Los sindicatos de profesores en Catalunya anunciaron en el mes de diciembre, tras la convocatoria de concentraciones de delegados y por municipios, que si el Departament d’Educació continua con la actual política educativa convocaran nuevas movilizaciones, incluida la huelga.
La aprobación del proyecto de Ley de Educación de Catalunya (LEC) en julio de 2009, con el apoyo de la derecha CiU y la patronal de la enseñanza privada, vino seguida de toda una serie de medidas concretas que muestran el camino que tomará la aplicación y desarrollo de esta ley: degradación de la escuela pública y privatización.
En inicio de curso hubo un recorte de plantillas del 5%, mientras que los conciertos y las partidas para profesorado en la concertada aumentaron un 3%. Mediante la reducción del horario de interinos y substitutos, y la no sustitución de las bajas hasta el cuarto día, el Departament prevé ahorrarse 30 millones de euros.
Los decretos de desarrollo de la LEC en autonomía de centros y direcciones, que se aprobaran este curso, confirman los peores augurios respecto al modelo de gestión de centros empresarial, basada en la autoridad del director – gerente, y recortando los derechos democráticos y la participación de la comunidad educativa.
Un ejemplo de esto lo tenemos en el montaje que orquestó el Departament d’Educació, el director del IES Consell de Cent Damián Montes, y la asociación de directores Axia, contra dos dirigentes del Sindicat d’Estudiants. Bajo una falsa acusación de agresión, y tras un juicio repleto de irregularidades, la sentencia condenatoria (multa de centenares de euros y seis meses de orden de alejamiento) está siendo utilizada, incluso antes de ser sentencia firme, para echar al Sindicat d’Estudiants de los institutos.
En el Consell Escolar Municipal de Barcelona del pasado 15 de diciembre, tras el intento infructuoso de la secretaria del CEMB de impedir la presencia del representante del Sindicat d’Estudiants, los directores presentes en el CEMB montaron un nuevo montaje, levantándose y marchándose de la reunión por la presencia de un agresor convicto. Todos estos pasos tienen un objetivo claro: impedir nuestro acceso a los centros de estudio y preparar el terreno para un inminente recorte en los derechos de los estudiantes a la libertad de expresión, asociación y reunión, vinculado a los desarrollos de la LEC.
Estas las medidas reaccionarias del Departament han contado con la oposición de la mayoría aplastante de la comunidad educativa, con tres exitosas huelgas generales de educación, saliendo conjuntamente a la calle decenas de miles de estudiantes, profesores y maestros. También una reciente encuesta del propio govern muestra el verdadero estado de ánimo de los profesores. Siete de cada diez profesores estan en contra de la LEC, ocho de cada diez cree que la LEC no servirá para resolver los problemas de la educación, y tan solo uno de cada diez cree que servirá de algo. No resulta extraño que se hayan negado a hacer público el resultado del estudio.
Mientras tanto, el Departament d’Educació ha situado en el centro del debate educativo un nuevo cambio de calendario escolar, según el cual los alumnos tendrán una semana de vacaciones en febrero, empezando una semana antes en septiembre, y eliminando la jornada intensiva del mes de junio.
Estas medidas desde el punto de vista pedagógico carecen de sentido, y desde el punto de vista organizativo suponen un problema tanto en el inicio de curso (solo una semana para que los profesores preparen la vuelta al cole) como para la semana libre en febrero, ya que los padres y/o madres que trabajan tendrán serios problemas para dejar a los hijos a buen recaudo, viéndose obligados en muchos casos a pagar las costosas y privadas actividades extraescolares y casales. Con medio millón de trabajadores en paro en Catalunya, y los enormes problemas para llegar a final de mes y pagar las facturas, las declaraciones del conseller Maragall recomendando “llevar a los hijos a la nieve” no pueden sonar de otra forma que no sea una burla cínica y peyorativa.
El verdadero objetivo de esta medida es levantar una enorme cortina de humo detrás de la cual ocultar la creciente degradación de la educación pública, además de seguir fomentando un enfrentamiento entre los profesores y las familias, presentando la falsa imagen de que los profesores y maestros son unos vagos que trabajan poco y solo se mueven para preservar sus intereses corporativos. De esta forma el Departament pretende adjudicar a la comunidad educativa, en especial a los profesores, la responsabilidad del fracaso escolar, cuando la culpa de los problemas de la educación pública residen en la deficiente inversión pública de los últimos años, que se ha combinado con una promoción muy importante de la privada concertada.
