El pasado 3 de Febrero se presentaba en Madrid, dentro de una jornada titulada “Pacto por la Universidad”, el documento encargado por la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) a la Fundación privada Conocimiento y Desarrollo (Presidida por Ana Patricia Botín,) titulado “La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación”,
a través de la cual la CRUE pretende buscar orientación para un cambio en los modelos de gobierno de la Universidad en todo el Estado. En este acto estaban presentes Marius Rubiralta, Secretario General de Universidades y la Conferencia de Consejos Sociales, representantes de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (que reúne a diversas empresas privadas) y representantes del PSOE y el PP. Sin embargo, a pesar de estar organizado al más alto nivel, este acto ha pasado prácticamente desapercibido y no ha recibido apenas difusión, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que los contenidos de este documento suponen una salvaje vuelta de tuerca a la privatización de la universidad pública que provocará sin duda el rechazo absoluto por parte de la comunidad educativa.
Las “amistades peligrosas” del MEC con la empresa privada.
Antes de entrar en los contenidos de este documento hay algo que salta a la vista por lo escandaloso y ofensivo para todos aquellos que defendemos la educación pública y es el hecho de que la CRUE haya encargado este documento para acometer reformas en la universidad pública a un lobby empresarial.
Las “amistades peligrosas” del MEC con la empresa privada.
Antes de entrar en los contenidos de este documento hay algo que salta a la vista por lo escandaloso y ofensivo para todos aquellos que defendemos la educación pública y es el hecho de que la CRUE haya encargado este documento para acometer reformas en la universidad pública a un lobby empresarial.
Por si alguno no conocía aún de la existencia de esta Fundación (CyD) basta con echar un vistazo a su página web en la que explican cómo esta Fundación, creada en el año 2002, tiene como objetivo fundamental trabajar por la ampliación de los vínculos entre la Universidad y la empresa privada, y cuenta en plantilla con, entre otros, altos cargos de Caixa Catalunya, Freixenet, Banco Santander, Mercadona, Telefónica, Yamaha o personajes como Joseph. M Bricall, coordinador del conocido como Informe Bricall, que puso en pie a la Universidad por sus planteamientos privatizadores. Pero ¿qué se podía esperar de una Fundación presidida por la presidenta de Banesto e hija de Emilio Botín, presidente a su vez del Banco Santander? ¿Qué se puede esperar de la empresa privada respecto a la universidad pública más que la privatización?
Siguiendo esta lógica el gobierno podría encargar a una empresa de seguros privados un estudio sobre las necesidades del sistema de salud estatal, y no hay ninguna duda de los consejos que esta daría; privatización de la sanidad pública. Es inadmisible, de partida, que un gobierno que se reclama de izquierdas coquetee con un lobby empresarial y se haga eco de sus posturas para legitimar la necesidad de reformas estructurales en la universidad para así disminuir el gasto público, que es adónde conducirían las reformas propuestas de llevarse adelante.
El argumento del cambio de modelo productivo; un bonito envoltorio para un caramelo envenenado.
Como no podía ser de otra manera, la argumentación para acometer reformas estructurales en la universidad es la “urgente necesidad de un cambio en el modelo productivo”, y el papel de la universidad para propiciar este cambio para una nueva sociedad basada en el conocimiento, etcétera, etcétera, es decir, el argumento de moda y la razón argüida para todas las contrarreformas que , lamentablemente, está planteando el ejecutivo del PSOE . Ésta argumentación, a su vez, va acompañada a la cesión ante los intereses de la patronal de forma descarada en detrimento de la educación pública y, lejos de disminuirla, aumentar la dependencia de la educación respecto a los vaivenes del mercado ; “ garantizar la impartición de una enseñanza de calidad, adaptada en todo momento a las necesidades sociales y, más en concreto, a las diversas y cambiantes exigencias del mercado de trabajo”… “incrementar la agilidad en la toma de decisiones, especialmente aquellas de tipo estratégico que tengan como objetivo responder a la aleatoriedad de las condiciones del mercado”(p. 20 del doc.), resumiendo, una subordinación completa de la educación pública a los intereses de los grandes empresarios.
