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Tan sólo unos meses después de la dimisión de Cristina Cifuentes, hemos asistido a un nuevo caso de trato de favor por parte del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Tanto el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, como la ya ex-ministra de Sanidad del nuevo gobierno del PSOE, Carmen Montón, obtuvieron sus títulos de Máster sin cumplir con los requisitos requeridos y sin realizar todos los trabajos que se exige al resto de alumnos y alumnas. Los niveles de falsificación, corrupción y negocios fraudulentos dentro de esta universidad pública han llegado a niveles insostenibles, pero el problema va mucho más allá de esta universidad.

El caso de la URJC: un ejemplo de lo que supone la privatización de la universidad

Año tras año nos hemos encontrado con nuevos y cada vez más graves escándalos en la URJC: los plagios del rector, el despido de personal no docente, los másteres regalados, los tribunales comprados… Todos estos escándalos son producto de los planes de privatización salvajes de la universidad pública llevados a cabo por los gobiernos del Partido Popular, siendo uno de sus mejores ejemplos la URJC y la Comunidad de Madrid, pozos de corrupción sin fondo. Pero hay que recordar que toda esta deriva de privatizaciones comenzó con la aplicación de los planes de Bolonia por parte del gobierno del PSOE. ¡Es una auténtica vergüenza!

Este tipo de Institutos universitarios se han convertido en una forma encubierta de privatización de las universidades públicas, y sobre todo, en auténticos chiringuitos para hacer negocios que carecen de cualquier tipo de control público y democrático, a pesar de seguir financiándose con dinero público. Así lo demuestra el caso del Instituto de Derecho Público de la URJC pero, ¿será éste el único? ¡Lo dudamos! Numerosos profesores y catedráticos “eminentes” han fundado a su antojo este tipo de corporaciones privadas de cara a poder cobrar dinero a espuertas a las y los estudiantes que se matriculaban en sus másteres, aprovechando su prestigio personal para lucrarse a costa de los presupuestos de las universidades. Y todo esto al mismo tiempo que los presupuestos de las Universidades públicas se recortaban año tras año. ¡Qué sinvergüenzas!

Este tipo de actuaciones ponen en evidencia la profundidad del proceso de degradación y elitización de las universidades públicas, poniendo además en cuestión el prestigio de los títulos de miles de estudiantes que hemos hecho grandes esfuerzos, tanto económicos como personales y laborales, para poder obtenerlos, superando, ¡nosotros sí!, todas las pruebas y exámenes que correspondían.

¡Todos y todas a la huelga estudiantil en la URJC!

Mientras unos pocos privilegiados obtenían sus títulos a golpe de talonario y favores políticos, a los demás estudiantes se nos respondía con la subida de tasas, con los recortes en becas y con la privatización más sangrante, la misma que ha expulsado a decenas de miles de jóvenes de las universidades públicas por motivos económicos.

Por ello, desde el Sindicato de Estudiantes exigimos la formación inmediata de una comisión democrática -formada por estudiantes y trabajadores de la universidad- para depurar todas las responsabilidades de esta trama corrupta que ha actuado durante años con impunidad, y la expulsión fulminante de la Universidad de todos aquellos que por activa o por pasiva consintieron esta situación comenzando por el actual Rector Javier Ramos, ¡que evidentemente ha tapado todo! También exigimos la dimisión de aquellos políticos que se han beneficiado de esta trama corrupta, comenzando por Pablo Casado. ¡No se van a reír del esfuerzo de miles de estudiantes honrados!

Pero la realidad es que la única forma de acabar con estas y otras tramas que puedan existir es volviendo a tener una Universidad 100% pública, democrática y de calidad. El nuevo Gobierno del PSOE debe dejar de echar balones fuera y asumir su responsabilidad, comenzando por revertir todas las privatizaciones que han llevado a esta situación, y siguiendo por reducir drásticamente las tasas e incrementar la financiación de la universidades públicas de cara a que las y los jóvenes de familias humildes y trabajadoras podamos acceder a los estudios universitarios.

La mejor forma de defender nuestra Universidad pública y nuestros derechos es a través de la movilización y la lucha más contundente posible. Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a la huelga general estudiantil en la URJC el próximo 27 de Septiembre en la que estudiantes y trabajadores, con la solidaridad de jóvenes y profesores de otras universidades, dejemos claro que no vamos a permitir que un puñado de mafiosos convierta la universidad pública en un coto privado para ricos y privilegiados. Como demostró el caso Cifuentes, ¡con la lucha y la organización podemos vencer!

¡Dimisión inmediata del Rector Javier Ramos!

¡Basta ya de hacer negocios con la universidad!

¡Todas y todos a la huelga!