Resolución de la Asamblea Regiona del profesorado de Madrid

Durante este último y largo año y medio hemos asistido, llenos de estupor, a los mayores recortes de derechos y libertades sociales a un estado supuestamente democrático. Se están llevando a cabo políticas abusivas, entre otras cosas, porque se han impuesto a golpe de decreto, ninguneando a la ciudadanía de una forma vergonzante con la única finalidad de contentar a los mercados y enriquecer a sus lacayos. Todas estas medidas, usan la crisis como excusa, y, en realidad, esconden un propósito más temible que es el desmantelamiento de todo lo “público” y el recorte de derechos y libertades, llegando a criminalizar cualquier acto de justa protesta, pisoteando impúdicamente los derechos civiles y políticos recogidos en la Constitución.

 

Y es dentro de este contexto, donde los ataques a la educación pública cobran una especial relevancia. Todos entendemos que la educación es uno de los pilares básicos de la sociedad. Disfrutar de una formación libre, universal, gratuita, laica y democrática es un derecho humano, y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos, y sin embargo estos recortes no hacen sino devolvernos a un tiempo en el que la educación no era un derecho sino el privilegio de unos pocos, aquellos que podían pagarla y que, por tanto, se hacían con el control de nuestro destino como sociedad.

Permitir estas políticas es un atentado contra nuestro pasado y nuestro presente, pero sobretodo contra nuestro futuro.
Es por ello que desde la Asamblea Regional del Profesorado de Madrid queremos manifestar nuestro apoyo a la Semana de Lucha del Sindicato de Estudiantes y a la Huelga convocada para los días 5, 6 y 7 de Febrero, como un modo de mostrar nuestra condena a todos estas políticas injustas y represoras, y a estos recortes que atentan contra los derechos fundamentales.

Asimismo confiamos en que nuestros compañeros y compañeras docentes respeten el derecho del alumnado y las familias a secundar la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes y apoyada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y no cedan a la coacción y al boicot a las que nos tiene acostumbrados la Consejería de Educación. Ningún alumno puede ser penalizado directa o indirectamente en su evaluación por secundar su legítimo derecho a huelga.

Recordamos que, según la Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la Educación y Ley Orgánica 2/2006, de Educación, las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado a partir del 3º curso de la ESO con respecto a la inasistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro, como es el caso que nos ocupa.

Desde la Asamblea Regional del Profesorado de Madrid convocamos y animamos a toda la sociedad, a acudir a las movilizaciones propuestas para conseguir parar las inaguantables medidas antisociales diseñadas por los mercados e impuestas por los gobiernos de turno, carentes de cualquier tipo de refrendo democrático.Durante este último y largo año y medio hemos asistido, llenos de estupor, a los mayores recortes de derechos y libertades sociales a un estado supuestamente democrático. Se están llevando a cabo políticas abusivas, entre otras cosas, porque se han impuesto a golpe de decreto, ninguneando a la ciudadanía de una forma vergonzante con la única finalidad de contentar a los mercados y enriquecer a sus lacayos. Todas estas medidas, usan la crisis como excusa, y, en realidad, esconden un propósito más temible que es el desmantelamiento de todo lo “público” y el recorte de derechos y libertades, llegando a criminalizar cualquier acto de justa protesta, pisoteando impúdicamente los derechos civiles y políticos recogidos en la Constitución.

Y es dentro de este contexto, donde los ataques a la educación pública cobran una especial relevancia. Todos entendemos que la educación es uno de los pilares básicos de la sociedad. Disfrutar de una formación libre, universal, gratuita, laica y democrática es un derecho humano, y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos, y sin embargo estos recortes no hacen sino devolvernos a un tiempo en el que la educación no era un derecho sino el privilegio de unos pocos, aquellos que podían pagarla y que, por tanto, se hacían con el control de nuestro destino como sociedad.

Permitir estas políticas es un atentado contra nuestro pasado y nuestro presente, pero sobretodo contra nuestro futuro.
Es por ello que desde la Asamblea Regional del Profesorado de Madrid queremos manifestar nuestro apoyo a la Semana de Lucha del Sindicato de Estudiantes y a la Huelga convocada para los días 5, 6 y 7 de Febrero, como un modo de mostrar nuestra condena a todos estas políticas injustas y represoras, y a estos recortes que atentan contra los derechos fundamentales.

Asimismo confiamos en que nuestros compañeros y compañeras docentes respeten el derecho del alumnado y las familias a secundar la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes y apoyada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y no cedan a la coacción y al boicot a las que nos tiene acostumbrados la Consejería de Educación. Ningún alumno puede ser penalizado directa o indirectamente en su evaluación por secundar su legítimo derecho a huelga.

Recordamos que, según la Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la Educación y Ley Orgánica 2/2006, de Educación, las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado a partir del 3º curso de la ESO con respecto a la inasistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro, como es el caso que nos ocupa.

Desde la Asamblea Regional del Profesorado de Madrid convocamos y animamos a toda la sociedad, a acudir a las movilizaciones propuestas para conseguir parar las inaguantables medidas antisociales diseñadas por los mercados e impuestas por los gobiernos de turno, carentes de cualquier tipo de refrendo democrático.