No a la religión obligatoria, no a la privatización de la educación pública, en defensa de los derechos democráticos, en defensa del derecho a estudiar en catalán, gallego y euskera:
¡TODOS A LA SEMANA DE LUCHA DEL 4 AL 8 DE FEBRERO PARA DEFENDER LA ESCUELA PÚBLICA!
En las últimas horas hemos conocido, mediante filtraciones a la prensa, que el Partido Popular continúa en su afán de desmantelar y hacer retroceder a la escuela pública a la situación de los años 60. Dentro de las nuevas medidas del Ministerio de Educación se encuentra, en la práctica, la obligatoriedad de cursar la asignatura de religión; en la actualidad los estudiantes que no queremos cursar esta asignatura tenemos la opción de dedicar el tiempo que ocupa en el calendario escolar para reforzar otras materias o avanzar en el estudio, sin embargo con la modificación que hace el PP estaremos obligados o bien a cursar religión o una asignatura equivalente, amabas evaluables, por lo que la nota de religión volverá a contar en el expediente académico. Es decir, la religión se convierte en obligatoria. En el fondo de esta medida está la nostalgia de volver a utilizar la escuela como un púlpito a través del cual adoctrinar a la juventud, imponiendo la religión y devolviendo a la iglesia católica el poder que durante la dictadura tenía dentro del sistema educativo.
Otra de las medidas que demuestran como para el Partido Popular la educación pública es un objetivo a destruir consiste en facilitar y potenciar el desvío de fondos públicos para aquellos que entienden la educación, no como un derecho sino como un negocio. Es decir, se potencian las facilidades para aumentar los conciertos educativos con empresas privadas o con la iglesia católica. Al mismo tiempo el PP favorece que se cierren escuelas e institutos públicos, como está sucediendo ya en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado a las reválidas, itinerarios y los últimos ataques que estamos conociendo durante el día de hoy, se suma ahora una ofensiva brutal contra las lenguas cooficiales propias: catalán, gallego y euskera, que busca marginarlas del sistema educativo.
Según se ha filtrando en el nuevo borrador del decreto, Wert quiere reducir las lenguas cooficiales propias a la categoría de “de especialidad”, en la práctica “optativas” tanto en primaria como en secundaria, sin un tiempo mínimo asignado para su aprendizaje y jerarquizándolas en cuarta posición tras dos lenguas extranjeras y el castellano. De hecho en la reválida que la LOMCE planea para conseguir el título de la ESO el estudiante no necesitará siquiera examinarse del idioma cooficial propio.
La LOMCE apoya por tanto la política reaccionaria en materia lingüística que lleva adelante la Xunta de Galicia gobernada por el PP y que margina al gallego y consagra el modelo de segregación en líneas lingüísticas existente en el País Vasco que divide a los estudiantes -y a los trabajadores- en castellano-parlantes y euskaldunes.
Pero el verdadero objetivo de la LOMCE es destruir el actual modelo de inmersión lingüística en catalán existente en Catalunya: El borrador de la LOMCE dice que las dos lenguas cooficiales (el castellano y la lengua propia) tienen que estar “equilibradas” en el número de horas lectivas, pero da a los padres la potestad de decidir la lengua vehicular en la que serán educados sus hijos. En el caso de que no hubiera plazas públicas o plazas privadas concertadas en el idioma elegido por los padres, se subvencionaría la plaza en la educación privada de élite. Todo esto lo que supone es impulsar la segregación lingüística de los estudiantes y facilitar la privatización de la educación pública.
El PP una y otra vez trata de presentar de manera distorsionada la realidad lingüística existente en Catalunya. En Catalunya no existe hasta el momento ningún problema lingüístico. La inmensa mayoría de la población de Catalunya defiende el modelo de inmersión lingüístico conquistado en las luchas contra la dictadura franquista. Este modelo, que no impide el aprendizaje del castellano –como demuestra que todos los catalanes hablan y escriben perfectamente este idioma-, evita la segregación en líneas lingüísticas de los estudiantes y apoya un idioma como el catalán, que históricamente ha sido perseguido y que sigue en el punto de mira de la derecha españolista.
CiU, fiel representante de la burguesía catalana, no es nuestro aliado en defensa de la educación pública en catalán y contra la segregación en líneas lingüísticas. CiU comparte con el PP el objetivo de privatizar la educación y degradar la educación pública. CiU, junto al PP, lleva dos años de continuos recortes, atacando la calidad de la educación pública y suprimiendo los derechos democráticos dentro y fuera de las aulas. De hecho, al día siguiente de las elecciones autonómicas, CiU anunció un nuevo recorte adicional de 4.000 millones de euros para el 2013 que sin duda afectará una vez más a la educación pública.
El PP ataca los idiomas cooficiales propios para mantener agrupada a su base electoral más reaccionaria y tratar de que sus ataques y recortes sociales pasen más desapercibidos. Además, busca introducir el veneno reaccionario del españolismo distorsionando la realidad y engañando a la población de fuera de Catalunya. Pero a CiU también le interesa polarizar la vida política en líneas nacionales para ocultar sus propios planes de ataques y destrucción de lo público. Ambos partidos, que comparten la misma política económica y su servidumbre a los dictados del capital financiero internacional, buscan manipular y exacerbar los sentimientos nacionales para enfrentar y dividir a los trabajadores y los jóvenes.
Sólo la lucha y la movilización en la calle nos permitirá conservar nuestros derechos sociales y democráticos: es el único camino. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a las organizaciones de profesores, padres y estudiantes a que se sumen a la nueva semana de lucha que hemos convocado en todo el Estado en defensa de la educación pública, exigiendo la retirada de la LOMCE y la dimisión de Wert para los próximos 4, 5, 6, 7y 8 de febrero y que incluye huelga general estatal de estudiantes de 72 horas, manifestaciones, asambleas y piquetes. A las reivindicaciones que ya nos sacaron a la calle en octubre, se suma ahora la defensa de las lenguas cooficiales propias y el rechazo absoluto a la segregación en líneas lingüísticas. No permitiremos que nos dividan, que nos segreguen, igual que no permitiremos que nos manipulen y que nos arrebaten un derecho que conquistaron nuestros padres y abuelos: una educación pública y de calidad para todos.