada suelen recibir un salario hasta un 50% menor que el del profesorado de la escuela pública.
De esta forma, quienes padecen en primer término la existencia del negocio educativo de la Iglesia Católica, son los profesores que se ven obligados a trabajar en ellos, y los miles de estudiantes que acaban en estos centros, debido, en ambos casos, a la ausencia de plazas públicas de calidad suficientes.
Como hemos dicho antes, la privada-concertada se salta una por una todas las obligaciones que tiene para continuar recibiendo dinero público. Sin embargo, en lugar de sancionar a los propietarios de estos centros de estudio y retirarles las subvenciones que reciben, se mira para otro lado y se permite que el lucrativo negocio de la educación continúe su curso.
A cambio de la financiación que reciben por parte del Estado, se supone que deberían respetar la libertad de cátedra de los profesores, no cobrar cuotas a las familias que matriculan a sus hijos en este tipo de escuelas, admitir a los alumnos bajo los mismos criterios que se aplican en la escuela pública, respetar los derechos democráticos de los estudiantes, etcétera.
Sin embargo, es de sobra conocido por la comunidad educativa cómo ninguno de estos principios se respeta en lo más mínimo. En cuanto a la libertad de cátedra, son famosos los casos de represión contra profesores que, en la privada-concertada, no aceptan impartir a raja tabla el ideario del centro en el que se encuentran.
Respecto al cobro de cuotas ilegales, que suponen entre un 27 y un 32% de sus ingresos , estos centros las camuflan como aportaciones para la realización de actividades extraescolares, comedor, clases de refuerzo, uniformes que sólo se pueden comprar al centro, etcétera. Todas estas aportaciones muchas veces son de carácter obligatorio, por lo que, aunque formalmente no exista una cuota anual de matriculación, se cobra a través de los más diversos conceptos.
Otra de las grandes irregularidades es la relacionada con la admisión de alumnos respetando los criterios de la pública, que la privada-concertada se niega a aceptar en la vía de los hechos. De esta forma, se han llegado a crear situaciones en las que colegios concertados han decidido vetar la entrada a niñas, o niños, al aplicar la segregación sexual como mejor opción educativa. Aunque estos casos, por ahora, son minoritarios, donde se deja sentir más ampliamente el carácter discriminatorio e interesado en la admisión del alumnado, es con los estudiantes de origen inmigrante.
Así podemos ver cómo el 82,1% de este alumnado se encuentra matriculado en la escuela pública, frente a la escuela privada-concertada, que escolariza únicamente al 17,9%. Esta segregación tiene fuertes implicaciones a la hora de garantizar la mejor integración en nuestros barrios y ciudades, y la calidad del sistema educativo público en general.
En la medida que existe un presupuesto insuficiente para la educación, del que además se destinan miles de millones de euros a la privada-concertada (en 2006 fueron 4.726,4 millones de euros, un 292% más de lo entregado en 1992) , todos los apoyos humanos y materiales necesarios para ayudar a los estudiantes con otro idioma, los programas de refuerzo para equiparar el nivel académico de estudiantes que proceden de países con diferentes proyectos educativos, y las medidas necesarias para solventar las desigualdades sociales de las que suelen ser presa, recaen, en su práctica totalidad, sobre la escuela pública.
Como resultado de todo lo anterior se va produciendo un desgaste cada vez mayor de la escuela pública en favor de la privada y la privada-concertada. El horizonte de ésta política educativa es una educación de calidad para aquellos que se la puedan pagar, y una de carácter subsidiario y asistencial para los hijos de los trabajadores y los sectores más desprotegidos de la sociedad.
“La evaluación como factor para mejorar la calidad de la educación”
Con argumentos muy similares a estos, el gobierno de Aznar pretendía, con su mal llamada “Ley de Calidad”, instaurar dos “pruebas de diagnóstico”: una en primaria y otra en secundaria, para que la sociedad dispusiese “de datos objetivos sobre la evolución y resultados de nuestro sistema educativo. ”
En este mismo párrafo el PP planteaba abiertamente como los resultados de esta prueba se harían públicos. Abriendo así el camino a la elaboración de un ranking de centros, donde, en la práctica, se obligaría a institutos y colegios a competir unos contra otros, creándose, en función de las necesidades de cada uno, centros de primera y de segunda. Esta situación, como ya hemos explicado, tendría como gran perjudicada a la escuela pública, puesto que, como también hemos dicho antes, los centros privado-concertados eligen minuciosamente a cada uno de sus alumnos. Dejando fuera a los estudiantes que requieren más apoyos y recursos y profundizando así fuertemente la segregación que ya existe como resultado de estas prácticas habituales de la patronal educativa.
