¡Nuestras vidas importan más que sus beneficios!

¡Hay que acabar con el desempleo, la precariedad y los recortes!

Los datos en el Estado español son impactantes. Solo en 2019, último año con datos disponibles (INE), se suicidaron 3.671 personas: más de 10 al día de media. Un panorama que ya ha dado lugar a movilizaciones, convocadas por la Plataforma Stop Suicidios, reivindicado la necesidad de invertir recursos en la sanidad pública y combatir la precariedad y la pobreza para poder terminar con este drama social.

Los problemas sociales no caen del cielo, son consecuencia directa del colapso de un sistema económico caduco. El paro, la precariedad, la destrucción de los servicios públicos... no solo provocan carencias materiales, también tienen un efecto fortísimo sobre la salud mental de quienes sufrimos estas lacras.

Y existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrirlas. Ser joven es uno ellos. Durante los primeros cuatro meses de pandemia, el paro subió tres veces más en el colectivo situado entre los 15 y los 24 años que entre los mayores de 25[2], actualmente el desempleo juvenil se sitúa al borde del 40%. Solo uno de cada 5 trabajadores jóvenes tiene un contrato indefinido[3] y más del 30% se encuentra en riesgo de pobreza[4].

A la extensión de la miseria entre la juventud hay que añadir el aumento desorbitado del precio de los alquileres y de los suministros, que han terminado por convertir los planes para emanciparnos de nuestros hogares en una auténtica utopía[5]. El sistema frustra las expectativas de toda una generación de poder tener una vida mínimamente digna incluso antes de que nos incorporemos al mercado laboral.

Esta realidad brutal ha sumido en la desesperación al sector más joven de la clase obrera y ha sido aprovechado por la burguesía para aumentar su explotación de manera salvaje, ante la total pasividad de los sindicatos y de la izquierda parlamentaria. La tan cacareada recuperación económica, que no es más que la recuperación del beneficio empresarial, se ha cimentado sobre estas bases. Mientras unos nos hundimos en la miseria, otros se hacen de oro a nuestra costa y quienes deberían denunciarlo y luchar por acabar con esta barbarie guardan un silencio cómplice.

Todo esto, unido a los efectos de la propia pandemia, ha formado el cóctel explosivo que ha detonado la salud mental de miles de jóvenes. Los trastornos de ansiedad, las depresiones, los trastornos de la conducta alimentaria (TCA)[6] y los intentos de suicidio han sufrido un aumento sin precedentes en el último periodo.

La sanidad privada hace caja a costa de nuestra salud mental

Las cifras son absolutamente demoledoras. Desde el inicio de la pandemia las tentativas suicidas en adolescentes han aumentado un 27%, siendo ya la principal causa de muerte entre los menores de 24 años[7]. En este mismo período, las urgencias psiquiátricas de menores se han incrementado un 50%[8]. Son muertes y sufrimiento que podrían haberse evitado si existiese un sistema de prevención y atención en la sanidad pública con todos los recursos materiales y humanos necesarios, algo muy alejado de la realidad.

Acudir a la sanidad pública para recibir atención psicológica es, en la práctica, completamente inviable. Listas de espera de escándalo: desde dos meses, mínimo, en Aragón, Cantabria o Baleares, hasta los 200 días para ser atendido en una primera consulta en la Comunidad de Madrid[9]. El 40% de los hospitales públicos no cuenta con un profesional en atención psicológica[10] y tenemos 6 psicólogos clínicos públicos por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media de la UE[11]. Mientras ocurre esto, en 2020 las cuatro principales compañías privadas de salud mental (cuyos accionistas mayoritarios o significativos son fondos de inversión) facturaron 140 millones, en su mayoría dinero público procedente de los conciertos[12].

A pesar de que existen 33.209 colegiados en psicología, la falta de oferta de plazas en la sanidad pública hace que la gran mayoría acaben trabajando en clínicas privadas, donde las consultas más baratas se cobran a 50 euros. Cualquier joven que necesite una terapia semanal tendrá que desembolsar, como mínimo, 200 euros al mes. Un enorme negocio que deja a miles de personas sin posibilidad de iniciar su recuperación psicológica.

Ante esta situación de auténtica emergencia social, la falta de profesionales públicos está provocando un abuso de las prescripciones de antidepresivos y ansiolíticos en la atención primaria. No es ningún detalle, y está teniendo consecuencias gravísimas: el Estado español ya es el país del mundo donde más tranquilizantes se consumen[13]. Dos millones de personas lo hacen a diario y una de cada 4 acaba desarrollando una adicción[14].

Este tipo de fármacos donde destacan las benzodiacepinas[15], como el Orfidal, generan una fuerte dependencia si no existe un control y un seguimiento estrecho de la evolución del paciente, algo inviable con la actual saturación de la sanidad pública.

El Estado español sigue la sombría estela de otros países como EEUU, donde existe una auténtica crisis de opioides entre sectores de la clase obrera, sobre todo entre los más jóvenes. Muchos expertos señalan que el origen del abuso de este tipo de fármacos se encuentra en que son recetados para poder mitigar el dolor físico y mental derivado de la precariedad y la pobreza[16]. Mientras el horror se extiende entre nuestra clase, las grandes farmacéuticas, como Pzifer, se enriquecen gracias al aumento de la demanda de este tipo de productos.

