La representación del Sindicato de Estudiantes (SE) y de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs) han pedido en el Pleno del Consejo Escolar del Estado (CEE) la devolución al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Anteproyecto de Ley de la Formación Profesional y las Cualificaciones y petición de que se redacte un nuevo Anteproyecto que contemple medidas claras para alcanzar los objetivos que, para impulsar la FP inicial/reglada, están definidos en el II Programa Nacional de la Formación Profesional, un nuevo anteproyecto que integre a los tres subsistemas de FP, un nuevo anteproyecto que haga del centro educativo el eje de toda la FP.
Las razones fundamentales en las que nos basamos para pedir esta retirada son:
1. No es el proyecto de ley que se necesita y que se esperaba para revitalizar y dignificar estos estudios. Este proyecto no cumple los objetivos marcados en el II Programa Nacional de la FP. La FP inicial/reglada en sus dos modalidades (de base y específica) requiere un impulso institucional para que su desarrollo se ajuste a los principios que la LOGSE establece. La finalidad de estos estudios es la preparación del alumnado para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, por lo que en dicha formación debe contemplarse una dimensión educadora en conocimientos y en valores que permita a los personas desarrollar su actividad laboral, estar preparados para un cambio de actividad y para poder ejercer sus derechos como trabajadores y trabajadoras. El proyecto no contempla nada de esto.
2. Este proyecto supone un intento claro de privatizar la FP, lo que perjudicará claramente a la modalidad inicial/reglada que se imparte en los Centros educativos y llevará a los estudiantes a conseguir sus títulos en los empresas, pero sin una formación adecuada y polivante.
3. Se promueve la segregación de la FP inicial/reglada del sistema educativo público, subordinándola a los intereses del empresariado, pues puede otorgar efectos académicos a las expedidas por instituciones (empresas y algunos sindicatos) no dependientes de las administraciones educativa; el proyecto no contempla órganos de evaluación e inspección externa, lo que puede provocar situaciones de irregularidad. En ningún caso es admisible que las titulaciones académicas, o sus equivalentes, se expidan fuera del ámbito educativo.
4. El proyecto, de llevarse a cabo, discriminará a las y los estudiantes en el acceso a la formación en función de donde vivan, al diversificar la naturaleza y la "categoría" de los Centros de FP (Nacionales, Integrados y el resto) que competirán en desiguales condiciones en cuanto a medios materiales y humanos a la hora de ajustar su oferta formativa.
5. Introduce también el proyecto un modelo de dirección de los Centros Integrados por nombramiento directo por la administración, al margen de la elección por la comunidad educativa.
Consideramos que el Pleno del CEE debe rechazar este proyecto de ley y pedir al MECD su retirada y la redacción de un nuevo proyecto en el que se contemplen tanto medidas para conseguir los objetivos que están definidos en el II Programa Nacional de la Formación Profesional, como medidas concretas para prestigiar e impulsar estas enseñanzas, entre las que destacamos las siguientes:
1. Creación de Observatorios locales de empleo, que detecten la evolución de las profesiones, diferenciando las residuales de las emergentes.
2. Extensión de la oferta de Programas de Garantía Social y Ciclos Formativos a los IES que lo soliciten, hasta completar mapas con la oferta global de FP, facilitando becas para estudiar en centros públicos distintos a la zona de residencia. Esta es la única forma de solucionar el problema de la existencia de decenas de miles de no admitidos en los ciclos formativos de grado superior todos los años.
3. Regulación del acceso no directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
4. Establecer convenios de colaboración con las Universidades para impulsar la formación permanente del profesorado de la FP inicial/reglada.
5. Remuneración de las prácticas en empresas en base al Salario Mínimo Interprofesional. Formación de comisiones de control de las prácticas en empresas en las que estén representados los trabajadores, los estudiantes y la administración, para garantizar que éstas no sean utilizadas con fines no formativos.
La Confederación de STEs y el Sindicato de Estudiantes consideramos esta ley una medida más del PP en contra de la enseñanza pública y vamos a incluir el rechazo a la misma durante las movilizaciones que realizaremos contra la política educativa del gobierno en los primeros meses del próximo curso.
Miriam Municio, Secretaria General del S.E.
Augusto Serrano, portavoz de STEs