Lamentablemente con el proyecto de Pacto propuesto por el gobierno del PSOE, no sólo no se olvidan de esta pretensión interesada de los empresarios de la educación, sino que además la desarrollan. Ya hemos podido ver cómo plantean aceptar dos pruebas de diagnóstico, pero, apoyándose en palabras y argumentos idénticos a los utilizados por el Partido Popular, proponen no dos “pruebas”, sino cuatro.
Las dos primeras son las que hemos planteado que se realizarían en 4º de Primaria y 2º de ESO para orientar a “los centros, el profesorado, las familias y el alumnado ” sobre las opciones educativas y los refuerzos necesarios. Y, las otras dos pruebas, se realizarán en 6º de primaria y en 4º de ESO, para “adoptar las medidas oportunas para mejorar la incorporación del alumnado a la educación secundaria obligatoria y a la postobligatoria y el rendimiento de las siguientes promociones de alumnado de cada etapa ”
Estas medidas no servirán para lograr ni uno solo de los propósitos que dicen perseguir, sino que se convertirán, en concreto las primeras, en medidas para comenzar a determinar la segregación del alumnado, basándose en las “capacidades y destrezas” de cada estudiante. De esta forma, no debería extrañarnos que con la clamorosa falta de recursos en la escuela pública, todos aquellos alumnos que saquen malos resultados en la prueba de 2º de ESO, comiencen a ser encaminados (o preparados) para dar el paso de optar por la vía de los PCPIs si suspendieran 3º de la ESO. Comprobamos así, cómo la orientación segregadora comienza en la práctica, no en 4º, ni 3º de la ESO, sino mucho antes.
Las pruebas de 4º y 6º de Primaria y 4º de la ESO, serán las que determinen en que puesto del ranking se encontrará cada centro. Los argumentos esgrimidos para justificar la aplicación de estas nuevas pruebas, dan por supuesto que en los centros de estudio no existen exámenes, pruebas, departamentos de orientación, ni juntas de evaluación.
Se presentan ante la opinión pública todas las pruebas anteriores como una medida novedosa que resolverá todos los problemas del sistema educativo. La argumentación desarrollada por el Ministerio desprecia y rechaza la labor que debe desempeñar cada centro de estudios para conocer el desarrollo y dificultades de cada estudiante para poder ayudarle a continuar avanzando y superar sus dificultades. Esa es la única conclusión a la que se puede llegar para comprender la “necesidad” de todas estas pruebas. Si en la actualidad el profesorado no tiene un mejor conocimiento de los avances y situaciones de los estudiantes, no es por la falta de interés de los profesores, sino por la falta de medios, aulas más reducidas y recursos humanos necesarios.
No hace falta instaurar una “cultura de la evaluación como factor para mejorar la calidad de la enseñanza”, lo que necesitamos son más recursos humanos y materiales para la educación pública.
Una imagen interesada de la juventud
Sin lugar a dudas, otro de los puntos con que la derecha ha hecho más ruido históricamente para justificar toda serie de contrarreformas educativas y recortes de derechos democráticos de la juventud, ha sido la supuesta ausencia de valores como el esfuerzo, la perseverancia y la continuidad entre los estudiantes.
De forma machacona, han intentado propagar la idea de que los jóvenes somos unos vagos acostumbrados recibir mucho a cambio de no hacer nada.
Junto a esta idea, y de manera casi indivisible, se suele plantear un perfil aún más negativo de la juventud. Creando una falsa imagen en la que la mayoría de nosotros somos “niños” malcriados, holgazanes y violentos, unos pendencieros que aprovechamos la más mínima ocasión para generar conflictos donde no los hay y para dar rienda suelta a una violencia gratuita e inexplicable.
Este es el argumentario de la derecha, pero… ¿Cuál es la realidad?
Según el defensor del Pueblo los episodios de violencia en el entorno escolar han ido reduciéndose de manera continuada y sistemática desde 1999, pasando de un 4,8% en ese año, hasta situarse en un 3,9% en 2006 . Estos datos son clarificadores a la hora de trazar una perspectiva mucho más realista sobre la situación de la conflictividad existente en el entorno escolar.
Por otra parte, para responder a nuestra supuesta falta de esfuerzo, vasta contraponer los datos de licenciados en la universidad cada año, donde podemos observar cómo el 50,4% de los alumnos que terminan los estudios universitarios lo hacen con 24 años o menos. Un resultado muy elevado teniendo en cuenta que sólo el 63,5% de los estudiantes que se matriculan por primera vez en la universidad, provienen del bachillerato. Los demás estudiantes acceden a la universidad tras cursar un ciclo formativo de grado superior o tras haber superado las pruebas para mayores de 25 años, entre otras vías . Si fueran ciertas las acusaciones sobre nuestra falta de esfuerzo y demás calificativos, todos estos datos simplemente no existirían.
