Este mes de marzo el Partido Popular ha reclamado a más de 2.500 estudiantes de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide la beca concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) solicitada los cursos 2012-2013 y 2013-2014 con la excusa de no haber aprobado el 50% de los créditos matriculados durante esos cursos.
Estas cartas han llegado cuatro años después, y ahora no sólo les exigen devolver la cuantía de la beca, sino los intereses legales de estos cuatro años también. Esto supone una situación de auténtica asfixia económica para miles de familias trabajadoras que no pueden pagar estas cantidades. Ni ahora ni hace cuatro años cuando, precisamente por este motivo, solicitaron la beca.
Los últimos cinco años de gobierno del Partido Popular han sido una auténtica oleada de ataques y recortes a la educación pública. Muchos de ellos a golpe de decretazo, que han sido aceptados y aplicados sin ningún tipo de resistencia por la Junta de Andalucía de Susana Díaz. Estas políticas han dejado a la educación pública de en una situación de emergencia social. Han sido más de 9 millones los que se han robado a la educación pública, el número de alumnos por plaza ha aumentado un 20% permitiendo que en primaria se pasara de 25 a 33 alumnos y en secundaria de 35 a 42 alumnos por aula. Más de 30.000 profesores han sido despedidos y a los que no han despedido les han aumentado las horas lectivas a 25 por semana.
En cuanto a las becas la situación de emergencia va un paso más allá. No solo se han recortado drásticamente las becas de libros y comedor, sino que el presupuesto para becas universitarias se ha recortado en 200 millones de euros. Sólo en Sevilla, la partida presupuestaria del Gobierno ha descendido desde los 58,44 millones desde el curso 2011/2012 hasta los 46,05 millones en el curso 2014/2015 en la Universidad de Sevilla y se redujo 300.000 euros en el curso 2013/2014 en la Universidad Pablo Olavide.
Estas más de 2.500 familias trabajadoras recibieron las becas porque sin ellas no podían pagar el acceso de sus hijos a la universidad. Esta es la función que tienen estas becas: poder asumir los costes de estudiar en la universidad. Además, con el desorbitado aumento de las tasas en los últimos años son muchos más los estudiantes que necesitan esas becas para poder mantenerse en la universidad. Por este motivo es inconcebible que cuatro años después se reclame a todos estos jóvenes la devolución de un dinero que ya han utilizado para pagar las matrículas.
Este ataque vuelve a situar a los estudiantes hijos de trabajadores andaluces al borde del abismo. Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos al gobierno central y al gobierno de Susana Díaz en la Junta de Andalucía que frenen los ataques sin cuartel a la educación pública. Queremos becas suficientes para que todos los jóvenes podamos estudiar y formarnos al margen de nuestra situación económica.
¡No más tasas en la universidad pública!
¡Queremos nuestras becas para poder estudiar!