¡Basta de promesas y de discursos vacíos! Por un plan de choque contra la epidemia de las enfermedades mentales

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, avanzó en junio la elaboración de una agenda para “escuchar y acompañar” a los jóvenes afectados por alguna enfermedad mental[17]. Esto se ha concretado en la Proposición de Ley General de Salud Mental[18], aprobada por el Congreso el pasado 28 de septiembre.

El texto incorpora algunas importantes mejoras (aumento de la ratio de especialistas en salud mental de la sanidad pública o el desarrollo de protocolos específicos de prevención del suicidio), pero para que este plan pueda llevarse a la práctica sería necesario un desembolso monetario importante, algo que el Gobierno ha dejado claro que no está dispuesto a hacer.

Hace solo dos meses, Pedro Sánchez ya comunicó la inversión real destinada a acabar con la epidemia de enfermedades mentales[19]:¡2,5 millones de euros! ¿Cómo van a contratarse a miles de profesionales y a dotar a decenas de hospitales de una red técnica especializada con esta pírrica cantidad?

Esta bochornosa cifra se encuentra a años luz de los 7.000 millones destinados a ayudas directas para las empresas[20] o de los 100.000 millones regalados a la banca tras su rescate. Una vez más el dinero que los oprimidos necesitamos desesperadamente va a parar a los bolsillos de los grandes empresarios.

Estamos hartos de promesas, de discursos lacrimógenos y de leyes que terminan convirtiéndose en papel mojado. No necesitamos que “nos escuchen y nos acompañen”. Lo que necesitamos es que la izquierda y los sindicatos dejen de ser partícipes de la política de unidad nacional y que permitan que toda la frustración y la rabia social que existe se transforme en movilizaciones y lucha. Solo así podremos poner fin a la tiranía de los grandes monopolios y multinacionales.

Para acabar con todos los elementos que están convirtiendo nuestras vidas en un infierno desde Izquierda Revolucionaria defendemos un programa que incluya:

Nacionalizar la sanidad privada y la industria farmacéutica. ¡Por una sanidad 100% pública! La salud física y mental no puede seguir siendo ni un privilegio de clase ni un negocio. Todos los recursos médicos y farmacéuticos, materiales y humanos, deben ser públicos y estar bajo control de los trabajadores. ¡Basta de especular con nuestra salud! Todos los psicólogos y psiquiatras colegiados deben ser puestos a disposición de las necesidades sociales, creando las plazas necesarias en la sanidad y educación públicas de forma inmediata.

Empleo digno y de calidad. No es posible tener una buena salud mental con salarios de miseria, contratos temporales y horarios que impiden tener vida social. ¡Derogación inmediata de las reformas laborales! ¡Basta de contratos temporales!

Aumento drástico de la inversión educativa. No vamos a seguir permitiendo que nos nieguen el futuro. Creación de plazas de psicólogos en todos los colegios e institutos públicos. Ni un solo estudiante fuera de la FP o de la universidad por falta de plazas o de dinero para hacer frente a las tasas. ¡Educación 100% pública y de calidad!

Expropiación de las eléctricas y de las viviendas en manos de los bancos. Las eléctricas, la banca y los fondos de inversión están amasando millones de euros a costa de subir el precio de la luz y de los alquileres. ¡Ni un euro más para estos buitres! ¡Prohibición por ley de los desahucios! Queremos viviendas públicas asequibles donde poder vivir con dignidad.

[1] Acerca del suicicio. Karl Marx

[2] La pandemia transforma a España en el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE

[3] Cuatro de cada cinco jóvenes en España trabajan con un contrato temporal

[4] Los menores de 30 años cobran 52 euros menos al mes que hace una década: su salario medio ya no llega a mileurista y uno de cada 3 está en riesgo de pobreza

[5] El 41% de los jóvenes no puede emanciparse hasta los 34 años

[6] Los trastornos de la conducta alimentaria: una pandemia contra las más vulnerables

[7] La pandemia dispara la ansiedad entre los más jóvenes: "El panorama laboral se ha complicado y genera incertidumbre y agobio”

[8] La pandemia arrasa la salud mental de los menores: las urgencias psiquiátricas suben un 50%

[9] El caos de los psicólogos en la pública: por qué la mayoría de la gente va a privados

[10] Salud mental en España: 75 euros por una hora de terapia y largas listas de espera en la Seguridad Social

[11] Sánchez prevé reforzar la plantilla de psicólogos públicos para mejorar el actual ratio de 6 por 100.000 habitantes

[12] Las cuatro principales empresas de salud mental ingresan al año 140 millones procedentes la mayoría de fondos públicos

[13] ¿Por qué España es el país del mundo donde se toman más tranquilizantes?

[14] Doparse para vivir: más de dos millones de españoles toman ansiolíticos a diario

[15] Son medicamentos que disminuyen la excitación neuronal y con efecto antiepiléptico, ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. Se utilizan como tratamiento de la ansiedad generalizada, entre otros.

[16] Viaje a la capital de la crisis de opioides en EEUU: una receta por minuto en un pueblo de menos de 400 personas

[17] Declaraciones Ione Belarra

[18] Proposición de Ley General de Salud Mental

[19] Sánchez prevé reforzar la plantilla de psicólogos públicos para mejorar el actual ratio de 6 por 100.000 habitantes

[20] El Gobierno aprobará un fondo de 7.000 millones para las ayudas directas a las empresas que gestionarán las autonomías