Haciéndose eco de todas las calumnias de la derecha, que son contestadas contundentemente por las cifras de los propios organismos estatales, el Ministerio de Educación plasma en su propuesta de Pacto toda una serie de medidas que contribuyen a continuar alimentando una imagen falsificada de la juventud.
De hecho, en la propuesta de Pacto podemos leer cosas como que hay que “mejorar la convivencia en todos los centros educativos”, que hay que “fomentar que el alumnado […] practique la solidaridad y el respecto a los demás”, que es necesario potenciar “el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos educativos encaminados a promover la cultura de la paz y no violencia en los centros docentes”que se promoverá “la cultura del esfuerzo, la exigencia y la responsabilidad personal y social ”, etcétera, etcétera.
Todas estas recomendaciones, propuestas y diagnósticos dan una imagen sobre los centros de estudio que nada tienen que ver con la realidad de nuestros institutos. Se basan, en situaciones aisladas y absolutamente minoritarias, que son magnificadas y convertidas en grandes titulares de prensa, para justificar medidas de represión y recorte de derechos democráticos contra el conjunto de los estudiantes.
Represión contra el movimiento estudiantil
De esta forma, a renglón seguido de todos estos comentarios y medidas, podemos leer cómo el Ministerio plantea apoyar “al profesorado y a los equipos directivos de los centros, reforzando su autoridad y su asistencia legal”. Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que esta medida es una nueva cesión por parte del Gobierno del PSOE ante el ideario y las presiones de la derecha. No hay que olvidar que este mismo curso la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, aprobó la polémica “Ley de Autoridad del profesorado”, que supone considerar a los estudiantes como delincuentes que sólo responderán ante jueces y policías. Aunque existen diferencias entre la norma aprobada por la derecha y la redactada por el Ministerio, queda claro cómo la propuesta del Gobierno se basa en las demandas del PP a la hora de redactar la medida descrita.
Pero, para que no quede ningún viso de doble interpretación sobre la motivación de esta frase, la propuesta continúa diciendo que se trata de “reforzar el papel de los equipos directivos para que puedan adoptar de forma inmediata las medidas necesarias ante los casos de violencia o indisciplina que se produzcan. Estas medidas serán prioritariamente de carácter socioeducativo, además de las medidas punitivas que sean necesarias.”
Esta última parte de la propuesta número 111 del Ministerio se comenta por sí misma, aunque sí que merece la pena resaltar el hecho de que las “medidas punitivas que sean necesarias” no se establecen para ser utilizadas de forma masiva ni habitual para sofocar “de forma inmediata […] los casos de violencia” que se generen en las aulas, puesto que, como deja claro en su informe el Defensor del Pueblo, estos casos representan en realidad una ínfima minoría en aquellos centros de estudio donde se producen.
Sin embargo, en lo que respecta a los “casos de indisciplina”, encontramos una abstracción que será muy útil para las direcciones reaccionarias que existen en algunos centros de estudio. Los mismos que cierran las puertas de los centros, ponen exámenes y nos amenazan cada vez que el Sindicato de Estudiantes convoca una movilización en defensa de la educación pública, por un futuro digno para la juventud, en defensa del empleo, contra la precariedad de nuestros institutos, etc., ahora podrán decir que participar en estas convocatorias es un acto de indisciplina, por lo que tendrán campo libre para adoptar “las medidas punitivas que sean necesarias.”
Defendamos la educación pública. Por una movilización de toda la comunidad educativa que obligue al gobierno del PSOE a romper con el Partido Popular y a dar un profundo giro a la izquierda en su política social.
Como hemos podido comprobar a lo largo de este análisis del Pacto educativo, estamos ante una capitulación absoluta a las presiones de la derecha. Esta realidad, hace más necesaria que nunca una respuesta firme y contundente a esta peligrosa contrarreforma educativa. El Pacto Educativo implica un fuerte retroceso histórico para la educación secundaria.
Desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a los sindicatos de profesores, a las organizaciones estudiantiles de izquierdas y, especialmente, a Izquierda Unida, para desarrollar una campaña de movilizaciones en defensa de la educación pública, que debe comenzar con una amplia explicación en los centros de estudio de lo que realmente supone este mal llamado “Pacto por la Educación”. Una campaña que debe ser vinculada a la lucha contra el resto de las contrarreformas que el gobierno del PSOE ha aprobado y que son un ataque directo a las condiciones de vida de la clase obrera y la juventud. Sólo así obligaremos al gobierno del PSOE a retirar este pacto regresivo y reaccionario.
Todo lo que el borrador de Pacto NO aborda y la Educación Pública SI necesita.
