¡Hay que acabar con la destrucción de la educación pública!

El curso 2020-21 ha sido uno de los más complicados de la vida académica de millones de estudiantes de familias trabajadoras. Ninguna planificación, protocolos ridículos que no han impedido el avance del virus, contagios y aulas en cuarentena, semipresencialidad, y toda una carrera de obstáculos para los alumnos de la pública con menos recursos.

El desmantelamiento y el abandono de la escuela pública, que con la Covid ha dado un nuevo salto, ha dejado a la enseñanza pública en una situación nunca vista desde la caída de la dictadura. El fracaso escolar –el más alto de toda Europa con un 17,3%–, el abandono temprano de los estudios, la desigualdad social en la educación, el incremento drástico de las enfermedades mentales entre la juventud… son la consecuencia de esta política educativa consciente para expulsar a los hijos e hijas de las familias trabajadoras del sistema educativo. Una estrategia que lamentablemente ha contado con la complicidad de CCOO y UGT, que en aras de mantener la paz social, no ha convocado ninguna movilización este curso.

La receta de Isabel Celáa y las CCAA: despido de profesores y cierre de aulas

La ministra de Educación, así como el Ministro de Universidades, han dejado tirados otro curso más a millones de estudiantes. Celáa puede afirmar las veces que quiera que gracias a la pandemia “la educación es ahora valorada por la agenda política y social”, pero la realidad es bien distinta.

De cara a septiembre, el ministerio de Educación y las Consejerías Educativas sólo han roto su silencio para presentar “27 medidas y 6 recomendaciones”, entre las que volvemos a encontrar brillantes soluciones como que la distancia entre pupitres sea de 1,20 metros, que vuelvan a subir las ratios o que cada centro educativo tenga un responsable Covid. Pero no es sólo eso: las consejerías están planteando recortes y retrocesos respecto a la ya deplorable situación que vivía el sistema educativo público antes de la Covid-19.

En Asturias se van a despedir 700 profesores, en Andalucía se suprimirán 529 aulas de infantil y primaria, en Madrid el curso arrancará con 4.755 aulas menos, de las cuales 4.423 eran refuerzos Covid. La Conselleria valenciana ha adelantado a los sindicatos de profesores que “no garantiza” la continuidad de los más de 4.300 docentes contratados por la crisis sanitaria.

Todo esto está sucediendo con el consentimiento del Ministerio de Educación. Por eso no es de extrañar que la derecha y la extrema derecha estén más que envalentonados en las Comunidades donde gobiernan. En Murcia aprueban la moción de Vox para escuchar el himno de España en clase todas las mañanas, una medida que cuenta con la aprobación del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, cree que es “adecuada y correcta”. En la CAM, Isabel Díaz Ayuso ha presentado una nueva ley educativa con el único objetivo de blindar todavía más la educación privada-concertada y hacer propaganda hacia su base social.

Desde el Gobierno de coalición continuamente nos dicen que esta crisis tendrá una salida social, o que gracias a la pandemia hemos aprendido a poner lo público en el centro. Es molesto que se piensen que nos chupamos el dedo. En primer lugar, se nos ha negado el derecho a una educación pública y de calidad durante este último año y medio, se nos ha sometido a una presión insoportable y, ahora, en el momento en el que se necesita más que nunca poner en marcha un plan de rescate a la educación pública, se saca la tijera.

Queremos una educación pública, gratuita y de calidad

Que el Ministerio de Educación y el de Universidades han fracasado estrepitosamente en su política educativa es un hecho. Que ambos ministros hayan salido a defender la escuela privada-concertada o la creación de universidades privadas también lo son.

De nuevo, el próximo curso se iniciará sin un solo euro más para la escuela pública. Lamentablemente, Unidas Podemos, que está al frente del Ministerio de Universidades, mantiene silencio respecto a una cuestión tan fundamental como es el derecho a la educación pública. Otra oportunidad perdida para diferenciarse de la agenda del PSOE y colocarse del lado de quienes luchamos.

Está claro que la lucha es el único camino. Así lograremos hacer efectivas nuestras demandas. Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos.

  • Plan de rescate urgente a la educación y la universidad públicas con una inversión del 7% del PIB.
  • Bajada de las ratios a 15 alumnos por aula y contratación de 165.000 profesores.
  • Educación 100% pública. ¡Basta de hacer negocio con nuestra educación! Ni un solo euro público para la educación concertada-concertada y la jerarquía de la Iglesia Católica.
  • Creación de miles de plazas públicas desde infantil a la Universidad. Por la gratuidad total de la enseñanza pública, desde los 0-3 años a la FP y la Universidad.

Gobierne quien gobierne, la escuela pública se defiende.