Como ya sabréis, el Sindicat d’Estudiants está llevando a cabo una campaña por la retirada de los sistemas de control en el centro. Consideramos muy importante poner en vuestro conocimiento nuestra posición y determinados hechos recabados a través de algunos de vuestros hijos y también de profesores del centro.

 
Creemos, en primer lugar, que todos estos sistemas impuestos no vienen a solucionar ningún problema en absoluto. No son la mayoría de estudiantes quienes comenten destrozos, sino una ínfima minoría que, como reconoció el director el lunes 3 de Noviembre en Informativos Telecinco, “son siete u ocho y sabemos quienes son”. También, en Punto Radio, el día 4 de Noviembre, reconoció que lo máximo ocurrido había sido pintadas en las puertas y un váter embozado. Visto este dato, nos resulta extrañísimo el gasto aducido de los supuestos destrozos. Hemos leído en prensa desde 3500 hasta 6000€, según el día y quién diese el dato.
 
Pero la cuestión central es si así va a acabarse con otros casos, que en este instituto no ocurren, pero que, aunque minoritarios, están ahí, como las tristemente famosas peleas grabadas con móvil. Nosotros pensamos que no. El problema central es la masificación de los institutos públicos, con aulas de 30 personas en el mejor de los casos, y la falta endémica de profesorado cada curso. No hay cámara que pueda solucionar un problema que proviene de la falta de fondos para la enseñanza pública.

No es difícil pasar desapercibido ante una cámara. Con un pañuelo y gafas de sol se hace inútil la cámara, mientras que el detector de huellas, o por tarjeta, puede ser suplido fácilmente con uno o dos conserjes en la puerta que revisen los carnés escolares (que todo alumno tiene) o el DNI en caso de extravío de éste. Además, según algunos de vosotros nos habéis comentado, puede convertirse en un obstáculo con trágicas consecuencias en caso de incendio.

Además, consideramos alarmante la filosofía que ha llevado a la instalación de las 24 cámaras en el centro. Atenta en primer lugar contra la presunción de inocencia. Es decir, que por siete u ocho, casi mil trescientos alumnos, muchos de ellos menores, se ven obligados a ser grabados sin ninguna garantía legal. Desde nuestro punto de vista no es admisible que por el hecho de ser jóvenes, vuestros hijos sean tratados como potenciales delincuentes. Siguiendo éste razonamiento, deberían haber sido instaladas también en los despachos, por si algún miembro del equipo directivo comete algún delito, por ejemplo, quedándose con fondos del centro.

Estos hechos han sido ya denunciados ante la Delegación del Gobierno y la Inspección Educativa, a lo que se añade la actuación de oficio de la Agencia de Protección de Datos. Porque, desde nuestro punto de vista, supone una violación muy grave de varias leyes, incluyendo la Constitución.

Por todo ello, pedimos vuestro apoyo en este caso, esperando que comprendáis y participéis en la lucha contra esta actuación desproporcionada de la dirección del centro.

Atentamente:
Sindicat d'Estudiants