El espíritu del documento; cómo privatizar más y mejor. Algunos ejemplos.
El documento recoge once propuestas concretas, que se supone serán tenidas en cuenta por el MEC (que ha respaldado públicamente la presentación de este documento) como la base para elaborar próximas reformas. En todas ellas se deja ver de forma palmaria la voluntad privatizadora.
1. Reforma Legislativa.
La primera “gran propuesta” , y que nos pone en aviso del carácter de todas las medidas, es la desregulación dentro de la universidad en aspectos como la toma de decisiones , los procedimientos de elección y las relaciones laborales . Lo que proponen exactamente es “la desregulación progresiva y flexible, apostando por un mínimo marco legal…, siguiendo el ejemplo americano”, para lograr “aumentar las limitadas competencias de los órganos externos de control (la empresa privada), la implementación de nuevos mecanismos de financiación internos o externos (privados)”. (p.24- 25 del doc.)
Llaman la atención los elogios al modelo americano como ejemplo a seguir, ya que si nos acercamos a esta realidad vemos un panorama desolador y una educación totalmente privatizada en la que, según datos de 2008 del Centro Nacional de Política Pública y Educación Superior Americana, en todos los estados (excepto en California, que aún cuenta con universidades comunitarias más baratas) el acceso de las familias medias y humildes está prácticamente vetado por la escalada de precios; se calculaba que las familias con menores ingresos habían pasado de emplear un 39% de sus ingresos para pagar la universidad de sus hijos , a un 55%. Y no es de extrañar, pues el precio de la matrícula en una universidad pública en EEUU ronda los 6.100 dólares al año, pudiendo llegar a los 20.000 dólares, y la media en las universidades privadas es de 23.000 dólares anuales. Con esta situación es normal que muchas familias recurran a los créditos (el equivalente a los préstamos renta españoles). Los préstamos públicos oscilan entre 3.500 y 5.500 dólares anuales por lo que después deben acudir a entidades privadas para cubrir el resto del coste, que aplican un tipo de interés entre el 6,8% y el 8,5%, pudiendo llegar hasta el 11%. Se calcula que hay unas 200 entidades que conceden préstamos en EEUU. Todo un negocio para la banca y la familia Botín.
Desde luego este no es el modelo a seguir si lo que se quiere es una “sociedad del conocimiento” como desde el gobierno no se cansan de repetir, sino el modelo para la desaparición de la universidad pública como tal y el fin del acceso de los hijos de los trabajadores a la educación superior.
2. Rector, ¿elección o designación?
Uno de los comentarios más escandalosos de este documento (¡y hay muchos!) aparece en este apartado; “la Universidad Española, como la mayoría de la europea carece de cultura empresarial y, sobre todo, de rentabilidad, propia de la sociedad estadounidense y, por extensión, de sus universidades”. “Tal singularidad bien pudiera relacionarse con el viejo concepto europeo del Estado Social, que legitima la intervención del Estado para corregir excesos o desequilibrios de la natural irracionalidad de la economía”.
De estas declaraciones se desprende que , desde el punto de vista de los empresarios el Estado social es , poco más o menos, que una antigualla de la que hay que desprenderse cuanto antes, y una de las medidas para conseguirlo es que el rector sea elegido por una Junta de Gobierno (desarrollo del actual Consejo Social) formado fundamentalmente por empresas, y además el rector necesitará tener formación en gestión empresarial o , como propuesta alternativa, estar acompañado de un profesional experto en gestión “al que se le pudiese retribuir de acuerdo con criterios de mercado”(p. 29), es decir, como a un alto ejecutivo porque, al parecer, ¡para privatizar la universidad si hay dinero! Mientras que el gobierno ha destinado nada más y nada menos que 200.000 millones de euros de las arcas públicas al plan de rescate de la banca, argumenta que para educación no hay dinero, es decir sí hay dinero para garantizar los beneficios privados pero no para garantizar unos servicios sociales , como la educación o el sistema público de pensiones.