Para finalizar este pequeño documento de análisis del borrador de Pacto Educativo, queremos señalar que los contenidos de dicho pacto suponen un grave ataque a la educación pública tanto por lo que dice como por lo que no dice.
De hecho, a lo largo de sus 38 páginas se detectan ausencias clamorosas de temas fundamentales a pesar de que éstos han sido reiteradamente planteadas por nuestra organización en todas las reuniones a las que hemos sido convocadas por el Ministerio. El borrador guarda un absoluto silencio ante reivindicaciones históricas de la izquierda como que la religión salga fuera de las aulas, que se eliminen los conciertos educativos con dinero público, la construcción de las plazas públicas necesarias en todos los tramos educativos para satisfacer toda la demanda social y eliminar las trabas que existen para el acceso a las mismas -como por ejemplo la selectividad en el caso concreto del acceso a la universidad- o la necesidad de una verdadera política de becas para que la educación sea realmente gratuita y accesible para todas las familias trabajadoras.
Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que además de que este borrador supone un grave ataque a la educación pública, ni siquiera entra a analizar en profundidad cuáles son las verdaderas necesidades de la educación pública. A continuación exponemos nuestra tabla reivindicativa que recoge los aspectos esenciales que toda reforma educativa en defensa de la educación pública debería contener.
Tabla reivindicativa del Sindicato de Estudiantes
1. Contra la privatización de la educación. El dinero público para la educación pública. Por una educación integral pública, gratuita y con plazas suficientes desde el tramo educativo 0-6 años. No a la privatización de esta etapa que se está llevando acabo con especial incidencia en las Comunidades que gobierna el PP, al amparo del articulado de la LOE aprobada por el gobierno del PSOE en 2005.
2. Retirada de los conciertos educativos Contra la privatización y degradación de la escuela pública. Ni un euro para la escuela privada-concertada. Por la integración de todo el sistema educativo en una única red pública de calidad, democrática y científica.
3. Fuera la religión de las aulas. Anulación de los acuerdos con el Vaticano, especialmente todos aquellos relacionados con el sistema educativo. La religión es una opción personal respetable, pero los fondos públicos no deben servir para financiar el adoctrinamiento religioso ni para introducir enseñanzas de carácter acientífico en el sistema educativo.
4. Mejora de la Formación Profesional que garantice un número suficiente de plazas públicas para todos aquellos que decidan matricularse en esta opción educativa, así como de la calidad de los contenidos académicos y la realización de prácticas remuneradas bajo el control de las centrales sindicales y representantes de alumnos. No a la actual reforma que supone una degradación del título existente y un importante paso atrás en materia educativa.
5. No a la Selectividad. Ninguna criba para entrar en la universidad una vez aprobado el curso. Esta prueba innecesaria sólo sirve para evitar que decenas de miles de jóvenes puedan acceder a unos estudios superiores y dificultar así su acceso a un trabajo y a unas condiciones de vida dignas.
6. Retirada inmediata de los Planes de Bolonia. Por la apertura inmediata de una mesa de negociación con profesores, PAS, estudiantes y sindicatos para la elaboración de un plan de reforma universitaria que garantice una universidad pública, gratuita, de calidad y sin obstáculos artificiales para el acceso a la misma.
7. No a la privatización del C.A.P. La falta de plazas en la universidad pública para este curso está permitiendo que universidades privadas, que sí las ofertan, se aprovechen de esta situación cobrando precios desorbitados y convirtiendo la educación en un simple negocio. Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos a este Ministerio la creación inmediata de las plazas públicas suficientes para cubrir toda la demanda existente.
8. Por una política de becas que realmente nos equipare con Europa. La equiparación con Europa es uno de los argumentos fundamentales por los que el gobierno defiende la aplicación de los planes de Bolonia, sin embargo la media europea de estudiantes universitarios becados está en el 40%, mientras que en el Estado Español es de un raquítico 14%.
9. En defensa de los derechos democráticos de los estudiantes. Reconocimiento efectivo de nuestro derecho a huelga, recogido en la L.O.E., en todos los centros de estudio, así como la garantía del derecho a reunión y a expresión, incluyendo el derecho a asamblea en hora lectiva en todo el Estado, como ya existe en Andalucía y Extremadura. Ninguna sanción por ejercer nuestros derechos más elementales.
10. Por un plan de choque de inversión en la educación pública para alcanzar el 7% del PIB. Denunciamos la falsa la idea de que no hay dinero para mejoras sociales. Mientras el gobierno regala decenas de miles de millones de euros para salvar a la banca y mantener sus cuentas de beneficios, asistimos al deterioro de derechos fundamentales como la sanidad y la educación públicas por falta de recursos. Consideramos que hay dinero suficiente para destinar a su mejora, comenzando por alcanzar una inversión del 7% del PIB en la educación pública.