Una vez más el Sindicato de Estudiantes está siendo víctima de la represión. Desde este inicio curso nos hemos caracterizado por llevar una lucha sin tregua contra los planes de implantación de la contrarreforma franquista en educación (la LOMCE) y la privatización del sistema educativo, además de por exigir la dimisión del ministro de educación en particular, sino también de todo el gobierno del PP por defender a una minoría de especuladores, corruptos, ricos y privilegiados, mientras la mayoría de la sociedad solo vemos ataque tras ataque a nuestras condiciones de vida.

Hemos convocado dos huelgas estudiantiles de 72 horas cada una, con manifestaciones masivas en todo el estado donde nos hemos unido estudiantes con profesores y padres, y ha participado activamente convocando a los estudiantes en la huelga general de toda la comunidad educativa. Precisamente por este perfil combativo y de lucha se ha convertido en uno de los puntos de mira del Partido Popular y del sector para el que gobierna, los empresarios y banqueros, siendo víctima en más de una ocasión de calumnias por parte de los medios de comunicación de la derecha, de denuncias y de multas.

 

En esta ocasión los compañeros nos encontramos bajo un nuevo ataque. El día 2 de Febrero de este mismo año dos compañeros de esta organización, Alvaro Alonso y Belén Galván junto con un trabajador simpatizante hacía nuestras ideas y nuestra lucha, Carlos Armengol afiliado a CCOO y Vicesecretario del comité de empresa de SDS, se encontraban haciendo una pancarta en la localidad del Puerto de Santa María (Cádiz) para poder participar con ella en la jornada de huelga de la siguiente semana, los días 5, 6 y 7. Estaban en un aparcamiento público por no disponer de un local para poder realizarla, no molestando a nadie por estar éste completamente vacío. Mientras realizaban la pancarta se presentaron dos agentes de policía municipal que, tras identificarlos, les dijeron que retiraran la pancarta de la vía pública, a lo que accedieron sin mayores incidentes. Sin embargo, un mes más tarde, reciben una notificación del ayuntamiento, gobernado por el PP, donde se les acusa de realizar pintadas, hecho que no ocurrió, utilizando el lema de la pancarta que estaban haciendo para acusarles, cuando ésta en ningún momento manchó la vía pública. Ahora se les quiere multar por algo que no hicieron, alegando que el testimonio de la autoridad está por encima de cualquier otra persona, aún sin aportar ninguna prueba ni evidencia. Este es el estado de indefensión al que deja la “justicia” a los trabajadores y a los jóvenes que queremos organizarnos y luchar.

Y es que creemos que ese es precisamente el punto clave. La pintada es una excusa más de las muchas que usan para intentar criminalizar a la juventud o la clase trabajadora, en un año en el que se están llevando a cabo luchas históricas contra un gobierno que nos quiere condenar al paro, que nos quiere devolver a las condiciones de la educación franquista y que intenta acabar con todas las conquistas que consiguió arrancar la clase trabajadora durante la transición a base de luchas. Lo hemos visto con la detención injusta de miembros de la PAH y la campaña mediática completamente escandalosa de la derecha tachándolos de terroristas o de nazis, y así un largo etcétera. Además de la criminalización, estos ataques tienen otro objetivo: ahogar económicamente a las organizaciones que luchan. Mientras el PP le da dinero a mansalva a los banqueros y empresarios para que se sigan enriqueciendo y manteniendo sus enormes beneficios, recortan y privatizan la sanidad, la educación y demás derechos básicos de la clase trabajadora para que paguemos la crisis los que no la hemos provocado. Además hace la justicia más inaccesible para los que menos tienen e intenta amedrentar a las organizaciones de la forma que mejor conoce: quitándoles el dinero. Estas multas no tienen otra intención que desviar nuestra atención de convocar huelgas y de organizarnos para que no tengamos otro remedio que concentrarnos en trámites legales y en conseguir el dinero, y así desmotivarnos para que no sigamos luchando por un mundo más justo.

Es por esto, que quiero mostrar mi solidaridad con el Sindicato de Estudiantes y exijo la retirada inmediata de la multa impuesta contra los tres compañeros.

 

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ENVIAR A:

 

A la Atención de Patricia Marcela Ybarra Lalor Primer Teniente de Alcalde y Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Número Fax : 956 85 23 61