Por un plan de rescate a la educación pública ya

La rueda de prensa celebrada ayer tras la reunión entre el Ministerio de Educación, el de Sanidad, Política Territorial y las Comunidades Autónomas para presentar el acuerdo educativo sobre la vuelta a las aulas, es la gota que colma el vaso.

A quince días del inicio del curso escolar, en medio de un repunte masivo de la COVID-19 en todo el Estado, el Gobierno central y las consejerías educativas han aprobado “29 medidas y cinco recomendaciones” para una “vuelta presencial y segura” que es una auténtica vergüenza. Con este plan confirman lo que nos temíamos: la preocupación y sufrimiento de miles de familias les importa muy poco y no dudan en tomar el pelo al conjunto de la comunidad educativa.

El plan aprobado pone en riesgo la seguridad de estudiantes y profesores

Llevamos meses exigiendo que mediante un plan educativo unificado se garantice la bajada de las ratios a 15 alumnos por aula, la contratación de 165.000 profesores, personal sanitario, de limpieza, profesionales de la psicología… ¿Y cuál ha sido la respuesta de la ministra Celaá? El silencio más clamoroso y la dejación de funciones mirando hacia otro lado. Y ahora, a unos días de la apertura de los centros de estudio, Educación y las CCAA nos dicen que la solución pasa por… ¡lavarnos las manos cinco veces al día, mascarilla obligatoria, mucha ventilación, tomarnos la temperatura o ir a clase en bicicleta! Nos preguntamos, sinceramente, si se trata de algún tipo de broma pesada.

En las medidas aprobadas se recoge también que el curso sólo se parará ante “situaciones excepcionales”, que se considerará brote cuando haya tres contagios o más en un centro y que el colegio sólo se cerrará “si se produce una transmisión no controlada”. Es evidente que, al no haber tomado ni una sola medida para garantizar una vuelta a las aulas segura y digna que permita respetar todas las medidas sanitarias necesarias, las “transmisiones no controladas” serán el orden del día en nuestros centros y en pocos días se convertirán en focos de infección del virus. ¡Es inadmisible que se juegue con nuestra salud!

Asimismo, tras escuchar a muchos ministros y ministras del Gobierno hablar sobre la “conciliación” y prometer bajas laborales, el acuerdo no recoge nada de esto. ¿Qué pasará con los padres y las madres que tendrán que cuidar de sus hijos si caen enfermos o tienen que guardar cuarentena? Parece obvio: tendrán que escoger entre ir a trabajar o quedarse en casa atendiendo a los suyos. ¡Que dejen de hablar de “compromiso” con la conciliación familiar y aprueben permisos retribuidos a las familias para garantizarla!

La respuesta del Gobierno a las familias es… ¡la criminalización!

El Ministerio de Educación y las Consejerías han tenido meses para preparar una vuelta a las aulas en condiciones seguras pero se han cruzado de brazos. Esta actitud totalmente pasiva ha generado, como es evidente, una alarma entre las familias trabajadoras que conocen de primera mano la situación de emergencia que vive la enseñanza pública, y muchas de ellas ya han planteado que no llevarán a sus hijos e hijas al colegio o instituto para evitar la enfermedad.

En lugar de atender a esta preocupación, rectificar y poner en marcha un plan de rescate a la educación pública, invertir miles de millones en garantizar que nuestros centros sean espacios seguros, Celáa se ha sumado a la campaña de criminalización iniciada por los consejeros educativos de distintas comunidades como Madrid o Catalunya. Ante la alarma de las familias, Celaá advertía amenazante a los padres que la asistencia a clase es “obligatoria”. Pero los padres y madres que han decidido no meter a sus hijos en aulas masificadas no lo han hecho por un acto de absentismo escolar o porque pretendan educar a sus hijos en casa. Toman esta decisión desesperada para proteger su salud. ¡Si precisamente lo que la comunidad educativa reclama es poder regresar a las aulas! Pero en condiciones dignas y seguras.

Un regalo para la derecha y para quienes seguirán destruyendo la educación pública. ¡Isabel Celáa dimisión!

En la rueda de prensa, el Ministerio hacía gala de haber recibido el “apoyo absoluto” de todas las comunidades autónomas, excepto de Euskadi. No es nada sorprendente. Las medidas aprobadas no obligan a nada a las Comunidades Autónomas: ni a la contratación de profesorado, ni al aumento drástico del presupuesto educativo para la educación pública ni la bajada de las ratios. Al contrario. El plan coloca una alfombra roja para que la derecha siga envalentonada en su ofensiva contra la enseñanza pública. Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Torra o Feijóo lo aplauden porque lo ven como una oportunidad magnífica para seguir haciendo y deshaciendo a sus anchas y regalar todavía más dinero a la privada-concertada.

Isabel Celaá ha cruzado una línea roja. El acuerdo educativo alcanzado supone una profundización en la degradación a la escuela pública, negar a millones de estudiantes una enseñanza pública presencial de calidad y condenar a nuestros profesores a unas condiciones laborales extenuantes.

Negándose a aumentar el presupuesto para la enseñanza pública, este Gobierno sólo conseguirá alimentar la brecha social que existe en el sistema educativo. La ministra Celaá no puede permanecer ni un día más al frente del Ministerio de Educación. Su política ha fracasado por completo y el Gobierno PSOE-UP debe rectificar.

Desde el Sindicato de Estudiantes nos reafirmamos en la convocatoria de huelga general estudiantil para los días 16, 17 y 18 de septiembre y en todas las acciones y movilizaciones que se celebrarán en defensa de la educación pública y por una vuelta segura a las aulas.