La debacle del Partido Socialista en las elecciones del pasado 20N ha supuesto la llegada a la presidencia del gobierno del Partido Popular. La pérdida de 4,3 millones de votos y la débil subida del PP (alcanzando su techo electoral), deja claro cómo no ha sido el PP el que ha ganado las elecciones, sino el PSOE el que las ha perdido.

Pero sea como sea la derecha ha llegado al poder, y su sello de recortes sociales pronto va a empezar a verse en todo el Estado, como continuación del que ya llevan acabo en las Comunidades Autónomas que venían gobernando.

De ello la universidad no se salva, y la situación ya en cierto modo crítica en la que se encontraba se va a agravar bastante más. La llegada a la presidencia de Mariano Rajoy, y sus declaraciones a favor de las medidas tomadas por el primer ministro británico Cameron, nos muestran por dónde irán los tiros.

Las subidas de tasas a niveles prohibitivos para los hijos de los trabajadores son cada día una realidad más palpable. Esto unido a un proceso de privatización masivo que va a potenciar la entrada de más empresas en la universidad, dándoles más facultades (entre ellas la potestad de elegir al rector), es un claro síntoma de cómo se pretende “arreglar” la situación de la universidad bajo el sistema capitalista.

Recortes en la UAM

La situación de la Universidad Autónoma de Madrid nos puede servir de ejemplo de la actual política educativa que se lleva y que se va a llevar adelante en los próximos meses y años. Se ha empezado el curso con un recorte salvaje de un 8% del presupuesto, que ha puesto en jaque a varias bibliotecas de la universidad  y ha llevado a la supresión de varias aulas de informática. A ello también debemos sumar la privatización del pabellón de deportes de la universidad. Una vez más, somos los estudiantes quienes primero sentimos la crisis, recortando nuestros servicios universitarios y encima intentando vendernos que la cuestión está en que pagamos tan poco de universidad que no podemos pedir en época de crisis unos servicios de calidad. La realidad es que el dinero público que va a la universidad sale de los bolsillos de los trabajadores, que ven como dentro de poco las aspiraciones que tenían de que sus hijos vivan mejor que ellos, con una mejor formación y calidad de vida, se está convirtiendo en un sueño imposible. Mientras, grandes empresarios y banqueros, libres en su mayoría de pagar impuestos, se benefician de miles y miles de millones de euros del erario público para “salvar” sus negocios. El último ejemplo de este cinismo lo vemos con la CAM, que va a ser saneada por el Banco de España por la friolera de 20.000 millones de Euros y después será “vendida” a bajo coste a algún comprador, entre los que despunta el Banco Sabadell.

Junto a todos estos recortes, siguiendo con la política antisindical del PP, se escuchan tambores de guerra contra los liberados sindicales de la universidad. La amenaza del despido de éstos, afecta también a todos aquellos que ocupan actualmente sus cargos. Es decir, se va a recortar en personal docente e investigador y en personal de administración y servicios.

Yendo por las distintas facultades nos encontramos con los más diversos problemas, aparte de la situación de las infraestructuras de buena parte del campus. Los dos casos más llamativos han sido y son, los del máster de abogacía en la Facultad de Derecho, y el de la pérdida del curso de especialidad en el grado de educación primaria e infantil.

El primero consiste en lo siguiente. Ahora para ser abogado, además de pasar aquel examen famoso para colegiarse, hay que hacer además un máster especial. Este máster se ofertara en la UAM y contará con 200 plazas de carácter estatal. Pueden parecer a simple vista muchas, pero teniendo en cuenta que al año se licencian bastante más de 200 estudiantes en la UAM, y que el máster es ofertado a nivel estatal, las plazas son insuficientes, además de las trabas que supone tanto académica como económicamente. Porque la otra parte del máster, es que si la proposición de la Presidenta de la Comunidad de Madrid sale, será pagar la tasa fraccionada, lo que quiere decir que en vez de pagar el estudiante el 10% de su valor, podrá llegar a pagar entre un 30-40%, es decir, entre 5000 y 6000 euros por curso. Esto supone la expulsión directa del ejercicio de la abogacía de los hijos de las familias trabajadoras, que no tengan semejante cantidad de dinero para permitirse pagar el máster.
El caso de magisterio es más escandaloso. Directamente y con la excusa de “no hay dinero”, se ha eliminado el cuarto año de especialidad en el grado. Los actuales estudiantes de magisterio, se pasaran 4 años de formación básica general, y tendrán que esperar al máster para la especialización, con su correspondiente precio y con lo que ello supone.

Subida de tasas y regalo de dienro público

En definitiva, la universidad pública se va a enfrentar al mayor ataque en años recibido. Los Planes de Bolonia van a parecer un juego de niños al lado de lo que se nos viene encima a los universitarios. Y mientras esto ocurre, nos encontramos al comienzo del curso con una subida del 5% de las tasas. Una subida que es la continuación del incremento del precio del crédito que hubo hace tres años con la implantación de Bolonia, que aumentó en un 25% el precio de la matrícula, para el año pasado hacerlo un 13%. Todo esto a pesar de que desde el Gobierno se insistía una y otra vez en que no se iba a encarecer el acceso a  la universidad. Tres años después la realidad es que la matrícula cuesta casi un 50% más que antes de que se aplicasen los famosos planes de Bolonia.

Pero mientras todos estos ataques y recortes se desarrollan, en la UAM se llevan adelante proyectos mastodónticos como el de la superestructura que se construye al lado de la Facultad de Ciencias, y que tiene la poca decencia de recibir el nombre de Plaza Cívica de la UAM. Este edificio casi acabado, no es otra cosa que un gran centro comercial, que se ha comido unos 27 millones de euros del presupuesto universitario. Las prioridades de la nueva universidad están claras, igual que a nivel general, todos los recursos para las grandes empresas, y ataques y recortes para jóvenes y trabajadores.