Esta semana ha comenzado con un nuevo escándalo judicial para criminalizar a un grupo de izquierdas. Esta vez le ha tocado al grupo Straight Edge (SxE) de Madrid. Un grupo integrado por jóvenes de entre 19 y 25 años a los que, sin ningún tipo de prueba, se les piden penas de dos años de prisión por “enaltecimiento del terrorismo”. Lejos de ser una excepción, este caso pone de manifiesto la peligrosa deriva autoritaria a la que estamos asistiendo.
Aumento sin precedentes de la represión
El caso nace de manos de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Lamela no solo ha pedido penas de prisión, sino que pretendía encarcelar a estos jóvenes ¡35 años! No podemos esperar menos de la responsable del escandaloso montaje contra los jóvenes de Alsasua y de la detención de políticos catalanes. Si en aquellos casos la investigación y las pruebas rozaban el absurdo, esta vez lo han superado con creces. Graffitis, tuits y productos de limpieza componen todas las pruebas que se pretendían utilizar para justificar la existencia de un peligroso grupo terrorista. “Capitalismo asesino”, “Ni drogas, ni racismo, ni Estado, ni especismo” o incluso “Goku vive, la lucha sigue” unido a un “peligroso” arsenal de botellas de lejía y caldo de lombarda fueron suficiente para mantener esta acusación. Podría parecer una broma de mal gusto si no fuese porque algunos de sus integrantes, como Nahuel, pasaron 16 meses en prisión en Régimen FIES.
La intención de Lamela, y del sector más ultra derechista del aparato del Estado es amedrentar y coaccionar a cualquier grupo disidente con el Partido Popular. No se trata de justicia ni de proteger a nadie contra acciones terroristas, simplemente intentan acallar las voces críticas contra el Gobierno del PP.
Solo la movilización acabará con la represión
Este acusación se da a conocer la misma semana que el rapero Valtonyc debe ingresar en prisión por hacer canciones en las que critica a la monarquía. La misma semana que el periodista de extrema derecha, Federico Jiménez Losantos, hace un llamamiento a bombardear Catalunya con total impunidad. La misma semana que uno de los violadores de la Manada escribe una carta humillando a la víctima y todos los medios de comunicación la publican. Son ejemplos de una realidad que cada día es más evidente: la justicia en España solo defiende a los poderosos. Rapear, protestar o “cagarse en Dios” como hizo Willy Toledo son delitos gravísimos en comparación con amenazar a todo un pueblo, robar millones de euros o violar.
Esta dinámica represiva recuerda mucho a la que existió durante los últimos años del franquismo, cuando las cárceles se llenaban con miles de presos políticos. Y, al igual que entonces, solo existe un camino para acabar con la persecución ideológica: la movilización en las calles. Debemos utilizar el ejemplo de los pensionistas, de la manada feminista y del pueblo de Alsasua. Tenemos que salir a las calles y exigir la retirada de cargos contra los miembros de Straight Edge y todos aquellos encarcelados por luchar.
¡Basta ya de montajes policiales!