¡Basta de hacer negocios a costa de la malnutrición de miles de estudiantes de familias trabajadoras!
El gobierno de la derecha de la Comunidad de Madrid, coalición del Partido Popular con Ciudadanos -apoyados por Vox- ha visto en este momento de crisis social y económica una nueva oportunidad para seguir privatizando los servicios públicos y beneficiando a los grandes empresarios a costa de las familias trabajadoras.
Todo por el negocio
Tras decretar el cierre los centros educativos, y las posteriores medidas de confinamiento, cientos de miles de estudiantes hemos dejado de comer en nuestro instituto o colegio. Sin embargo, la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la de facilitar que las empresas de catering subcontratadas firmaran ERTEs enviando a cientos de trabajadores a las filas del paro, al mismo tiempo que firmaba un acuerdo con Telepizza y Rodilla para que se hicieran cargo de estas comidas. Sin cortarse un pelo, Díaz Ayuso ha liquidado los comedores escolares y ha desviado enormes cantidades de dinero público directamente a los bolsillos de sus amigos empresarios de la hostelería, para de paso tratar de paliar los efectos de los cierres de los establecimientos de Telepizza y Rodilla por el decreto del estado de alarma.
A nadie se le escapa que las hamburguesas, patatas fritas y pizzas no son precisamente la base de una alimentación mínimamente nutritiva. Sin embargo, el gobierno del PP justifica esta medida en base a los informes de la Fundación Española de Nutrición (FEN), asesores del gobierno en la materia. Una Fundación en cuyo patronato, es decir, entre sus directivos, se encuentran altos cargos de Nestle, McDonalds, Coca-Cola, Campofrío, Pespsico y… ¡Telepizza! Aunque parezca un chiste de mal gusto, este es el carácter del gobierno de la derecha, que no tiene ningún escrúpulo en hacer negocios a costa de la malnutrición de miles de estudiantes de familias trabajadoras.
Lamentablemente ni el Ministerio de Sanidad, ni el de Educación, ni la Vicepresidencia de Asuntos Sociales del Gobierno del PSOE-UP han tomado cartas en el asunto ni han puesto fin a esta medida criminal. Es inaceptable que un gobierno de la izquierda que se autoproclama progresista y se vanagloria de aplicar “escudos sociales” o ayudar a los estudiantes mire hacia otro lado ante estos ataques de la derecha a las familias más humildes.
Un escenario dramático para decenas de miles de familias
Desgraciadamente, la realidad previa a la pandemia hace que esta situación sea aún más dramática. Según la ONG Educo, más de 300.000 menores de 18 años en el Estado español no pueden permitirse una ración de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, a la vez que el número de jóvenes en riesgo de exclusión social supera los 2.5 millones en todo el país. En la Comunidad de Madrid esto se concreta en que hay 12.000 alumnos de familias con Renta Mínima de Inserción que ahora han visto como este servicio se ha sustituido por comida basura, y cerca de 80.000 más que recibían la reducción de precio del comedor (datos de la Fapa Giner de los Ríos), que ahora han dejado de recibirlo.
La crisis del coronavirus se está cebando especialmente con los más golpeados por los recortes, las privatizaciones y la precariedad. Las ayudas, tanto de la Comunidad de Madrid, como del Ayuntamiento, también en manos del PP, no sólo han sido inexistentes para las familias trabajadoras, sino que han sido para beneficiar aún más a estos grandes empresarios. Después de décadas de recortes y destrucción del tejido público, los servicios de asistencia social del Ayuntamiento están desbordados y ha sido necesaria la organización de vecinos, profesores y familias para poder recoger alimentos de primera necesidad y distribuirlos a hogares en situaciones límite. Es intolerable que mientras multinacionales como Mercadona, Lidl o Carrefour se hacen de oro, haya miles de familias pasando hambre. Esta es precisamente la lógica del capitalismo y nos negamos en rotundo a aceptarla.
Por un servicio de comedor público y de calidad. Fuera la derecha del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
Desde el Sindicato de Estudiantes condenamos rotundamente este nuevo ataque de la derecha del gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid a los jóvenes de barrios obreros. ¡Tienen las manos manchadas del sufrimiento de la clase trabajadora y la juventud! ¡Exigimos la dimisión inmediata de los responsables, empezando por la de la presidenta de la CAM Isabel Díaz Ayuso! Es necesario que los servicios del comedor escolar sean 100% públicos, con la calidad y los recursos necesarios, reincorporando a su puesto de trabajo a todas y todos los trabajadores despedidos.
Así mismo nos parece inaceptable que el Gobierno central del PSOE-Unidas Podemos hable de un Escudo social cuando se regalan 100.000 millones de dinero público a la banca y las grandes empresas al mismo tiempo que sólo se dedican migajas a estas necesidades sociales. Por eso exigimos a este Gobierno un plan de rescate urgente a los servicios públicos de todo el Estado: educación, sanidad, residencias de nuestros mayores, y servicios sociales, que atienda de manera inmediata esta situación de emergencia social.