El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015 manda un mensaje claro: los recortes en educación no han terminado. No sólo no se recuperan los retrocesos sufridos durante los duros años de recortes, que han ocasionado una grave crisis educativa en nuestro país, sino que aún se siguen recortando partidas básicas para garantizar la calidad y la equidad de nuestro sistema educativo, como sucede con la partida destinada a compensación educativa, que prácticamente desaparece y cuyos fondos van a nutrir la puesta en marcha de la FP Básica, que en su primer año de implantación camina hacia el fracaso, ante la desconfianza de las familias en unas enseñanzas que ni capacitan para la inserción laboral ni para la continuidad en el sistema educativo.
El curso comienza con más alumnado y menos profesorado, con aulas masificadas, con el debilitamiento extremo -cuando no desaparece- de las políticas compensatorias que garantizaban la equidad, con mayores dificultades para acceder a las becas en un escenario de encarecimiento de las tasas, con el desmantelamiento de las ayudas para libros de texto o comedor. En definitiva: menos calidad para todo el alumnado y más exposición al fracaso de quienes tienen dificultades.
Este es también el curso en que comienza a implantarse la LOMCE, que consolida los recortes; propugna un modelo educativo selectivo y segregador que agravará los problemas educativos existentes; maltrata y posterga al profesorado y apuesta por debilitar la escuela pública; es profundamente ideológica; mercantiliza la educación, pasando a considerarla un bien antes que un derecho; y ha suscitado el rechazo unánime de los grupos políticos en el Parlamento (que se han comprometido a su derogación), de la comunidad educativa y de la sociedad.
Además, el Gobierno del PP prepara cambios normativos en la educación superior que amenazan con modificar la fisonomía de nuestro sistema universitario a través de tres proyectos de Real Decreto. El Gobierno pretende devaluar los títulos de grado reduciendo su duración a tres años y aumentando a dos años los postgrados, lo que en el contexto actual beneficia a las universidades privadas. Paralelamente, quiere desregular la creación de centros universitarios, favoreciendo igualmente la instalación de universidades privadas con requisitos menos exigentes. Y en coherencia con lo anterior, quiere endurecer el sistema de acreditación del profesorado funcionario para dificultar su acceso y promoción. Un nuevo ataque a la enseñanza pública y a los derechos de los ciudadanos.
Todo ello exige mantener la contestación y la movilización. CCOO está promoviendo un calendario de movilizaciones con carácter descentralizado, que alcanzará su concreción a nivel territorial, y apoya la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes. Asimismo, pide al profesorado y a la comunidad educativa que la respalden y faciliten el ejercicio del derecho de huelga del alumnado, y llama a participar en las movilizaciones que convocaremos conjuntamente con el Sindicato de Estudiantes en las comunidades autónomas o con otras organizaciones de la comunidad educativa.