Estudiantes, padres y profesores del País Valenciá llevamos años denunciando la falta de centros públicos. Esta demanda de la Marea Verde ha sido permanentemente ninguneada por el PP que sustituía la construcción de colegios e Institutos por barracones. Detrás de este movimiento lo que había es un lucrativo negocio para beneficiar a las constructoras amigas del PP. La empresa pública Ciegsa, creada por el Govern del PP en 2001 con el fin de “asegurar” las obras de nuestros centros educativos públicos, en realidad se dedicava a favorecer en los concursos de alquiler de barracones a un puñado de empresas de la construcción que durante dos décadas han saqueado del erario público 2.826 millones de euros.

 

LA DERECHA CONVIERTE NUESTROS DERECHOS EN UN NEGOCIO

La Conselleria de Educación a través de CIEGSA tuvo durante años vía libre para hacer y deshacer posibilitando a unas cuantas empresas manipular las licitaciones para hacerse con las adjudicaciones de las obras.
Comparado con los centros que se construían directamente por la Generalitat las cesión de obras y del alquiler de los barracones a estas empresas fueron un 36% más caras.
En total unos 1.130 millones de euros se han perdido en sobrecostes que han ido a parar a los bolsillos de los dueños de estas empresas. Además de las 610 reformas encargadas en los centros , 217 se dejaron a medias y otras 62 que finalmente ni siquieran fueron puestas en marcha.
 30 colegios de la Comunitat siguen estando conformados íntegramente por barracones, como el CEIP 103 de Valencia o el CEIP Ciutat de Cremona en Alaquàs. Y otros 175 centros tienen al menos un módulo de este tipo. Esto haría un total de 1764 aulas prefabricadas en el territorio de la Comunitat Valenciana en las que se han gastado más de 92 millones de euros, muchos de ellos fueron a parar a ABC Arquitectura Modular, Balat, Dragados (ACS) y Remsa que, según parece, se ponían de acuerdo para pactar los precios que ofrecían a la administración por instalar estas aulas de plástico en los centros educativos públicos.

 Los años en los que mayor desvío hubo entre el coste previsto de las obras y lo que finalmente se pagó fueron desde 2004 a 2007, cuando se adjudicaron obras por 440 millones de euros y se acabó pagando 565, un desvío de 125 millones en 3 años. Esa etapa dirigió la sociedad Máximo Caturla, mano derecha de Alfonso Rus y detenidos ambos el 26 de enero por su implicación en el caso Imelsa. Si la construcción de estos centros se hubiera hecho directamente por la Generalitat Valenciana y no por Ciegsa, creada para colocar a familiares y amigos del Partido Popular, el ahorro habría sido tremendo que hubiera significado aumentar la calidad de estudio en nuestros centros públicos. Con los 1.130 millones que sacaron esas empresas en sobrecostes se podrían haber construido más de 200 colegios e institutos.

 Mientras desde el gobierno del PP se nos repetía constantemente que no había dinero para la educación pública, obligandonos a los jóvenes de los barrios obreros a estudiar en barracones, hacinados en aulas masificadas por falta de nuevos centros y de profesorado, mientras nos cerraban el paso a una educación superior a los hijos de las familias humildes condenandonos al paro o la precariedad laboral, el PP despilfarraban y robaban millones y millones de las arcas públicas.

 Pero como sabemos el problema de fondo no es simplemente la falta de control que se ha dado sobre la construcción de los centros. El problema es que la derecha hizo de las instituciones valencianas su coto privado, que durante más de 20 años usó para expoliar y desmantelar los servicios públicos en beneficio de un puñado de empresarios que a cambio ofrecían múltiples prevendas al PP.

 

SI SE PUEDE HACER UNA POLÍTA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Ha sido la lucha continua en las calles la que ha impulsado un gobierno del cambio en Valencia, hemos conseguido desalojar a esa banda de sin vergüenzas del PP con sus comisiones, mordidas, irregularidades y financiación ilegal - El escándalo ha llegado a tal punto que la dirección nacional ha tenido que disolver la agrupación del partido en Valencia y colocar al frente una gestora.

 Lo fundamental ahora es que ese ayuntamiento de la izquierda que lucha al que los jóvenes y trabajadores hemos puesto en las instituciones investigue a donde ha ido nuestro dinero y se planifique para revertir la situación en la que nos ha dejado el Partido Popular. Necesitamos un plan que contemple la construcción de los centros necesarios para acabar con los barracones, la contratación de más profesores y la mejora de la educación pública valenciana en su conjunto.

Los jóvenes y trabajadores sabemos que la escuela pública es la única que tenemos, por eso hemos protagonizado durante estos años una lucha incansable para frenar todos los ataques que recibíamos desde el gobierno municipal, autonómico y estatal del PP. En esas luchas tuvimos a nuestro lado a muchas de las personas que hoy están en las instituciones, ahora tenemos que seguir redoblar la lucha y la organización de la Marea Verde para que el avance de la izquierda que lucha en las instituciones tenga la fuerza necesaria para acabar con todos los ataques que el PP ha hecho durante décadas.

 

¡Basta de hacer un negocio de nuestros derechos!

¡Fuera los barracones, queremos centros educativos de calidad!

¡TODO EL DINERO PARA LA ESCUELA PÚBLICA!