3. Decanos y directores de centro. Cambio en el sistema de nombramiento.
Desarrollando el argumento de la necesidad de conocimientos profesionales de gestión , también se plantea que los Decanos y directores de centro debieran ser designados directamente por el Rector, que a su vez ha sido elegido fundamentalmente por las empresas representadas en los órganos de dirección de la Universidad (Consejo Social introducido por la LOU). Por si esto no fuera poco el documento carga salvajemente contra los órganos colegiados (Juntas de Facultad, Juntas de Escuela, etc, donde están representados todos los miembros de la comunidad educativa) por sus “farragosos sistemas de elección internos y de los burocráticos procesos de toma de decisión que protagonizan”. ¡Toda una oda a la participación democrática!
Es llamativo que mientras que la Secretaría de Estado de Universidades pretende aprobar un nuevo Estatuto del Estudiante para, supuestamente, fomentar la participación de los estudiantes en la vida universitaria, por otra parte valora acabar con las pocas competencias que tienen estos organismos y considera la posibilidad de introducir una gestión privada de las universidades públicas con criterios empresariales.
4. Configuración y funciones de las Juntas de Gobierno (entendidas al estilo de los Boards estadounidenses).
Aquí se detalla la composición recomendada para las Juntas de Gobierno (Consejos Sociales) que “será formada en su mayoría por miembros externos a la Universidad… y cuya función en la captación de fondos resulta clave dados sus contactos con el mundo de la empresa y con diferentes estamentos sociales”(p.32) Una manera muy decorosa de plantear la entrada del capital privado en la universidad pública y por tanto su dependencia de los intereses de este sector que invertirá allí donde vea negocio y no donde sea socialmente necesario.
5. Reducción del número de miembros en el órgano colegiado de la Universidad.
Reducen las funciones de estos órganos, más reducidos, a meramente consultivos, algo que entra en profunda contradicción con el lenguaje de fomento de la participación y un modelo solidario, con la que el gobierno está presentando todas las reformas educativas.
6. Flexibilidad en los procesos de contratación,
7. Flexibilidad en el estatuto jurídico del PDI y
10. Motivación y sensibilización del PDI y PAS (mediante retribución por objetivos).
“Si la reforma que se está debatiendo parece tener una clara inspiración empresarial (por si alguien no se había dado cuenta todavía), al menos en cuanto a la gestión de la institución propiamente dicha, sería absolutamente necesario que los instrumentos contractuales de que dispusiesen los nuevos responsables, les permitiesen insuflar ese plus de agilidad y eficacia que, desde el primer momento, se ha marcado como uno de los objetivos a conseguir en la gobernanza universitaria”. La propuesta es “liberalizar “en la medida de lo posible su contratación, tanto en la selección como en la retribución. Una seria amenaza a los trabajadores del P.D.I. y al P.A.S. que verán cómo sus condiciones laborales se precarizan junto con una mayor inestabilidad laboral.
8. Implementación de experiencias piloto y adopción de “Códigos de Buen gobierno” y
“Si la reforma que se está debatiendo parece tener una clara inspiración empresarial (por si alguien no se había dado cuenta todavía), al menos en cuanto a la gestión de la institución propiamente dicha, sería absolutamente necesario que los instrumentos contractuales de que dispusiesen los nuevos responsables, les permitiesen insuflar ese plus de agilidad y eficacia que, desde el primer momento, se ha marcado como uno de los objetivos a conseguir en la gobernanza universitaria”. La propuesta es “liberalizar “en la medida de lo posible su contratación, tanto en la selección como en la retribución. Una seria amenaza a los trabajadores del P.D.I. y al P.A.S. que verán cómo sus condiciones laborales se precarizan junto con una mayor inestabilidad laboral.
8. Implementación de experiencias piloto y adopción de “Códigos de Buen gobierno” y
9. Fomentar el modelo mixto de libre concurrencia y servicio público, tanto desde el punto de vista de la financiación como del resultado.
