El cambio de modelo productivo se ha convertido en una de las melodías más repetidas por parte del gobierno del PSOE y de los dirigentes sindicales como receta para salir de la crisis económica y evitar que vuelva a repetirse un escenario como el actual.
Según el Ministerio de Educación, uno de los objetivos del gobierno es
"impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico, basado en el
conocimiento, que asegure un desarrollo económico sostenible y un
creciente bienestar y cohesión social". El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, añadía el 16 de febrero en declaraciones al diario El País,
que "la Formación Profesional jugará un papel clave en el acuerdo para
la reforma del sistema educativo, que es decisiva para el futuro
económico de Europa: Si queremos cambiar el modelo económico debemos
basarlo en la educación y la formación".
Tanto en la propuesta de Pacto Educativo del PSOE como en la Ley de Economía Sostenible se abordan los ejes centrales de esta reforma de la Formación Profesional (FP). Basta analizar algunos de los puntos centrales de estos textos para comprobar que, una vez más, tras el discurso se encubre un nuevo ataque a la educación pública en beneficio de los intereses de la patronal. Precisamente por esto no es de extrañar que el PP mantenga un absoluto silencio respecto a este tema y desvíe toda su crítica demagógica a la política educativa del PSOE a temas como "la defensa del castellano" y similares, que nada tienen que ver con la realidad educativa ni con las deficiencias reales de la educación pública.
La reforma de la FP, un suculento negocio para la patronal
La empresa privada será la gran beneficiaria de esta reforma, no solamente porque incidirá aún más en ajustar la oferta formativa a sus necesidades económicas, como si de un guante se tratara, sino porque dispondrán de los recursos de la educación pública para satisfacer sus ansias de negocio a través de diferentes vías de financiación pública. He aquí un breve resumen de las distintas formas de este escandaloso trasvase de dinero público a la empresa privada:
1.- "Adoptar programas de ayudas a empresas para ofertar contratos de trabajo, en particular, para menores de 24 años, que contemplen una parte del tiempo dedicado a la formación necesaria para obtener una titulación básica" (Artículo 35, punto 4 del borrador de Pacto Educativo).
2.- "Establecer acuerdos con diversos sectores empresariales para la contratación laboral a tiempo parcial compatible con la actividad escolar, junto con incentivos a las empresas que incrementen el número de sus trabajadores con titulación post-obligatoria y realicen planes de formación complementarios a los establecidos con carácter general" (Artículo 37, punto 4 del borrador de Pacto Educativo).
3.- "La utilización por las empresas de las instalaciones y equipamiento de los centros, (utilización compartida de las instalaciones y el equipamiento para fines docentes y empresariales)" (Artículo 35 del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible).
4.- "La prestación de servicios (públicos, de información y orientación profesional) de atención singularizada a las empresas, especialmente pequeñas y medianas, en tanto que recurso que permite optimizar su capital humano y diseñar itinerarios formativos ajustados a sus necesidades" (Artículo 91, punto 2e del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible).
La devaluación de la FP, más mano de obra barata para la explotación
Mientras hace esto, el gobierno insiste en que es urgente duplicar el número de titulados en FP para "mejorar una mano de obra con 13 millones de trabajadores sin cualificación", pero la realidad es tozuda. Precisamente la escasa cualificación es un caramelo deseado por los empresarios, ya que implica mayor explotación de la mano de obra. Durante años hemos asistido a la existencia de miles de no admitidos en los ciclos formativos, especialmente en los de grado superior -que son los que permiten obtener una mayor cualificación- por la escasez de plazas públicas; se han abierto y cerrado ciclos formativos al antojo de los empresarios, con el argumento de que es necesario adaptarse al "tejido productivo" de cada ciudad, comarca o región. Ahora, en medio de una crisis, cuando se están cerrando fábricas y despidiendo masivamente mano de obra, y los capitalistas exigen un recorte de los gastos sociales más "superfluos", entre ellos el gasto público educativo, ¿para qué invertir en una formación de calidad si el mercado laboral no lo necesita? Es suficiente con mano de obra de barata, poco cualificada, para usarse a gusto del empresario de turno. Ya lo ha dicho el presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, ¿por qué no imponer un contrato para jóvenes hasta los 30 años sin derecho a paro, sin indemnización por despido y sin cotización patronal a la Seguridad Social? Esta es la reforma laboral y, por tanto, de la FP que quieren los empresarios.
