• Itinerarios segregadores para expulsar al mercado laboral a los
alumnos con más dificultades, y que el PP intentó imponer en la “Ley de
Calidad”.
• Pruebas de diagnóstico de centros que serán utilizadas para
elaborar ránkings de centros y azuzar la competencia (como sucede en
Madrid, con Esperanza Aguirre).
• Fomentar más la escuela privada-concertada frente a una red pública
de calidad, haciéndose eco de la hipócrita consigna del PP sobre “la
libertad de elección de centros para las familias”.
• Abrir las puertas para un trasvase mayor de fondos públicos a
manos privadas a través de “incentivos” a las empresas para la formación
académica.
• Devaluar la FP incentivando la escuela no reglada y poniendo a
disposición de las empresas los contenidos de formación que se
impartirán en las aulas.
• Permitir, por omisión, que la Iglesia católica siga haciendo uso
de las escuelas para continuar su labor de captación y adoctrinamiento
religioso.
• No reconocer los derechos democráticos de los estudiantes, etc.
Durante todos estos meses desde el Sindicato de Estudiantes hemos denunciado públicamente y ante el propio ministro de Educación, Ángel Gabilondo, el profundo retroceso que para la educación pública supondría este Pacto. La respuesta recurrente que obteníamos era que “es necesario tener una visión de los intereses del país y no únicamente los de una organización en particular”. ¡Precisamente (y como demuestran los puntos anteriores) lo que estaba haciendo el Gobierno!, acatar prácticamente a pies juntillas lo que el PP exigía.