“La financiación estatal debería diferenciar entre financiación para la docencia y financiación para la investigación”, algo que beneficia claramente a la empresa que podrá utilizar los recursos y las instalaciones públicas para las investigaciones que sean de interés, con una partida presupuestaria específica. “Sería positivo que la financiación pública se vinculase en parte al éxito en la obtención de recursos externos, prueba de buena gestión, o a una elevada implicación con el entrono”. Es decir, que además de introducir la financiación privada, vinculan esta a la financiación estatal y a la consecución de resultados. Estas medidas, unidas a los rankings públicos que también plantean para que los resultados de aprobados, etc. sean conocidos, supone la implantación del modelo americano en cuanto a la elitización de la universidad, creando universidades de primera (estilo Harvard o Stanford) donde estudian las élites y universidades de segunda casi sin financiación que son a las que acuden, no sin grandes esfuerzos, las familias con ingresos medios. Resumiendo, las universidades más rentables desde el punto de vista del mercado son las que sobreviven en detrimento de las familias trabajadoras que o tienen muchas dificultades para mandar a sus hijos a la universidad, o, como es el caso de los EEUU, ni siquiera pueden planteárselo salvo consiguiendo una beca por méritos deportivos o ingresando en el ejército.
11. Replanteamiento de la rendición de cuentas.
Este es el aspecto que más repercusión está teniendo, pues está siendo utilizado como legitimación para las reformas. Parte de la base de que existe un tremendo descontrol en las cuentas universitarias públicas y que la gestión privada va a atajar. Se trata una vez más, del clásico argumento de que “lo privado funciona mejor”. Pero, ¿es esto así realmente? Se trata de un argumento muy peligroso que se ha utilizado sistemáticamente para privatizar servicios públicos. Es el recurso preferido para justificar reconversiones y demás contrarreformas, sin embargo los mismos que cargaban contra la empresa pública por su supuesta mala gestión de los fondos públicos fueron los mismos que se llenaron los bolsillos con estas privatizaciones, tal es el caso de ejemplos muy conocidos como Telefónica, que daba enormes beneficios que han pasado a engrosar las cuentas de beneficios privados de , entre otros Eduardo Zaplana (actual delegado de Telefónica para la Unión Europea) ex Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Partido Popular (el mismo partido político que acometió dicha privatización). Lo que es inadmisible es el que el PSOE recupere esta argumentación demagógica para realizar, en la práctica, un nuevo trasvase de dinero público a bolsillos privados.
Sí hace falta una reforma universitaria, pero en beneficio de los hijos de los trabajadores y no de la patronal.
Con este breve repaso a los contenidos fundamentales de este borrador queda claro que se trata de una vuelta de tuerca brutal en la privatización de la universidad pública. No es ninguna casualidad que este debate se esté llevando a escondidas de la comunidad educativa, que, al menos en el caso de los estudiantes, no hemos sido en absoluto consultados, ni siquiera informados de esta posible reforma, que desarrolla los Planes de Bolonia, y de la que hemos tenido que enterarnos, una vez más, por la prensa. Es inadmisible una actuación de este tipo por parte del Ministerio de Educación y del gobierno del PSOE en general.
La tendencia a la entrada de la empresa privada en la golosa tarta de la educación pública ya quedó claramente retratada con la elección de Cristina Garmendia (ex miembro de la junta directiva de la CEOE) como Ministra de Universidades (actualmente de Ciencia e Innovación tras la reintegración del Ministerio de Universidades en el MEC).
Desde el Sindicato de Estudiantes rechazamos rotundamente estas políticas privatizadoras y creemos que este nuevo documento reafirma la necesidad de movilizar al conjunto de la comunidad educativa frente a los brutales ataques que estamos padeciendo (Pacto Educativo con el PP, reforma de la Formación Profesional, etc) y ante las ansias de la patronal por hacer de la educación un negocio y no un derecho.
Por eso insistimos de nuevo, y así lo manifestaremos en próximas reuniones, a los dirigentes sindicales y a las organizaciones de izquierda, especialmente a Izquierda Unida, a preparar una gran movilización para frenar esta ofensiva.
