La llegada de la pandemia del Covid-19 ha mostrado con mayor crudeza la situación dramática en la que se encuentra la educación pública en Andalucía, igual que en el resto del Estado, fruto de las políticas de recortes y privatización que hemos sufrido durante la última década, y que han sido aplicadas por los gobiernos centrales del PP así como por la Junta, tanto por parte del PP como del PSOE. El despido masivo de profesorado, el hacinamiento en las aulas, la falta de infraestructuras y de material o el cierre de líneas y centros públicos, mientras se amplían en la privada-concertada, ha sido la tónica general en la escuela pública. Este desmantelamiento es lo que ha preparado las condiciones para que esta crisis provoque una situación de emergencia el próximo curso si no se revierten todos estos ataques y se pone en marcha un plan urgente de rescate a la educación pública.

Durante estos meses, las medidas adoptadas tanto por el Gobierno central como por la Consejería de Educación de Andalucía han provocando un cierre del curso escolar caótico. En la educación se ha cargado todo el peso sobre las espaldas de millones de profesores, profesoras, padres y madres, y se ha dejado atrás a miles de estudiantes de familias trabajadoras para los que continuar con la formación online ha sido imposible fruto de nuestras condiciones económicas y sociales (un 17% de las familias andaluzas no tiene internet). 

Improvisación, recortes y privatización: el modelo educativo del trifachito andaluz

El Ministerio de Educación ha elaborado una serie de protocolos de cara al próximo curso, que incluyen medidas como la distancia de 1,5 metros o la reducción de la ratio a grupos de 15-20 alumnos por aula, que son absolutamente imposibles de cumplir en la situación actual de las escuela pública tras años de recortes. La única forma posible de cumplirlas y garantizar la calidad y el derecho a la educación para todos y todas es poniendo en marcha un plan de rescate inmediato con una inversión del 7%del PIB para la educación pública.

Pero lo más sangrante es que estas medidas no sólo no van acompañadas de los recursos económicos necesarios, sino que ni siquiera son obligatorias. Esto significa que cada Consejería de Educación podrá establecer los protocolos que considere oportuno, lo que da vía libre a que el Gobierno del trifachito en Andalucía haga y deshaga a sus anchas, preparando graves ataques para las y los estudiantes de familias trabajadoras, que somos quienes mayoritariamente componemos la escuela pública. De hecho, Imbroda ya ha dicho que su intención es repartir el dinero que el gobierno central va a transferir a las comunidades autónomas para educación con la patronal de la concertada, y que su plan es volver a la “normalidad” que había antes de la pandemia. Es decir, que no va a bajar la ratio en las aulas y va a mantener los recortes, lo que profundizará aun más la situación de emergencia que vive nuestra educación. Pero la consejería de Ciudadanos no sólo se opone a la bajada de las ratios en los centros públicos sino que continúa cerrando decenas de líneas, lo que aumentará aún más la masificación. En la provincia de Sevilla algunos de los centros que van a sufrir reducciones de líneas son el CEIP Juan Ramón Jiménez (Tomares), CEIP Maestro José Varela (Dos Hermanas), CEIP El Pinar (El Cuervo), CEIP Monteolivo (Castilleja de Guzmán), CEIP Los Grupos (Morón de la Frontera), CEIP Tartessos (Pedrera) o el CEIP San José de Calasanz (Lora del Río), entre otros.

Las intenciones del Gobierno de la Junta están claras: abrir los centros educativos a cualquier costa, porque así lo exige la patronal, para que nuestros padres y madres puedan volver a ser explotados en sus puestos de trabajo lo antes posible y poco les importa si se cumplen las condiciones sanitarias. Por eso el Gobierno de la Junta pretende utilizar el plan de refuerzo estival como experimento para preparar el curso que viene. Un plan de refuerzo que ha sido rechazado por el 90% de los claustros andaluces y que sólo pretende lavar la cara a las políticas educativas de la derecha para aparentar que se preocupa por acabar con el fracaso escolar, algo que como demuestran los hechos es completamente falso.  Si la Consejería de verdad quisiera acabar con el abandono escolar dejaría de aplicar recortes y despidos que destruyen la pública y dedicaría esos recursos a la implantación de medidas urgentes para asegurar la educación de calidad y una atención individualizada al alumnado en la educación pública.

En la misma línea, también quieren utilizar la selectividad como laboratorio de lo que será la vuelta a las aulas. ¡Es una vergüenza que se mantenga la EBAU, en Andalucía y en todo el Estado! Esta es una prueba clasista que lo único que pretende es ocultar que no hay plazas suficientes en la universidad pública para garantizar el derecho a la educación para los hijos e hijas de las familias trabajadoras. Y que además de someternos a un estrés tremendo en estas circunstancias, porque nos estamos jugando el poder seguir formándonos o no, va a suponer un riesgo para nuestra salud y la de nuestras familias. Es absolutamente inaceptable.

La comunidad educativa levantamos un plan de lucha

La movilización conjunta de toda la comunidad educativa es la única forma de parar los pies a los ataques del gobierno de PP y Cs apoyado por VOX en Andalucía, pero también es la única forma de exigir en Andalucía y en el conjunto del Estado al Gobierno de coalición de PSOE-UP que garantice el derecho a la educación pública, inclusiva, gratuita, de calidad y en condiciones de seguridad.

El 27J tiene que ser la primera movilización de un plan de lucha contundente que exija la puesta en marcha de un plan de rescate a la educación pública, que pase por invertir el 7% del PIB, por la contratación masiva de profesorado y la creación de miles de puestos fijos para los docentes, la recuperación de los servicios privatizados como comedores, PTIS, ILSE's, mediadores comunicativos, etc, la bajada de la ratio a 15 alumnos por aula para garantizar medidas de seguridad y una atención individualizada, el aumento drástico de las becas, y la gratuidad total de la educación pública de infantil a la Universidad, poniendo fin a las subvenciones millonarias a la enseñanza privada y concertada.

¡La lucha es el único camino!