El primer trimestre de este curso ha estado repleto de movilizaciones y actos en contra de los planes Bolonia que, en toda Europa, pretenden dar un paso de gigante en la privatización de la universidad pública.Sin lugar a dudas, en el Estado español la máxima expresión de éstas protestas se pudo ver con las movilizaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes (SE) para los días 22 de octubre y 13 de noviembre, donde decenas de miles de jóvenes decidieron secundar masivamente las dos huelgas generales de estudiantes.
El efecto que tuvo unificar las movilizaciones de medias con las universitarias fue el de multiplicar exponencialmente la repercusión que éstas mismas movilizaciones habían tenido hasta el curso pasado. A través de la convocatoria en los institutos, conseguimos que los argumentos contra los planes de Bolonia llegaran a infinidad de hogares, a través de los estudiantes y de las miles de hojas explicativas que el SE había distribuido masivamente.
La cerrazón del gobierno
A pesar de la respuesta a estas dos convocatorias, el gobierno del PSOE continúa haciendo oídos sordos a las reivindicaciones del movimiento estudiantil. En los últimos meses, desde el Sindicato de Estudiantes hemos insistido en varias reuniones con el ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), del que depende la política universitaria), en la necesidad de que se paralicen de manera inmediata estos planes, a la vez que se abra una mesa de negociación con profesores, personal de administración y servicios, estudiantes y sindicatos, para elaborar una reforma universitaria que garantice la calidad de la educación superior y todos los derechos de trabajadores y estudiantes.
La respuesta del ministerio ha sido dar largas y todo tipo de explicaciones, a cada cual más variopinta, para justificar el avance de esta política privatizadora de la universidad pública. Un gobierno que ha sido aupado al poder por el voto de millones de jóvenes y trabajadores no debería actuar de esta manera. Zapatero tiene que atender las reivindicaciones del movimiento estudiantil y abandonar la política en pro de banqueros y grandes empresarios que está llevando a cabo.
La expulsión de los hijos de los trabajadores de la universidad
La aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como Plan Bolonia, supondrá una elitización y privatización de la universidad pública sin precedentes.
Entre las medidas previstas se encuentra la reforma de la estructura de licenciatura y diplomatura, sustituyéndola por cursos de grado y máster. Esta reforma no es un simple cambio de nombre, sino que tiene implicaciones muy graves. Con el cambio propuesto, el grado se convertirá en cuatro cursos completamente devaluados en lo que a contenido académico específico se refiere, por lo que no serán ninguna garantía para poder acceder a un trabajo de calidad una vez finalizados los estudios. Sin embargo, sí se verá sensiblemente encarecido el precio de matrícula por año, situándose entre los 1.233 y los 2.554 euros, como declaró públicamente Ángel Gabilondo, presidente de la Conferencia de Rectores de Universidad (CRUE) el pasado 8 de enero. Para tener ciertas garantías laborales y una formación de mayor calidad, será imprescindible cursar un máster, que podrá costar más de 5.600 euros anuales (Público, 7-1-09).
Este ataque salvaje se complementa con la desaparición de las becas para master, que se transformaran en préstamos bancarios. ¿¡Qué joven de familia trabajadora puede permitirse pedir un crédito de más de 11.000 euros para continuar sus estudios!? Estos ataques, en sí mismos, son más que suficientes para comprender por qué cientos de miles de jóvenes rechazan frontalmente la aplicación de estos planes. Pero el EEES esconde muchos más ataques a la educación pública. Otro de los puntos más denostados no sólo por estudiantes, sino también por parte de los profesores, es que la financiación de las diferentes universidades quedará determinada por el apoyo económico que se consiga por parte de empresas o multinacionales privadas, que como “contrapartida”, podrán utilizar las instalaciones de cada campus a su servicio y decidir qué carreras se imparten en cada facultad y cuáles, al no tener ninguna utilidad para la empresa en cuestión, deben de-saparecer.
La reforma que necesita la educación pública
Desde el Sindicato de Estudiantes defendemos que es necesario llevar acabo una reforma de la universidad. Pero no una que beneficie a los grandes capitalistas, como hacen los planes de Bolonia, sino que favorezca a las capas más desfavorecidas de la sociedad.
En algunos medios de comunicación burgueses ha aparecido la falsa idea de que los estudiantes que nos oponemos a esta contrarreforma universitaria no queremos equipararnos con Europa. ¡Nada más lejos de la realidad! Precisamente somos los hijos de trabajadores los más interesados en que se concedan becas a un 40% de los estudiantes universitarios, como sucede en países de nuestro entorno. O que se alcance un porcentaje del PIB superior al 7%, como se hace en los países más desarrollados de Europa. Mientras que aquí tenemos que conformarnos con menos de un 15% de estudiantes becados en la universidad y poco más de un 4% en inversión a la educación.
Las movilizaciones contra los Planes de Bolonia nacen porque esta reforma no pretende mejorar la educación pública universitaria, sino acabar con ella.
Crisis capitalista
En un contexto como en el que nos encontramos, es inaceptable que un gobierno de izquierdas se dedique a regalar 150.000 millones de euros a la banca, mientras promueve la privatización de derechos tan elementales como la educación.
Es necesario combatir la idea de que la crisis económica la debemos afrontar “entre todos”. En los últimos 15 años los jóvenes hemos visto cómo nuestras condiciones laborales se precarizaban más y más, cómo el acceso a una vivienda se convertía en un imposible, cómo se nos criminalizaba de forma constante, etcétera, etcétera.
Ante la crisis en que estamos inmersos, es necesario que los sindicatos de trabajadores intervengan de manera activa para defender los puestos de trabajo y los servicios públicos. Es imprescindible que se pongan al frente de las movilizaciones en defensa de la educación pública, y que hagan confluir a profesores y estudiantes en una huelga general de toda la comunidad educativa. A este respecto, desde el Sindicato de Estudiantes volvemos a hacer un llamamiento a los dirigentes de CCOO y UGT a que confluyan con los estudiantes el próximo día 4 de marzo. Una nueva manifestación en todo el Estado que será una continuación de las realizadas los pasados 22 de octubre y 13 de noviembre y donde volveremos a luchar contra la privatización de la educación pública, los planes de Bolonia y para que la crisis la paguen sus responsables: los capitalistas.