“La financiación estatal debería diferenciar entre financiación para la docencia y financiación para la investigación”, algo que beneficia claramente a la empresa que podrá utilizar los recursos y las instalaciones públicas para las investigaciones que sean de interés, con una partida presupuestaria específica. “Sería positivo que la financiación pública se vinculase en parte al éxito en la obtención de recursos externos, prueba de buena gestión, o a una elevada implicación con el entrono”. Es decir, que además de introducir la financiación privada, vinculan esta a la financiación estatal y a la consecución de resultados. Estas medidas, unidas a los rankings públicos que también plantean para que los resultados de aprobados, etc. sean conocidos, supone la implantación del modelo americano en cuanto a la elitización de la universidad, creando universidades de primera (estilo Harvard o Stanford) donde estudian las élites y universidades de segunda casi sin financiación que son a las que acuden, no sin grandes esfuerzos, las familias con ingresos medios. Resumiendo, las universidades más rentables desde el punto de vista del mercado son las que sobreviven en detrimento de las familias trabajadoras que o tienen muchas dificultades para mandar a sus hijos a la universidad, o, como es el caso de los EEUU, ni siquiera pueden planteárselo salvo consiguiendo una beca por méritos deportivos o ingresando en el ejército.
11. Replanteamiento de la rendición de cuentas.
Este es el aspecto que más repercusión está teniendo, pues está siendo utilizado como legitimación para las reformas. Parte de la base de que existe un tremendo descontrol en las cuentas universitarias públicas y que la gestión privada va a atajar. Se trata una vez más, del clásico argumento de que “lo privado funciona mejor”. Pero, ¿es esto así realmente? Se trata de un argumento muy peligroso que se ha utilizado sistemáticamente para privatizar servicios públicos. Es el recurso preferido para justificar reconversiones y demás contrarreformas, sin embargo los mismos que cargaban contra la empresa pública por su supuesta mala gestión de los fondos públicos fueron los mismos que se llenaron los bolsillos con estas privatizaciones, tal es el caso de ejemplos muy conocidos como Telefónica, que daba enormes beneficios que han pasado a engrosar las cuentas de beneficios privados de , entre otros Eduardo Zaplana (actual delegado de Telefónica para la Unión Europea) ex Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Partido Popular (el mismo partido político que acometió dicha privatización). Lo que es inadmisible es el que el PSOE recupere esta argumentación demagógica para realizar, en la práctica, un nuevo trasvase de dinero público a bolsillos privados.
Sí hace falta una reforma universitaria, pero en beneficio de los hijos de los trabajadores y no de la patronal.
Con este breve repaso a los contenidos fundamentales de este borrador queda claro que se trata de una vuelta de tuerca brutal en la privatización de la universidad pública. No es ninguna casualidad que este debate se esté llevando a escondidas de la comunidad educativa, que, al menos en el caso de los estudiantes, no hemos sido en absoluto consultados, ni siquiera informados de esta posible reforma, que desarrolla los Planes de Bolonia, y de la que hemos tenido que enterarnos, una vez más, por la prensa. Es inadmisible una actuación de este tipo por parte del Ministerio de Educación y del gobierno del PSOE en general.
La tendencia a la entrada de la empresa privada en la golosa tarta de la educación pública ya quedó claramente retratada con la elección de Cristina Garmendia (ex miembro de la junta directiva de la CEOE) como Ministra de Universidades (actualmente de Ciencia e Innovación tras la reintegración del Ministerio de Universidades en el MEC).
Desde el Sindicato de Estudiantes rechazamos rotundamente estas políticas privatizadoras y creemos que este nuevo documento reafirma la necesidad de movilizar al conjunto de la comunidad educativa frente a los brutales ataques que estamos padeciendo (Pacto Educativo con el PP, reforma de la Formación Profesional, etc) y ante las ansias de la patronal por hacer de la educación un negocio y no un derecho.
Por eso insistimos de nuevo, y así lo manifestaremos en próximas reuniones, a los dirigentes sindicales y a las organizaciones de izquierda, especialmente a Izquierda Unida, a preparar una gran movilización para frenar esta ofensiva.
¡Ni LOU ni Bolonia!
¡No a la privatización de la universidad!
¡Defendamos la educación pública con una huelga general de toda la comunidad educativa!
¡No a la privatización de la universidad!
¡Defendamos la educación pública con una huelga general de toda la comunidad educativa!