El Sindicat d’Estudiants creemos que es un paso adelante que se anuncien nuevas movilizaciones por parte de los dirigentes sindicales, pero esto se debe concretar en la convocatoria de una huelga general de la educación pública durante este trimestre, dentro de un plan de movilizaciones que aporte una perspectiva de lucha y una plataforma reivindicativa concreta y precisa, para que esto sea debatido en los centros, tanto profesores como estudiantes, para poner la lucha contra la LEC y en defensa de la educación pública en un plano superior a las movilizaciones de los últimos dos cursos.
En inicio de curso hubo un recorte de plantillas del 5%, mientras que los conciertos y las partidas para profesorado en la concertada aumentaron un 3%. Mediante la reducción del horario de interinos y substitutos, y la no sustitución de las bajas hasta el cuarto día, el Departament prevé ahorrarse 30 millones de euros.
Los decretos de desarrollo de la LEC en autonomía de centros y direcciones, que se aprobaran este curso, confirman los peores augurios respecto al modelo de gestión de centros empresarial, basada en la autoridad del director – gerente, y recortando los derechos democráticos y la participación de la comunidad educativa.
Un ejemplo de esto lo tenemos en el montaje que orquestó el Departament d’Educació, el director del IES Consell de Cent Damián Montes, y la asociación de directores Axia, contra dos dirigentes del Sindicat d’Estudiants. Bajo una falsa acusación de agresión, y tras un juicio repleto de irregularidades, la sentencia condenatoria (multa de centenares de euros y seis meses de orden de alejamiento) está siendo utilizada, incluso antes de ser sentencia firme, para echar al Sindicat d’Estudiants de los institutos.
En el Consell Escolar Municipal de Barcelona del pasado 15 de diciembre, tras el intento infructuoso de la secretaria del CEMB de impedir la presencia del representante del Sindicat d’Estudiants, los directores presentes en el CEMB montaron un nuevo montaje, levantándose y marchándose de la reunión por la presencia de un agresor convicto. Todos estos pasos tienen un objetivo claro: impedir nuestro acceso a los centros de estudio y preparar el terreno para un inminente recorte en los derechos de los estudiantes a la libertad de expresión, asociación y reunión, vinculado a los desarrollos de la LEC.
Estas las medidas reaccionarias del Departament han contado con la oposición de la mayoría aplastante de la comunidad educativa, con tres exitosas huelgas generales de educación, saliendo conjuntamente a la calle decenas de miles de estudiantes, profesores y maestros. También una reciente encuesta del propio govern muestra el verdadero estado de ánimo de los profesores. Siete de cada diez profesores estan en contra de la LEC, ocho de cada diez cree que la LEC no servirá para resolver los problemas de la educación, y tan solo uno de cada diez cree que servirá de algo. No resulta extraño que se hayan negado a hacer público el resultado del estudio.
Mientras tanto, el Departament d’Educació ha situado en el centro del debate educativo un nuevo cambio de calendario escolar, según el cual los alumnos tendrán una semana de vacaciones en febrero, empezando una semana antes en septiembre, y eliminando la jornada intensiva del mes de junio.
Estas medidas desde el punto de vista pedagógico carecen de sentido, y desde el punto de vista organizativo suponen un problema tanto en el inicio de curso (solo una semana para que los profesores preparen la vuelta al cole) como para la semana libre en febrero, ya que los padres y/o madres que trabajan tendrán serios problemas para dejar a los hijos a buen recaudo, viéndose obligados en muchos casos a pagar las costosas y privadas actividades extraescolares y casales. Con medio millón de trabajadores en paro en Catalunya, y los enormes problemas para llegar a final de mes y pagar las facturas, las declaraciones del conseller Maragall recomendando “llevar a los hijos a la nieve” no pueden sonar de otra forma que no sea una burla cínica y peyorativa.
El verdadero objetivo de esta medida es levantar una enorme cortina de humo detrás de la cual ocultar la creciente degradación de la educación pública, además de seguir fomentando un enfrentamiento entre los profesores y las familias, presentando la falsa imagen de que los profesores y maestros son unos vagos que trabajan poco y solo se mueven para preservar sus intereses corporativos. De esta forma el Departament pretende adjudicar a la comunidad educativa, en especial a los profesores, la responsabilidad del fracaso escolar, cuando la culpa de los problemas de la educación pública residen en la deficiente inversión pública de los últimos años, que se ha combinado con una promoción muy importante de la privada concertada.
El Sindicat d’Estudiants creemos que es un paso adelante que se anuncien nuevas movilizaciones por parte de los dirigentes sindicales, pero esto se debe concretar en la convocatoria de una huelga general de la educación pública durante este trimestre, dentro de un plan de movilizaciones que aporte una perspectiva de lucha y una plataforma reivindicativa concreta y precisa, para que esto sea debatido en los centros, tanto profesores como estudiantes, para poner la lucha contra la LEC y en defensa de la educación pública en un plano superior a las movilizaciones de los últimos dos cursos.