En la madrugada del miércoles 18 de marzo los mossos de escuadra irrumpieron en el edificio del rectorado de la Universidad de Barcelona, llamados por el rector, Dídac Ramírez, para desalojar a los 50 estudiantes encerrados allí desde diciembre. 
Después de esta provocación, a lo largo de todo el día los mossos cargaron contra los estudiantes en dos ocasiones, a media mañana, contra una primera concentración de rechazo y por la noche donde provocaron decenas de heridos.

Las escenas de la carga nocturna han estremecido a los trabajadores de todo el Estado. Los medios de comunicación han transmitido algunos de los episodios más escandalosos: "Un anciano que esperaba a ser atendido por una ambulancia en la Via Laietana lanzó un insulto contra los antidisturbios que iban en una furgoneta. Éstos dieron marcha atrás, abandonaron el vehículo a toda prisa y agredieron con las porras al hombre". Más: "Una familia de inmigrantes (padre, madre y tres niños pequeños) que se encontraba cerca del lugar de los hechos y fueron golpeados por la policía por pedirles que dejasen de golpear a un estudiante" (El País 19/3, Batalla campal en Barcelona por el desalojo de los encerrados en la UB). 24 manifestantes tuvieron que ser hospitalizados, pero por ejemplo el Colegio de periodistas afirma que 30 de los suyos fueron heridos en la carga policial.

El director de la policía, Rafael Olmo, afirmó no saber que había "fallado" y pidió disculpas a los periodistas. Por supuesto estas disculpas no se extendieron a los demás agredidos, aunque desde luego hubiera sido claramente insuficiente.

¿Fue un "fallo"?

Tras las últimas movilizaciones contra los planes de Bolonia, los rectores y el Departament d'Innovación y universidad sacaron la conclusión de que ya no merecía la pena mantener la fachada de dialogantes que habían tratado de presentar durante los últimos meses con los estudiantes. Realmente en ningún momento pensaban cuestionar ni una sola coma de los ataques que hay en la universidad, pero tácticamente habían presentado un perfil tranquilo, permitiendo el encierro en la UB o aceptando la celebración de un referéndum no vinculante entre los estudiantes.

La brutalidad del miércoles no fue un error. El objetivo de la carga era presentarla como muchas otras veces hacen: Una minoría de "antisistemas" violentos provocan una algarada callejera que tiene que ser controlada por la policía. Lamentablemente, muchos grupos "asamblearios" suelen caer en las provocaciones de la policía, lo que da pie a los medios de comunicación a dar precisamente la imagen interesada que pretenden. Así, primero desalojaron a los encerrados para provocar y luego sacaron las porras para dar un escarmiento. Querían meter el miedo en el cuerpo a los estudiantes que participaran en las protestas y lanzar un serio aviso de que no permitirían ninguna movilización más contra Bolonia. Además, ante el conjunto del movimiento obrero volverían a presentar a los jóvenes como unos vándalos descontrolados: querían criminalizar a los estudiantes para aislarlos de los trabajadores.

No es casualidad que el desalojo y la represión fuera el 18 de marzo. El 19 de marzo estaba convocada una huelga general contra la LEC por los sindicatos de profesores y el Sindicat d'Estudiants que también incluyó entre las reivindicaciones la lucha contra Bolonia. Si la carga policial podía introducir miedo a las familias obreras, muchos estudiantes, sobre todo de secundaria, dejarían de participar en la manifestación convocada al día siguiente. Además, así daban nuevos argumentos a los dirigentes de CCOO y UGT para no mezclar la LEC con Bolonia.

Antecedentes de los Mossos

No es la primera vez que la policía autonómica catalana está en tela de juicio. El mismo miércoles dos mossos fueron condenados a 4 años de cárcel por detener ilegalmente a un estibador y torturarle en la comisaría de Les Corts: "Albert Fabregat, que había sido secretario general del Sinicato de Policías de Cataluña le propinó un cabezazo en el estómago y diversos golpes en todo el cuerpo, junto con Díaz. En la sentencia se explia que luego lo amenzaron con matarlo y violar su mujer si los denunciaba y que quedó en libertad al cabo de 24 horas" (El País 19/3. Dos ‘mossos', condenados a 4 años de cárcel por detención ilegal y lesiones)

Ha habido muchísimos más escándalos. En concreto, la sala de cacheos de la comisaría de Les Corts, conocida como "el cuartito", ya había sacado los colores en más de una ocasión al Govern: "Dos mossos están imputados por destrozar los genitales a un detenido durante una operación de los Grupos Especiales de Intervención; otros siete, por apalear y detener por error a dos transportistas; y otros dos por robar 150 euros a un inmigrante al que le endosaron un delito de tráfico de drogas". A una inmigrante rusa la abofetearon mientras estaba detenida, esposada y semidesnuda mientras le amenazaban y la insultaban. Uno rumano que le confundieron con un ladrón recibió reiterados golpes y puñetazos por todo el cuerpo y uno de los agentes le metió una pistola en la boca y le amenazó con matarle. (El País 25/1. La expiación de los Mossos)

La polémica ha sido tan sangrante que el departament d'interior se vio obligado a instalar cámaras de seguridad, con la excusa de poder prevenir malos tratos. Aunque evidentemente, este tipo de medidas no garantizan nada. La propia policía se excusa señalando que algunas promociones fueron demasiado numerosas y entraron jóvenes sin la actitud adecuada. El Govern tenía prisa para culminar el despliegue policial de los Mossos por toda Catalunya. Sin embargo, es fácil acusar a los agentes -que sin duda también tienen responsabilidad- para que actúen como cabeza de turco y así los verdaderos responsables puedan eludir sus responsabilidades.

¿Policía "democrática"?

Cuando algunos, equivocadamente, creían que las policías autonómicas iban a ser más "democráticas", ahora debería de reconocer su error. Autonómicos, municipales o nacionales, el papel de cualquier cuerpo de policía es el de reprimir a los jóvenes y trabajadores para amedrentarnos y evitar que luchemos por nuestros derechos.

Que todo esto haya ocurrido bajo un gobierno de izquierdas como es el Tripartit es un claro agravante. Para empezar no bastan con disculpas. Joan Saura, líder de Iniciativa per Catalunya y conseller de interior debería de dimitir inmediatamente. Es el principal responsable de lo sucedido. Pero además, el Govern debería de actuar inmediatamente, destituyendo y ordenando la detención de toda la cadena de mandos que dio la orden o permitió la carga policial contra los estudiantes.

Los marxistas hemos denunciado una y otra vez que tras la transición no se depuró el aparato del Estado franquista. Eso no significa solamente que los mismos mandos que dirigían la represión durante la dictadura se mantuvieron en sus puestos a la muerte de Franco. Sino que también se mantuvieron unos métodos, unas normas y unas instituciones. En todo este tiempo ninguno de los diferentes gobiernos de izquierdas se ha atrevido a depurar el aparato del Estado de todos los hábitos heredados del franquismo y de todos los fascistas que hacen carrera en la policía, ejercito, cuerpo judicial, etc.