¡Ayuso dimisión!

El PP en la Comunidad de Madrid ha aprovechado la crisis del covid-19 para seguir su cruzada contra los servicios públicos. Cuando se anunció el cierre de las aulas, Isabel Díaz Ayuso, desvió ingentes sumas de dinero público directamente a los bolsillos de los magnates hosteleros de Telepizza y Rodilla, entregándoles el servicio de comedor de 11.500 menores de familias vulnerables, que antes tenían este servicio en los centros. Finalmente, tras dos meses de malnutrición a estos niños, el Partido Popular ha decidido ir un paso aún más lejos y directamente suprimir las ayudas para la alimentación de los alumnos de 0 a 6 años.

La explicación que ha dado el gobierno autonómico ha sido que el ajuste se debe “al bajo número de peticiones”. ¡Esto es una auténtica farsa! La pandemia ha entrado en escena en un momento en el que los trabajadores, los jóvenes y las familias más humildes seguimos pagando el precio de la crisis económica del 2008 y ahora nos enfrentamos a una crisis aún mayor. Si en 2019 en el Estado español, más de 2,5 millones de jóvenes estaban en riesgo de exclusión social y más de 300.000 menores de edad no podían permitirse una ración de carne o pescado al menos cada dos días, estas cifras no pueden sino dispararse.

Durante estos años, se han recortado 447,6 millones de euros del gasto educativo en la CAM, dejando también a 80.000 alumnos sin la beca de comedor en la Comunidad. ¿Y pretenden que creamos que las familias de los menores afectados no están pidiendo ayuda para alimentar a sus hijos e hijas? La demagogia del Partido Popular no conoce límites. Las imágenes de cientos de familias haciendo cola para recibir algo de ayuda alimentaria en los barrios obreros como Aluche o Vallecas hablan por sí solas. Sólo la organización de los vecinos y trabajadores están suponiendo un pequeño alivio para las familias afectadas por la política criminal de la derecha en Madrid.

No volvemos a clase, ¡con nuestra salud no se juega!

El viernes 5 de junio hemos conocido la noticia de que, a pesar de no cumplir con los criterios sanitarios, y fruto de la presión generada por Ayuso y la patronal hostelera, el Ministerio de Sanidad ha concedido a la CAM permiso para avanzar a la fase 2. Esta medida obedece fielmente al mandato de los empresarios, desesperados por mantener sus ingresos, a los que no les importa exponernos a la enfermedad. El único criterio que sigue la derecha, y a quienes representan, es activar a toda costa la maquinaria productiva. Este paso de fase significa que Díaz Ayuso no tardará ni un minuto en tratar por todos los medios de abrir las aulas – aunque no haya ninguna garantía para nosotros - para que nuestros padres y madres vuelvan a su centro de trabajo, ahorrando a los empresarios pagar permisos retribuidos.

La falta de escrúpulos de la administración del PP es proporcional a la imposibilidad de volver a las aulas de manera segura. Tal y como ha señalado la comunidad educativa al unísono, bajo las condiciones actuales, con una ratios por los cielos y miles de profesores despedidos a causa de los recortes de la derecha, es inviable volver de forma segura.

El PP elimina más de 14.000 plazas de la escuela pública para el curso que viene

Durante los últimos meses, el gobierno de Díaz Ayuso no ha hecho más que repetir que su primer objetivo es ayudar a los alumnos que estamos sufriendo la crisis sanitaria. Pero, ¿cómo pretende ayudarnos? ¿Con la reducción del 1,7% del presupuesto educativo aprobada en febrero? ¿Regalando cientos de millones de euros de fondos públicos a la educación privada y concertada como los 968 millones que les entregó en 2018? Si de verdad les importáramos, no nos alimentaría a base de pizza y nuggets de pollo. La vida, la salud y la educación de la clase trabajadora le importa muy poco a Díaz Ayuso. Sabemos bien que quienes nos veremos obligados a retomar las clases sin ninguna garantía de seguridad somos los y las jóvenes de los barrios obreros, quienes mayores dificultades tenemos, no la juventud del barrio Salamanca.

La excusa mentirosa de que el Partido Popular quiere ofrecer refuerzos voluntarios a las y los estudiantes con mayores dificultades se cae con mirarla. No hay más que ver la reciente destrucción de más de 14.000 plazas de la escuela pública para el curso que viene. Una auténtica declaración de guerra a la educación pública y a los jóvenes de familias obreras que somos quienes mayoritariamente estamos matriculados en la pública, en el momento en el que se necesitan más plazas, aulas y profesores, para seguir lucrando a quienes hacen negocio con nuestro derecho a la educación.

El PP y sus amigos empresarios, los mismos que despiden a los trabajadores mediante ERTES, los que mantienen a los sanitarios en condiciones de miseria, los que convierten las residencias de mayores en auténticos mataderos, son los que ahora cierran las puertas a la educación pública mientras mueven todos los hilos para seguir manteniendo los beneficios de la patronal de la enseñanza privada y la Iglesia, destruyendo la pública para ello.

Necesitamos un plan de rescate a la escuela pública

El plan del PP es claro: que la juventud de clase trabajadora pague esta crisis y se las apañe como pueda para impedir los contagios, ni un euro a la educación pública, más recortes y ni hablar de bajar las ratios. En ese sentido, desde el Sindicato de Estudiantes dejamos claro a Díaz Ayuso y compañía, que solo volveremos a clases si nuestra salud está asegurada, lo que pasa por un plan de choque para rescatar la educación pública.

Esta crisis sanitaria ha deteriorado aún más un sistema educativo ya agonizante. Por eso ante el repertorio de ataques del PP a educación pública y las familias trabajadoras - que cuenta con el inestimable apoyo de Vox - es necesario que el Gobierno PSOE-UP revierta todos los ataques y recortes de la derecha y sus consecuencias dramáticas, y eso pasa por adoptar medidas mucho más contundentes.

La única manera de garantizar una vuelta a clases en otoño cumpliendo los criterios sanitarios y asegurando una educación de calidad es con un plan de rescate urgente a la educación pública: con una inversión masiva, no destinar ni un euro público a la financiación de la privada, contratar más profesores, abrir más aulas y bajar las ratios para garantizar la distancia social. Solo así podemos garantizar una educación de calidad y con seguridad sanitaria.

El Partido Popular, los ultraderechistas de Vox y la patronal de la escuela privada han declarado una guerra sin cuartel a las familias trabajadoras para que seamos nosotros quienes paguemos la factura de esta crisis una vez más, empezando por atacar nuestro derecho a la educación. No lo permitiremos.