Así, entre los objetivos recogidos en el borrador del Pacto Educativo aparece "adoptar las medidas necesarias para que la FP responda a las nuevas necesidades de los distintos sectores productivos", es decir, ¡más de lo mismo! Pero, por si aquí no quedase lo suficientemente claro, en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, se apuntala: "Las administraciones educativas y laborales en cada Comunidad Autónoma, constituirán órganos territoriales de participación con el fin de adecuar la oferta de formación profesional a las necesidades de la economía en el ámbito territorial correspondiente", este órgano tendrá como funciones, entre otras, "identificar las necesidades generales y específicas de formación de las empresas locales" y "proponer a las instituciones y entidades las ofertas formativas más adecuadas para responder a dichas necesidades, así como instar a la inclusión, modificación o supresión de unidades de competencia incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales" (Artículo 93 del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible). Resumiendo, ¡las empresas dispondrán de la formación profesional para cubrir sus necesidades, pudiendo hasta cambiar periódicamente la oferta formativa! Y no solamente eso, sino que también podrán ser las responsables de la formación, a través de la realización de módulos de Formación en Centros de Trabajo. Es difícil imaginar un escenario de mayor subordinación de la educación a los intereses de los capitalistas.
Echando un vistazo al uso que la patronal ha hecho de las prácticas en empresas, es fácil imaginar el carácter "formador" de estos módulos. Eso sí, el negocio es redondo para ellos: prácticas sin remunerar. Además, según un estudio realizado por CCOO a finales de 2008, las empresas privadas españolas se ahorraban la friolera de 1.200 millones de euros mediante los becarios, que trabajaban por sueldos de miseria y sin cotizar.
Con estas medidas se devaluará el título de la FP, algo evidente cuando se propone la emisión de "certificados de profesionalidad" para aquellos que acrediten una experiencia de tres años laborables y superen una prueba. No queda claro si dichos certificados podrán ser emitidos por las propias empresas, pero obviamente el trabajar durante tres años sin poseer ninguna titulación es garantía de trabajo precario para acabar consiguiendo una acreditación totalmente devaluada.
Jóvenes y crisis económica: 42,9% de paro juvenil
Los recientes años de boom económico han ido acompañados de un gran deterioro en las condiciones laborales de la clase trabajadora y especialmente en los sectores más desfavorecidos dentro de ella, mujeres, inmigrantes y jóvenes.
El año 2009 se cerró con una tasa de temporalidad del 25% en el
conjunto del mercado laboral, concentrado especialmente entre la
juventud, con un 74% de temporalidad entre los jóvenes de 16 a 19 años
y un 54% entre los 20 y los 24. Es un buen ejemplo de lo que este
sistema nos ha ofrecido a los jóvenes que, debido a estas condiciones,
estamos siendo, junto a los trabajadores inmigrantes, los primeros en
ser expulsados del mercado laboral de forma masiva. De los 1,8 millones
de puestos de trabajo destruidos en los últimos dos años, un 1,5%
(270.000) haya sido mediante la no renovación de este tipo de contratos
temporales, con los que las empresas han amasado beneficios
multimillonarios aprovechándose de mano de obra barata sin protección
de ningún tipo. Todo esto está acumulando tensiones sociales tremendas,
que tarde o temprano estallarán. El periódico The New York Times
expresaba, el 4 de enero, su alarma por los efectos sociales y
políticos que puede tener el 42,9% de paro juvenil existente entre los
jóvenes españoles de entre 16 y 24 años.
Es totalmente inaceptable que en un contexto de paro juvenil histórico se propongan medidas como esta, o como el alargamiento de la edad de la jubilación a los 67 años. Es urgente que los sindicatos de clase profundicen y extiendan su plan de movilizaciones para obligar al gobierno del PSOE a rectificar estas políticas claramente antiobreras y plantar cara a la feroz ofensiva de la patronal y la derecha.
¡Por una enseñanza pública de calidad para los hijos de los trabajadores!
¡Por un futuro digno para la juventud!
¡Por un futuro digno para la juventud!