¡No a la privatización de la educación!

Desde la llegada del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de VOX, a la Junta de Andalucía, estos han dejado muy claro cuál es su plan educativo: continuar con el desmantelamiento de la educación pública y avanzar todo lo posible en la privatización.

Como hemos explicado en muchas ocasiones, este empeño en destruir la educación pública no es casualidad, es una cuestión fundamental para la derecha, y más en este contexto de crisis económica salvaje y que se va a recrudecer en los próximos años. Necesitan privar a los hijos e hijas de la clase trabajadora de una educación y formación de calidad, negarnos cualquier posibilidad de futuro digno y condenarnos así a la explotación más salvaje en el terreno laboral. Y además, con la destrucción de la enseñanza pública, pueden seguir favoreciendo el negocio de la educación concertada y privada.

En esta línea iba el decreto de escolarización que aprobó la Junta el pasado 17 de febrero, que ampliaba las zonas de influencia de la concertada para que pudieran matricularse en estos centros alumnos que hasta ahora no podían por criterios de proximidad, y que provocó la huelga educativa el 4 de marzo. Y este nuevo borrador de la Orden para acogerse al régimen de conciertos educativos supone un paso más en esa dirección.

¿Qué significa este borrador para ampliar los conciertos?  Una nueva ofensiva de la derecha para privatizar la educación

Esta extensión de los conciertos a los estudios postobligatorios fue una de las primeras promesas del gobierno del PP y Cs para la patronal de la privada-concertada. Una medida que les garantizaría una importante fuente de ingresos, aumentando aun más el trasvase de dinero público a los bolsillos de los empresarios de la educación. Y si además tenemos en cuenta que el 80% de los colegios concertados están en manos de la Iglesia o de órdenes religiosas, esto significa seguir regalando millones de euros a la jerarquía de la Iglesia Católica para que sigan adoctrinando en el machismo, la homofobia y el racismo.

El nuevo ejecutivo de la Junta de Andalucía ha continuado con fuerza el camino que ya inició en PSOE durante los años que estuvo al frente de la Junta: entre los años 2000 y 2015 Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor crecimiento de la concertada, duplicando el número de unidades de 575 a 1124. Esto ha significado que en ciudades como Granada el 65% de alumnado en los tramos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria estén matriculados en centros concertados-privados. Pero para el Consejero de Educación, Javier Imbroda, esto no es suficiente, y todavía hay un margen importante para seguir sacando beneficios muy lucrativos del derecho a la educación. Por eso se lanzan ahora con la ampliación de los conciertos a Bachillerato, FP y Educación Especial.

Este borrador plantea que estos conciertos se puedan blindar durante 4 años. Además, por un lado, se permitirá que los centros soliciten conciertos para enseñanzas que todavía no realicen, y así poder adaptarse a lo que más demanda tenga, asegurando así el negocio. Y por otro lado, se deja abierta la posibilidad de que se mantenga en un mismo centro para una misma enseñanza una línea concertada y otra completamente privada, es decir, que aquellos estudiantes que no obtengan plaza en la línea concertada puedan seguir teniendo la opción de pagar estos mismos estudios más caros, ampliando así los beneficios de estos empresarios.

En el caso de la FP - que el señor Imbroda conoce muy bien tras su experiencia en el instituto privado MEDAC - cada año en Andalucía se quedan sin plaza entre 30.000 y 40.000 estudiantes. Esto significa dejar sin alternativa a una parte enorme del alumnado que quiere continuar con sus estudios o que en muchas ocasiones requiere de estas titulaciones para poder acceder al mercado laboral. Y, ¿cuál es el plan de PP y Ciudadanos ante este drama? ¿Ampliar el número de plazas públicas para la formación profesional para ajustarlo a la demanda? ¿Contratar al profesorado necesario y construir nuevos centros para dar cabida a esto, y de paso solucionar el problema de la masificación que vivimos en la pública? Nada más lejos de la realidad. Dicen que no hay recursos para esa ampliación de plazas en la educación pública, ¡pero en cambio sí que los hay para que esas plazas se abran en la privada-concertada pagadas con el mismo dinero público! ¡No es que no haya dinero, es que se lo quieren regalar a los de siempre!

La falta de recursos, económicos, materiales y humanos, para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros públicos, así como para los estudiantes de los barrios obreros, es una realidad más que conocida por las familias trabajadoras, que ha sido agravada todavía más con la pandemia del COVID-19 y que ha dejado a muchos de estos alumnos en una situación de completo abandono. Esta es la base sobre la que la derecha lanza este nuevo ataque: la destrucción de la pública hasta límites completamente insostenibles para alentar la privada y la concertada, presentándolas como opciones con más recursos para garantizar el derecho a la educación que ellos mismos destruyen. ¡No aceptamos estas maniobras! La única forma de garantizar una educación de calidad y nuestro derecho al estudio es la firme defensa de la pública.

Por una huelga de toda la comunidad educativa para poner fin a todos los ataques

Para combatir frontalmente este ataque, es necesario llegar hasta el fondo de lo que persigue la derecha y la burguesía con el mismo: destruir la educación pública para que la Iglesia y las empresas sigan haciéndose de oro a costa del derecho fundamental de la juventud a recibir una educación gratuita, científica, laica y de calidad. Por ello lo que hay que hacer es destinar todo el dinero público que va a los bolsillos de la patronal de la privada y la Iglesia a un plan de rescate urgente a la escuela pública. Ahora más que nunca, hay que luchar por la desaparición de la concertada, integrando los centros que existen actualmente y a los profesionales que trabajan en ellos en la red pública y sacándolos de las garras de quienes ven la educación como un negocio y no como un derecho.

La lucha que las y los jóvenes, padres y madres, profesorado y personal de los centros educativos, hemos protagonizado durante estos años levantando la bandera de la Marea Verde nos muestra cual es el camino a seguir para derrotar estos planes. Debemos organizar una respuesta en las calles del conjunto de la comunidad educativa, una nueva huelga general en toda Andalucía en defensa de la educación pública, de calidad, presencial y en condiciones de seguridad. Sólo así podremos frenar y revertir los ataques, recortes y privatizaciones.