El pasado 13 de octubre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicaba la suspensión de las clases presenciales durante 15 días en la Universidad de Granada, tal como había anunciado el día anterior el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, tras un repunte de contagios, localizados en algunas residencias universitarias y colegios mayores. Una decisión impuesta por el Gobierno del trifachito que fue aceptada y acatada por el rectorado de la UGR pese a que este cierre supone dejar a miles de estudiantes sin clases mientras bares, restaurantes, comercios… siguen funcionando con total normalidad, llegando incluso al absurdo de ver a profesores reservando mesas en restaurantes para poder dar allí sus clases.
En los últimos meses, la campaña de criminalización hacia la juventud no ha cesado. Nos han culpado del aumento de los contagios, de irnos de fiesta y de hacer botellones, señalándonos una y otra vez como irresponsables, cuando la realidad es que la mayoría de los brotes se dan en puestos de trabajo, aulas o en el transporte público. De hecho, somos especialmente los jóvenes y trabajadores quienes nos vemos afectados por esta segunda ola: la edad media de los contagiados ronda los 30 años, y se localizan en los barrios y núcleos obreros, donde las condiciones sanitarias y sociales han sido degradadas tras años de recortes y privatización.
A nadie se le escapa que en el caso de Granada, una vez más, la única finalidad de apuntar a los y las jóvenes es encontrar un chivo expiatorio para proteger a toda costa los intereses de las empresas y la hostelería. El propio Elías Bendodo, portavoz de la Junta, afirmaba que con la decisión de la Junta de cerrar la UGR “se trata de calmar la presión para que se produzca una bajada de contagios que nos evite tomar decisiones más restrictivas que afecten a la hostelería”. Es decir, que la preocupación del Gobierno del PP y Cs no es, ni mucho menos, la salud y la formación de los estudiantes, sino garantizar los beneficios de los empresarios sector hostelero. Y si para defender esos intereses tienen que cerrar la universidad pública y dejar a miles de estudiantes sin acceso a las clases, están plenamente dispuestos a hacerlo. Y si eso supone tener bares abiertos y clases cerradas, que así sea. ¡Es una auténtica vergüenza!
El Gobierno de PP y Cs garantiza los beneficios privados mientras sigue destruyendo la sanidad y la educación públicas
Si tenemos que señalar toda una serie de culpables del repunte en los contagios también en esta segunda ola de la Covid19, los tenemos muy claros: los mismos que durante años han llevado a cabo políticas de recortes y privatización y que ahora agachan la cabeza ante las presiones de los bancos y las empresas del Ibex-35.
En sanidad, nos encontramos con que el número de camas por cada 1000 habitantes en Andalucía apenas ronda las 2, cuando la media europea es de cinco. Pero, ¿qué hace la Junta para mejorar esta situación? Pues una vez más, la Junta del trifachito avanza en la privatización de este servicio: en abril de 2018 se planteó un plan de choque para disminuir las listas de espera dotado de 25 millones, de los cuales dos tercios fueron para la privada; e implementaron la llamada “unidad de aceleración de proyectos”, que consistiría en la “colaboración pública-privada” para seguir regalando dinero a la privada. Un ejemplo de ello ha sido el traslado de fondos públicos a empresas del sector sociosanitario pertenecientes a Florentino Pérez, cuyo patrimonio bursátil ha aumentado un 41’6 % desde el inicio de la pandemia.
Si bien la situación de la sanidad es catastrófica, la de la educación no se queda atrás. Tras el inicio desastroso de curso, las políticas de privatización no han cesado: el 17 de febrero el consejero de educación, Javier Imbroda anunciaba un nuevo ataque a la pública al ampliar las áreas de influencia de la concertada, una clara desviación de dinero público a la iglesia, que controla el 80% de centros concertados. Pero hace unos días daba otro paso más al frente y se lanzaba abiertamente a la privatización del bachillerato y la FP.
¡Basta ya de criminalización! ¡Queremos clases seguras y una educación pública de calidad!
El cierre de la UGR no es otra cosa que una maniobra de la Junta para liberar presión. A pesar de que la salud pública sigue estando en juego, el Gobierno de Juan Manuel Moreno no quiere tomar ninguna decisión bajo criterios epidemiológicos si esto afecta a los intereses de la patronal hostelera. Y una vez más somos los y las jóvenes quienes pagamos las consecuencias de estas políticas que dejan a los y las estudiantes de la UGR en el limbo, eliminando cualquier tipo de garantía académica.
Desde el Sindicato de Estudiantes rechazamos frontalmente la campaña de difamación a la que estamos sometidos las y los jóvenes para justificar las maniobras chapuceras de la derecha, que solo buscan proteger sus intereses a costa de la destrucción de nuestro derecho a la sanidad y la educación públicas. Exigimos la reapertura inmediata de las aulas en toda la UGR, respetando los criterios sanitarios para evitar los contagios. Somos víctimas y no responsables del caos sanitario que vivimos ¡Basta ya de criminalizar y castigar a la juventud!