Desde el comienzo de la pandemia y el cierre de los centros educativos, el Ministerio de Educación y el de Universidades se han negado a dar el curso por finalizado con continuos lavados de manos y medidas laxas e insuficientes, dejando a millones de estudiantes, especialmente a aquellos de familias trabajadoras, abandonados a nuestra suerte. De esta manera, las instrucciones que se han dado desde los altos despachos ministeriales a la hora de plantear los exámenes, para profesores y estudiantes, han seguido la misma línea: dejar el terreno abierto a que cada Consejería de Educación y cada universidad actúen como consideren oportuno.
No importa la brecha digital, no importa la situación crítica en la que nos encontramos cientos de miles de jóvenes y nuestras familias. En definitiva, no importa que el mundo se caiga a pedazos, tan sólo importa trasladar la farsa de que el curso escolar sigue inmune a todo. Mantener esa falsa apariencia es lo único en lo que - tanto el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como los Gobiernos de las comunidades autónomas - se están esforzando: según ellos el curso continúa como si nada y finalizará en junio sea como sea. Sin embargo, ante la evidencia de la imposibilidad de realizar los exámenes presenciales la mayoría de universidades han empezado a establecer los criterios para las pruebas de evaluación.
Basta de criminalizar a las y los estudiantes
A pesar de todo, la máxima preocupación de los equipos rectores de las universidades a la hora de fijar estos criterios - por encima de cualquier necesidad académica - ha sido implementar herramientas para asegurar la “transparencia” en las pruebas y evitar cualquier supuesto riesgo de copia, falsificación o suplantación.
No es la primera vez que las y los estudiantes vemos cómo se trata de criminalizarnos. Hace apenas unas semanas, cuando desde el Sindicato de Estudiantes exigimos la finalización del curso en enseñanzas medias, y la promoción de todas y todos los estudiantes, la prensa conservadora y los políticos de la derecha se lanzaron en tromba contra nuestra organización y contra la juventud, tildándonos de vagos, mediocres, y un sin fin de descalificaciones. Y no es casualidad. Al igual que sucede en los momentos de huelgas o movilizaciones, el desprestigio personal, los prejuicios, bulos y patrañas, son la herramienta de la derecha y sus voceros para generar una cortina de humo y ocultar la realidad: que no tienen ningún interés en garantizar el derecho a la educación de las familias trabajadoras que no tengan el dinero para comprarla. Lamentablemente, el Gobierno del PSOE-UP, el conjunto de los Gobiernos de las comunidades autónomas, y los equipos rectores de las universidades se han sumado, punto por punto, a esta estrategia.
Presuponiendo una oleada de trampas y triquiñuelas de cara a los exámenes, la inquietud exclusiva de las universidades ha sido disponer pautas completamente abusivas para las pruebas: aplicaciones que controlan nuestros ordenadores, grabaciones extralimitadas, exigencia de requisitos luminosos, sonoros y espaciales imposibles de cumplir para quienes vivimos en pisos de 50m2 con más familiares, etc.
En este sentido, queremos ser muy claros. Rechazamos frontalmente estas presunciones y acusaciones. ¡Basta ya de dar por sentado que queremos aprovechar una situación como esta para que se nos regalen títulos! Nadie tiene mayor preocupación por aprender que nosotros y nosotras. No queremos que se nos regale nada. Somos los primeros interesados en obtener la mayor cantidad y calidad de conocimientos para desempeñar nuestras profesiones en el futuro. Por eso nos movilizamos en la Marea Verde para defender la educación pública, y por eso exigimos la dimisión de Pablo Casado y Cristina Cifuentes cuando se publicó cómo obtuvieron sus títulos a golpe de talonario.
Hablar de “trampas” en los exámenes para no hablar de los problemas de la educación pública
El método de control propuesto consiste principalmente en la invasión de nuestra intimidad. Desde los programas de reconocimiento facial propuestos por universidades como la CEU de Valencia hasta instalaciones de aplicaciones para monitorizar hasta el último de nuestros movimientos. La lista es infinita y una muestra más del tiempo y los esfuerzos dedicados a esta tarea. Se nos exige descargar estas aplicaciones externas o instalar programas que desconocemos en nuestros ordenadores y móviles, que mientras somos examinados, realizan fotos y vídeos de manera aleatoria y oculta, monitorean el sonido ambiente y tienen la capacidad de echarnos de las pruebas si detectan cualquier “irregularidad”, como puede ser un sonido ajeno a nuestros hogares.
Esto resulta especialmente preocupante en la mayoría de casos, en los que estas plataformas y aplicaciones son propiedad de desarrolladores privados – como Google o Microsoft - que, sin ningún tipo de control, pueden hacerse con datos personales de millones de jóvenes para venderlos a buen precio. No es de extrañar que decenas de empresas tecnológicas estén poniendo a disposición de las universidades y las administraciones autonómicas las licencias de sus productos de manera gratuita. ¡El precio a pagar son nuestros datos personales y nuestra intimidad!
Por unos criterios justos de evaluación
Por si fuera poco, las plataformas y campus virtuales de las Consejerías de Educación y de las universidades han demostrado no estar preparadas para la situación. Las continuas caídas y parálisis de estas herramientas se han vuelto la norma. Un ejemplo es la plataforma evaluativa de la propia UNED, que en el momento de hacer una prueba de tráfico de red, todos los servidores de la universidad colapsaron y quedaron inaccesibles durante 12 horas. ¿Qué pasaría si esto sucede en medio de un examen?
Por eso desde el Sindicato de Estudiantes, exigimos al Ministerio de Educación y el de Universidades que dejen de mirar a otro lado ante este atropello y tomen cartas en el asunto para que ningún estudiante sea expulsado del sistema educativo ni de la universidad garantizando todos nuestros derechos. Todas y todos los estudiantes de enseñanzas medias deben pasar de curso sin necesidad de exámenes, manteniendo la media de las dos primeras evaluaciones en el caso de que sea superior al 5. De la misma manera que en la universidad todos los estudiantes deben obtener el apto y promocionar de curso, facilitando que aquellos que puedan acceder a los exámenes online puedan mejorar su nota haciéndolos, siempre y cuando se realicen con el mayor respecto a nuestra intimidad y privacidad.
Una situación excepcional exige medidas excepcionales, pero no estamos dispuestos a permitir que se nos ponga una pistola en la cabeza y se nos obligue a renunciar a nuestros derechos y nuestra intimidad para poder aprobar el curso. ¡El problema no es que los estudiantes copien en los exámenes sino que decenas de miles estamos siendo expulsados en la práctica del sistema educativo! ¡Basta ya de campañas mediáticas para desviar la atención de este punto! Lo que necesitamos es un plan de rescate de la educación pública con todos los recursos necesarios para revertir las nefastas consecuencias de los recortes y del actual confinamiento. ¡Eso es lo que debería hacer un Gobierno que se dice de izquierdas! ¡Eso es lo que desde el Sindicato de Estudiantes vamos a seguir defendiendo a través de la organización y la lucha!